La Corte Constitucional entró en deliberación, antes de resolver si se contravino su dictamen interpretativo de mayo del 2019, que impide al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) revisar las actuaciones del extinto Consejo de Participación transitorio.
La mañana de este 29 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que informa que los magistrados se encuentran «deliberando y tomarán las decisiones que corresponden, conforme a derecho, con absoluta independencia e imparcialidad, asegurando el debido proceso».
El anuncio se da cuatro días después de haberse producido la audiencia pública para escuchar los elementos de cargo y descargo de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, tres funcionarios, de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar y de un juez, Leiver Quimis.
Articulado a ello, el organismo aclaró que al haber culminado el plazo de 72 horas otorgado por su pleno para legitimar y complementar la información entregada por los comparecientes en la audiencia del lunes, 25 de septiembre, continúan con la fase procesal para el respectivo análisis.
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A inicios de septiembre, los jueces de la Corte Constitucional iniciaron la fase de seguimiento de verificación de cumplimiento de su dictamen interpretativo del 7 de mayo del 2019, en el que se determinó que los vocales de los plenos del CPCCS definitivos no gozan de autotutela para revisar las actuaciones del Consejo de transición, que presidió Julio César Trujillo (+), respecto de la evaluación y designación de autoridades de control.
Esta fase de seguimiento se dio a propósito de que la actual administración del Consejo de Participación Ciudadana, presidida por Alembert Vera, en conjunto con tres vocales Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos, aprobaron un informe de investigación en contra de la fiscal Diana Salazar, que hace mención a los documentos y puntuaciones que fueron parte del concurso en el que ella fue electa en el cargo por el extinto transitorio.
Además, desde el 1 de septiembre pasado, el CPCCS inició la formación de una veeduría ciudadana con el objeto de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese y designación de los actuales jueces de la misma Corte Constitucional, solicitada por una persona identificada como Betty Moreira Marcillo.
El excoordinador jurídico, Julio Varas, designado por la expresidenta del Consejo, Gina Aguilar, sugirió a Moreira no integrar esa veeduría; pero la mujer presentó una acción de protección en la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí) que recayó en el juez Leiver Quimis, quien aceptó en su totalidad su recurso a finales de agosto.
Con ello, dispuso al Consejo conformar la veeduría de inmediato, con recursos públicos y apoyo técnico.
El 30 de agosto Alembert Vera convocó a los profesionales a formar parte de ella.
En ese entonces declaró públicamente: «Hemos sido notificados con esa sentencia. Es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Se va a dar paso de forma inmediata para la conformación, e invitamos a toda la ciudadanía, a los profesionales que en su momento tuvieron que callar por miedo o por presión, para que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el trujillato», en referencia a Julio César Trujillo.
Vera justificó que al ser una sentencia constitucional debía cumplirla porque se exponía a una posible destitución del cargo y un proceso penal.
No obstante, con el inicio del control constitucional, Vera ha dicho a la Corte que no puede ser destituido del cargo porque fue electo por voto popular.
Así también, el miércoles 27 de septiembre, el Consejo resolvió suspender los plazos para la formación de la veeduría, que tiene 19 personas admitidas, quienes estaban listas para pasar a la fase de inducción que justamente iniciaba el martes, 26 de septiembre.
La fiscal, Diana Salazar, exhortó a los jueces constitucionales a hacer respetar la Constitución y sus dictámenes y destituir a Vera, Verdezoto, Saltos y Verduga, porque a su criterio contravinieron el dictamen.
«En sus manos está hacer respetar la supremacía de la Constitución y la ley a través de la destitución y sanción de quienes, con sus actuaciones, las han pisoteado. (…) Lejos de abonar al fortalecimiento institucional, Alembert Vera y los otros consejeros han votado y aprobado las resoluciones, han propiciado que el CPCCS sea utilizado para concretar los abusos alejándose de su misión institucional y socavando los intereses ajenos al bienestar común. Como esta Corte ha actuado en anteriores ocasiones, tiene el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen», manifestó Salazar en la diligencia.
De su lado, Vera insistió en que se ha respetado de forma «irrestricta el dictamen» y que no se ha realizado ninguna acción. «La postura institucional ha sido que no se dé paso a la veeduría», expresó el consejero e insistió en que la autotutela para revisar los actos administrativos del transitorio rige para el Consejo, pero no para la ciudadanía. (I)
Fuente: El Universo
