Apenas llegó al Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera labró una espinosa relación con la fiscal Diana Salazar

Llevaba cinco días ocupando el cargo y se abrió un frente de confrontación con la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar.

Alembert Vera Rivera llegó a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) un lunes 15 de mayo de 2023, y cuatro días más tarde anunciaba que la Fiscalía había abierto una indagación previa en contra de él y de sus otros seis colegas.

Con ello, empezó un recorrido espinoso entre él y Diana Salazar al que se sumaron otros tres consejeros con los que conformaba el bloque de mayoría.

¿Qué lo motivó? Un pedido ‘ciudadano’ para revisar los documentos con los que Diana Salazar fue electa fiscal en el concurso público que llevó a cabo el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T), que presidió Julio César Trujillo (+), cuyas actuaciones están protegidas por un dictamen interpretativo que emitió la Corte Constitucional en el 2019 para que no sean revisadas por sus sucesores.

El enfrentamiento se hizo público el 19 de mayo, cuando Alembert Vera se quejó del inicio de esta investigación previa por atender el pedido del colectivo Acción Jurídica Popular, de que les entreguen información del expediente de Salazar con el que llegó al cargo.

De su lado, la Fiscalía advertía que había un intento por “alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación”, como parte “de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones y que tienen como afán generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración”.

Quien dio la alerta fue Fernando Villavicencio, el exlegislador y candidato presidencial asesinado a tiros el 9 de agosto último. En su cuenta de X escribió un 18 de mayo: “Se pretendería vulnerar el sistema informático para borrar o alterar información del archivo del concurso de selección de fiscal general del Estado para perjudicar a Diana Salazar”.

Según Vera, por atender la solicitud del colectivo eran investigados por supuesta destrucción de datos, y tildó a quien escribió la denuncia en X que solo a una “mente ratonil se le podría ocurrir que existe la posibilidad o que se pretende borrar del sistema informático el concurso. Solo hay un farsante, una persona de baja calaña que diga que esto se podría perpetuar”.

No quiso identificar a esas “mentes ratoniles y farsantes”, pero pidió a la Fiscalía que se lo investigue.

El trámite de Acción Jurídica Popular arrancó al siguiente día del que fueron posesionados los siete vocales del CPCCS en la Asamblea Nacional.

El 15 de mayo, esta agrupación pidió oficialmente que le remitan el examen escrito que rindió Salazar, el examen oral, las calificaciones de sus méritos y el puntaje que se le dio por un artículo indexado, pues consideraban que la fiscal había plagiado textos.

Entre los firmantes de la solicitud están el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, procesado por un delito sexual, y su esposa, Priscilla Schettini; el juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Richard González; y otros activistas, como Angélica Porras.

Luego, el 22 de mayo, esta agrupación solicitó al pleno del Consejo de Participación Ciudadana que los convocaran a una audiencia pública para presentar una queja sobre los documentos que entregó la fiscal en el concurso y para que ella pudiera ejercer el principio de “contradicción”.

Cuestionaron el artículo indexado sobre el que habría obtenido 2,2 puntos, porque a sus ojos era una copia, no era una publicación académica, tampoco era de su autoría, y aun así esos documentos le sirvieron para ser titular de la Fiscalía.

En una sesión del 31 de mayo, en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana se puso en debate el pedido de Acción Jurídica para que se instalara la audiencia pública y se aprobó con los votos de Alembert Vera, Augusto Verduga, Johanna Verdezoto, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz.

Se convocó a Salazar a la mencionada audiencia el 1 de junio de 2023 y se ofreció habilitar la plataforma de Zoom para que la ciudadanía se conectara y pudiera pronunciarse sobre el proceso contra la fiscal.

Diana Salazar no asistió y envió un oficio en el que explicaba sus argumentos legales.

En total, hubo tres audiencias públicas, de las que dos fueron en contra de la fiscal y una en contra del rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui.

La primera se extendió por dos días —el 1 y 2 de junio— y las pidió Acción Jurídica Popular; la que se hizo a Sempértegui fue solicitada por un hombre llamado Yuri Chinga Arias, quien le pedía comparecer para que explique cómo estaba trabajando la comisión de auditoría académica que conformó la Universidad Central para analizar la tesis de la fiscal.

El rector de la academia no asistió ese 23 de junio, pero el momento fue aprovechado por los interpelantes del colectivo para ahondar en el presunto plagio del que acusaban a Salazar.

De forma paralela, la fiscal informó a la Corte Constitucional (CC) estos hechos y pidió que active la fase de seguimiento a su dictamen, ya que un “determinado grupo de ciudadanos con claros intereses particulares, las máximas autoridades y servidores del Consejo de la Judicatura; y, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bajo supuestas competencias constitucionales y legales, han activado instancias administrativas disciplinarias y de control social, que tienen como objetivo principal revisar lo actuado por el CPCCST”.

La Corte no se pronunció sobre el pedido, y el 29 de junio, en una sesión reservada virtual, los cuatro vocales (Vera, Verduga, Saltos y Verdezoto) aprobaron el informe de investigación en contra de Salazar, en el que la acusan de presunto tráfico de influencias y presuntas faltas de integridad en la elaboración y publicación de obras académicas, pues habría perjudicado a nueve autores a los que cita en su tesis y no puso comillas.

En las conclusiones se la acusa de presuntas faltas éticas académicas y actos de fraude, deshonestidad académica por su tesis presentada para obtener el título de tercer nivel en la Universidad Central; por presunto tráfico de influencias en la publicación de un artículo indexado; y de un presunto incumplimiento a los derechos de participación ciudadana para lo que se recomendó iniciarle una investigación específica por no asistir a las audiencias públicas.

El informe se envió a la misma Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, a la Corte Constitucional y dependencias de instituciones universitarias.

Sobre este expediente, la consejera Nicole Bonifaz se abstuvo; en tanto que Mishelle Calvache y Andrés Fantoni votaron en contra.

Con el expediente aprobado por el bloque de mayoría, el asunto no volvió a tratarse en el interior del Consejo de Participación Ciudadana.

Hasta que, a mediados de septiembre, la CC inició la fase de seguimiento del cumplimiento de su sentencia al conocer que se creaba una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas que tuvo el CPCCS de Transición en la elección de los actuales jueces constitucionales.

El lunes 25 de septiembre se realizó una audiencia pública en la que los nueve jueces escucharon a los siete vocales del CPCCS exponer sus elementos de descargo ante la posible determinación de un incumplimiento del dictamen interpretativo que otorgó un blindaje constitucional a las actuaciones del Consejo Transitorio.

En ese espacio, Diana Salazar pidió a los nueve jueces que destituyan a Alembert Vera, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos, quienes con sus votos aprobaron el expediente de investigación.

“A pretexto de promover la participación ciudadana no se puede afectar la seguridad jurídica. La trasgresión al dictamen procede desde la aceptación a trámite de la denuncia presentada por el colectivo, cuyo objeto fue revisar las pruebas de la documentación entregada por la fiscal al CPCCS Transitorio”, resumió Salazar.

Hizo un llamado a los jueces para que analicen que los actos de “Alembert Vera, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto fueron ejecutados bajo el mal uso de la participación ciudadana y sí comparten un evidente incumplimiento a su dictamen. Como esta Corte ha actuado en situaciones similares, tiene el deber de destituir a quienes incumplieron el dictamen constitucional”, les pidió.

En su defensa, el presidente Vera expuso que no se ha seguido ningún proceso contra la fiscal y que la única sesión del CPCCCS fue una del 29 de junio, cuando se aprobó el informe de investigación en el que se indagó un aparente plagio de textos para su tesis universitaria y del artículo indexado.

El consejero, exabogado del exmandatario Rafael Correa, recalcó que el proceso investigativo no tiene nada que ver con su designación y cuestionó que al no indagar este hecho se pretendería buscar impunidad sobre presuntos actos de corrupción. (I)

Fuente: El Universo