Los asesinatos ocurren a toda hora del día, y la violencia criminal no solo arrasa con integrantes de bandas delictivas que liberan una especie de guerra por territorio para delitos como el microtráfico y la extorsión, también sega la vida de gente inocente: el conserje de un colegio, niños y adultos mayores fueron parte de la lista de 220 crímenes perpetrados en el cantón Durán hasta este martes 26 de septiembre.
Dos día antes, el domingo 24, se cumplieron dos meses de un estado de excepción que en principio rigió para este cantón guayasense y para las provincias de Manabí y Los Ríos, luego del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el domingo 23 de julio.
Al igual que los regímenes de este tipo dispuestos anteriormente por grave conmoción interna, la medida incluyó la movilización de las Fuerzas Armadas a estas jurisdicciones para colaborar con la Policía Nacional en operativos de control en las calles y restricciones de movilidad de 22:00 a 05:00.
Sin embargo, días después el Decreto Ejecutivo 824, que contenía estas y otras medidas, fue derogado y entró en vigencia uno nuevo el 10 de Agosto, luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido un día antes en Quito.
Así, con el Decreto 841 el estado de excepción se amplió a todo el país, por sesenta días, y se eliminó la restricción de movilidad o toque de queda.
De ahí que Durán lleva ya más de dos meses con un estado de excepción que no ha logrado frenar la ola de violencia desatada, según versiones policiales, a raíz de que en junio pasado asesinaran a un presunto familiar de alias Ben10, el líder de la banda Chone Killer.
Desde entonces se desencadenó una disputa entre este grupo y los Latin King. Balaceras en sectores como Los Helechos, El Recreo, Divino Niño, Abel Gilbert, centro de Durán, Panorama, El Arbolito y cooperativas de la periferia como la 5 de Junio han provocado decenas de muertos, donde también hay incidencia del delito de extorsión conocido como cobro de ‘vacunas’.
La violencia criminal ha alcanzado a funcionarios como el concejal Bolívar Vera, hallado muerto el viernes 8 de septiembre en Salitre. Es el segundo servidor duraneño asesinado, ya que antes, el 3 de agosto, antisociales mataron a Miguel Santos, director del Área de Planeamiento y Territorio.
Después de ambos crímenes la atención presencial en las instalaciones del Municipio duraneño se suspendió temporalmente, los trabajadores se acogieron al teletrabajo. Incluso los mercados municipales modificaron horarios por la inseguridad.
El propio alcalde Luis Chonillo fue blanco de un atentado del que salió ileso el 15 de mayo, pero que dejó dos muertos y cuatro heridos. En ese entonces no regía en el cantón ferroviario el estado de excepción. Sin embargo, luego de ese hecho el personero se ausentó físicamente por un tiempo con el propósito de ponerse a buen recaudo y luego reapareció.
El auge delictivo ha modificado la rutina de los ciudadanos en Durán. La noche de este lunes 25 el Gobierno dispuso que en 34 planteles fiscales se implemente la modalidad a distancia y dejó a potestad de establecimientos fiscomisionales y particulares la posibilidad de acogerse a esa medida.
La presencialidad, según la cartera de Educación, se retomará una vez que la Policía Nacional manifieste expresamente que existen las garantías para restablecerlas, de manera que se salvaguarde la seguridad de los estudiantes y personal docente.
Blanca Nájera, psicóloga clínica con un diplomado en Criminología, señaló que esta situación de inseguridad afecta al proceso de aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes ya que la principal preocupación pasa a ser mantenerse a buen recaudo, con vida, y el resto se ubica en un segundo plano.
Sobre por qué la violencia se ha concentrado tanto en la ciudad ferroviaria, ella dijo que hay que considerar algunas variables, como la falta de acceso a derechos básicos, servicios, oportunidades.
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“A riesgo de hipótesis podría llegar a decir que también hay un olvido de parte del Estado con respecto a estas situaciones, no viene de gratis. Hemos visto los atentados contra el alcalde, contra los funcionarios municipales, lo que ha pasado también en el centro de salud cuando hicieron un atentado con bomba. ¿Qué intervención tenemos de parte del Estado para atender y regular esta situación?”, mencionó la profesional.
A Nájera le parece preocupante que en este escenario, las bandas delictivas reclutan a menores de edad y así se va ampliando la población vinculada con la violencia criminal.
“Y allí me parece importante preguntar por qué un adolescente o un niño podría tomar esta cuenta, y hay muchas opciones: una puede ser por amenaza, otra puede ser por un lugar de identificación, porque también la banda o los grupos delincuenciales dan un lugar de pertenencia. Y pensemos en los riesgos de un niño, niña, adolescente donde sus padres salen a trabajar, donde no hay otras instancias que el Estado brinde como, tal vez, cursos, instancias educativas externas. Más bien lo que se ve es que son poblaciones que viven con miedo y con riesgos”, comentó ella.
Alberto Molina, coronel en servicio pasivo, coincide con Nájera en que la falta de atención del Estado en cuanto a servicios e infraestructura es una de las aristas a considerar en el actual contexto de Durán al igual que la migración que concentra esta localidad.
“Hay lugares donde es difícil el acceso, además, estas bandas tienen ya cámaras de alerta. Tienen todo un sistema con niños, jóvenes a los que tienen como informantes, de manera que la situación es sumamente crítica”, sostuvo y añadió que es necesaria una reestructuración de los espacios del cantón.
Los operativos a cargo de militares conjuntamente con policías han sido constantes durante el actual estado de excepción. En sectores como el cerro Las Cabras se han dado aprehensiones de personas, decomiso de drogas, armas, municiones y explosivos.
Durante este mes se han ejecutado patrullajes con los nuevos vehículos tácticos Cobra II y drones. Estos carros tienen la capacidad de transportar 11 soldados armados y equipados, para el cumplimiento de misiones, especiales contraterroristas.
El 24 de agosto anterior, al cumplirse un mes del régimen de excepción en el cantón ferroviario, el ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que las muertes violentas pasaron de 70 a 16 en en ese lapso. No obstante, en la actualidad esa tendencia no se ha mantenido, pues los reportes de homicidios se dan a diario. (I)
Fuente: El Universo
