La entidad sigue en jaque. La posible destitución de todo o parte del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), según expertos consultados por EXPRESO, no resuelve los problemas de fondo de la institución, en especial, su vicio partidista.
En las seccionales de febrero, de los siete consejeros electos en las urnas, tres (dos hombres y una mujer) pertenecieron a la Liga Azul, nombre que el correísmo le puso a la lista de candidatos que apoyaban en los comicios. Mientras que parte del resto tenía antecedentes de afinidad con el socialcristianismo.
Desde entonces, la mayoría entre los de la Liga Azul y Johanna Verdezoto tuvieron actuaciones polémicas. Entre ellas el presunto plagio de la fiscal Diana Salazar y, recientemente, la conformación de una veeduría ciudadana que evalúe lo hecho por el consejo transitorio.
Esta última acción hizo que la Corte Constitucional inicie la fase de seguimiento de cumplimiento en su dictamen de 2019, que blinda los actos administrativos realizados por el transitorio. Tras la audiencia de seguimiento, realizada el 25 de septiembre, los jueces constitucionales no se han pronunciado.
Sin embargo, la expectativa de una posible destitución de todo o parte del pleno del Consejo de Participación, según señala María Fernanda Rivadeneira, exvicepresidenta del CPCCS, no subsana los problemas de la entidad, misma que, según dice, es “muy susceptible a ser captada por partidos políticos”.
Rivadeneira recuerda que ese ha sido un vicio del organismo desde su creación y que también se repitió cuando ella estuvo en funciones: “Los consejeros pueden alinearse con un partido por la presión de ser enjuiciados políticamente (…). Por eso Sofía Almeida fue presidenta”, dice.
Pese a que ve que los patrones se repiten en el actual Consejo de Participación, Rivadeneira sostiene que la eliminación de la entidad no es la vía, sino reformarla: “No está bien que el Consejo pueda ser destituido con 70 votos en la Asamblea, siendo quienes designan a las autoridades de control”.
Por su parte, la consejera en funciones Mishelle Calvache se muestra optimista ante el incierto desenlace del Consejo de Participación. Según dice a este Diario, la posible renovación de perfiles sí podría “sanear” la correlación de fuerzas y la agenda política en la institución.
“Aunque podrían entrar uno o los dos suplentes de la Liga Azul, entiendo que los otros (suplentes) que entrarían sí tienen una línea más independiente, más neutral”, sigue Calvache, quien recuerda que eso dependerá de si la Constitucional se decanta por la destitución y a quiénes estaría direccionada.
Sin embargo, a criterio de Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, ni las reformas planteadas por Rivadeneira ni el optimismo de Calvache tendrán un efecto significativo en una institución que, según dice, debe desaparecer del Estado.
“El problema es de mayor envergadura. A estas alturas, la pregunta es si el Consejo debe existir o no”, dice y, aunque cree que hay perfiles rescatables, la entidad estatiza a la sociedad civil y merma su rol fiscalizador.
Según continúa, la destitución de la mayoría del pleno del Consejo puede ser un buen inicio, pero que, de seguir existiendo la institución, su vicio partidista permanecerá vigente y a merced de los intereses.
Fuente: Expreso
