Los brasileños que trabajan como autónomos están en la mira del gobierno. Lula dice que “se creen empresarios, pero no lo son”.
Las plataformas digitales de transporte y de reparto y, sobre todo, los brasileños que trabajan para ellas como autónomos, están en el punto de mira del gobierno Lula desde hace cinco meses. “Estas personas que trabajan con aplicaciones deben ser reguladas, deben tener un horario de trabajo, deben tener un descanso semanal pagado, deben tener derechos, porque se han inventado ser empresarios, pero no lo son”, repite el presidente brasileño desde la campaña electoral.
Pero el nuevo proyecto de ley que el Ministerio de Trabajo envió al Congreso se limita a gravar a las plataformas tanto como a los trabajadores. La idea es que las empresas paguen el 20% de la seguridad social y los chóferes el 7,5% restante. Los conductores de reparto, por su parte, tendrán que pagar su parte de impuestos sobre la mitad de sus ingresos netos, es decir, el 7,5% del valor de la hora trabajada.
“Es absurdo -explica a Infobae João, un repartidor de San Pablo-, es gracias a estas aplicaciones que yo, que no tuve acceso a una educación de calidad, trabajando todos los días, logro tener un salario de casi mil dólares con el que sueñan los que están en mi condición social. Ahora me cobrarán impuestos y volveré a ser como antes. Con la excusa de los derechos laborales se me niega de hecho el ascenso social”.
Es importante recordar que, especialmente durante la pandemia, las aplicaciones permitieron que muchas familias brasileñas no perdieran ingresos. Según una investigación del centro de análisis Locomotiva, en 2021 el 20% de la población adulta, es decir 32,4 millones de personas, trabajaban para aplicaciones debido al desempleo o como complemento a sus ingresos. El proyecto de ley del gobierno también prevé un valor fijo de 30 reales por hora para los que trabajan con un coche y 17 reales para los que usan moto o bicicleta. Las negociaciones han continuado en los últimos días. Las empresas quieren que se defina que su naturaleza jurídica es la de intermediación de servicios y no la de transporte. También quieren que se establezca que no existe relación laboral entre los profesionales y las plataformas.
Las plataformas digitales de transporte y de reparto y, sobre todo, los brasileños que trabajan para ellas como autónomos, están en el punto de mira del gobierno Lula desde hace cinco meses (REUTERS/Anushree Fadnavis/Archivo)La semana pasada, la Justicia del Trabajo dictaminó que Uber tendrá que pagar las cotizaciones a la seguridad social a todos sus conductores y a los que vengan a trabajar en la plataforma a partir de ahora. La sentencia se dictó en el marco de una acción civil pública presentada por el Ministerio Público de San Pablo en 2021. La plataforma digital también fue condenada a pagar 1.000 millones de reales, unos 200 millones de dólares, por daños morales colectivos. El pasado mes de febrero, las declaraciones del ministro de Trabajo Luiz Marinho habían desatado la polémica. En una entrevista concedida al semanario Valor Econômico había declarado que si Uber decidía abandonar Brasil pediría al Correo que la sustituyera sin tener en cuenta que el trabajo, unido a la falta de ascenso social, sigue siendo uno de los puntos más vulnerables del sistema brasileño. En el primer trimestre de 2023, la tasa de desempleo alcanzó el 8,8%, según datos del IBGE, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, un aumento respecto a los últimos tres meses de 2022, cuando la tasa había llegado al 7,9%. En el segundo trimestre, la tasa cayó un 0,8%, pero el número de personas empleadas sin un contrato de trabajo formal alcanzó los 13,1 millones, un aumento del 2,4% (303.000 personas más) en comparación con el trimestre anterior.
Precisamente el tema del trabajo fue central en la reunión de Lula con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington, en la 78ª Asamblea General de la ONU. Juntos lanzaron una coalición en defensa de los derechos de los trabajadores para promover el “trabajo digno”.
“Las dos mayores democracias del hemisferio occidental están defendiendo los derechos humanos en todo el mundo y en el hemisferio, incluidos los derechos de los trabajadores”, dijo Biden a Lula. “La iniciativa pretende involucrar a socios del sector privado en enfoques innovadores para crear empleos decentes en cadenas de producción clave, combatir la discriminación en el lugar de trabajo y promover la diversidad”, dijo el gobierno brasileño en un comunicado. Lula también hizo hincapié en la importancia de los sindicatos, de los que surgió políticamente al principio de su carrera en los años 70 en São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo. “No hay democracia sin un sindicato fuerte. Porque el sindicato es en realidad quien habla en nombre de los trabajadores para intentar defender sus derechos”, dijo Lula. Mientras los dos presidentes se daban la mano ante las cámaras de todo el mundo, en Estados Unidos 12.700 trabajadores del sindicato United Auto Workers protestaban por sexto día consecutivo contra las empresas Ford, General Motors y Stellantis, para exigir mejores salarios y condiciones.
Sin embargo, es importante recordar que el mercado laboral de Brasil no es tan rico en oportunidades como el de EEUU, cuya tasa de desempleo era del 3,8% en agosto, y que el funcionamiento de los sindicatos también es muy diferente. En Estados Unidos hay 130 sindicatos, en Brasil 16.393 e incluso existe un “sindicato para trabajadores sindicalizados”. Además, los sindicatos del país sudamericano no están obligados a hacer públicas sus cuentas ante ninguna autoridad estatal o gubernamental. Por otra parte, el nivel de sindicación en América es, en general, muy bajo pero, sobre todo en ciudades como Nueva York, Boston o Chicago, hay algunos sectores de actividad con un alto índice de sindicación, como la construcción y las instalaciones para ferias comerciales.
En Estados Unidos no existen contratos sindicales nacionales. Además los contratos de trabajo son “a voluntad”, es decir, es posible despedir con o sin causa y se estipulan ad personam. Sólo cuando hay sindicatos en la empresa, se negocia el contrato que regula la relación laboral con los trabajadores. En Brasil, la sindicalización, según parte de la prensa nacional, ha alcanzado un nivel de baja credibilidad. Para el sitio de noticias O Antagonista “Brasil tiene un sindicalismo falso. Los sindicatos están acabados cuando se han convertido en un mero trampolín para hacer carrera política. Para los sindicalistas no es importante representar o no a su categoría, sino poder entrar en el mundo político. Hay una desconexión entre los intereses de los trabajadores y los de los sindicalistas. El número de sindicalistas profesionales que ocupan puestos en el gobierno, en las presidencias de los partidos y en todos los ámbitos de la política es aterrador. No llegan ahí porque hayan conseguido grandes logros para sus organizaciones, sino porque se han acercado al mundo político”.
Este escenario explica noticias como la reciente de Sorocaba, en el estado de San Pablo, donde Seaac, el sindicato local de agentes comerciales, impone ahora un pago de 150 reales a los trabajadores autónomos que se nieguen a pagar la llamada contribución de asistencia al sindicato, equivalente al 12% de su salario. Para muchos trabajadores, que son autónomos y por tanto ya carecen por definición de diversas protecciones, “esta decisión es absurda y aleja aún más a los empleados de quienes se supone que defienden sus derechos”.
Por si fuera poco, pocos días después llegó otra noticia que desató un avispero de polémica en todo Brasil. Un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) aprobó, por 10 a 1, la ‘contribución’ obligatoria de los trabajadores que había sido eliminada en 2017 con la Reforma Laboral aprobada por el entonces gobierno de Michel Temer. Las cuotas sindicales se han desplomado un 98% en cinco años. El importe ha pasado de 3.000 millones de reales en 2017 a 58,1 millones en 2022, de ahí la decisión del gobierno Lula de reintroducir la obligación. La Corte definió, sin embargo, que los cargos deben ser definidos en asamblea y con derecho a objeción, es decir, admite la posibilidad de que el trabajador se niegue a pagar la contribución sindical. Pero el paso de la teoría a la práctica, según la prensa brasileña, se convierte a menudo en un laberinto infernal. “Si uno se niega a pagar el sindicato crea todo tipo de dificultades”, escribe O Antagonista, “la negativa debe ser escrita a mano, presentada en persona, el plazo es ajustado, luego cuando uno llega hay una cola enorme. Todo se hace para que el trabajador desista”.
Fuente: Infobae
