Con una advertencia a los jueces de la Corte Constitucional, la fiscal general del Estado, Diana Salazar abrió el telón de la audiencia pública convocada este lunes, para analizar el cumplimiento de un dictamen interpretativo del 2019 que blindó las resoluciones del extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Transición. Salazar pidió la destitución de cuatro de los actuales siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, porque se habría contravenido ese dictamen.
«(…) El fin es deslegitimar las actuaciones y sentencias obtenidas por esta autoridad (la Fiscalía) y como no lo logran, ahora van por ustedes, señores jueces», les alertó Diana Salazar, quien compareció ante el pleno de la CC este lunes, 25 de septiembre, en el marco del seguimiento al cumplimiento de un dictamen interpretativo del 2019, que blindó las actuaciones y elección de autoridades que realizó el CPCCS de Transición y determinó que los plenos del CPCCS futuros o definitivos «no gozan de autotutela» para revisar esas decisiones.
El seguimiento se hace porque al interior del CPCCS se aprobó un informe de investigación en contra de Salazar en el que se la acusa de plagio de textos de su tesis universitaria y de un artículo académico; y, porque se está conformando una veeduría ciudadana con el objeto de que diagnostique y evalúe las decisiones administrativas del Transitorio sobre la designación de los jueces de la CC.
La diligencia se extendió por cuatro horas, presidida por los nueve jueces constitucionales, quienes escucharon los elementos de cargo y descargo de los siete vocales del CPCCS, acompañados de sus abogados) y de otros funcionarios; además de un juez, Leiver Quimis.
En una primera etapa, se concentraron en las actuaciones de un bloque de mayoría, de cuatro de siete vocales del CPCCS, relacionadas con la aprobación del informe de investigación en contra de la fiscal; y en la segunda parte, sobre la creación de la veeduría ciudadana.
Salazar fue la primera en intervenir y pidió la destitución de Alembert Vera, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto y Augusto Verduga, quienes aprobaron este expediente de investigación, que a su criterio, iría en contra del dictamen.
A «pretexto de promover la participación ciudadana» se inició este proceso «violentando la seguridad jurídica», pues el objetivo fue «revisar» los documentos entregados en el concurso público que hizo el CPCCS de Transición, indicó la fiscal.
«En sus manos está hacer respetar la supremacía de la Constitución y la ley a través de la destitución y sanción de quienes, con sus actuaciones las han pisoteado. (…) Lejos de abonar al fortalecimiento institucional, Alembert Vera y los otros cuatro consejeros han votado y aprobado las resoluciones, han propiciado que el CPCCS sea utilizado para concretar los abusos alejándose de su misión institucional y socavando los intereses ajenos al bienestar común. Como esta Corte ha actuado en anteriores ocasiones, tiene el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen», enfatizó Salazar.
En su defensa, el presidente del CPCCS, Alembert Vera dijo que lo que había eran «malos relatos» propiciados por la prensa, a la que acusó de linchamiento mediático.
«No ha existido ni existe conducta con acciones u omisiones, no se ha violentado o incumplido con el dictamen y ni siquiera hay un acto administrativo, por el cual, se haya revisado las actuaciones del Transitorio», señaló el presidente del CPCCS.
Aseguró que el informe contra la fiscal no se refiere a la tesis universitaria, sino que se trató de un presunto plagio de textos de un artículo científico del que surgió un aparente tráfico de influencias.
Vera dejó que hable su abogado Lyonel Calderón, quien concentró su alegato en recordar a la Corte Constitucional que la Convención Americana de Derechos Humanos no le permite destituir funcionarios electos por voto popular, a menos que exista una sentencia condenatoria en un proceso penal.
Los exhortó no aplicar una decisión relacionada con la destitución y al contrario, les pidió que corrijan esa posibilidad, que les otorga el artículo 86 numeral 4 de la Constitución, cuando se incumple una sentencia.
Los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, tuvieron una defensa conjunta con los abogados Oscar Zúñiga y Andrés Valencia, quienes pidieron la destitución de sus colegas, de determinarse incumplimiento del dictamen.
Zúñiga apuntó que se pretendía deslegitimar las acciones del Transitorio, pese a que el dictamen tiene el carácter de cosa juzgada jurisdiccional y que sus defendidos no incurrieron ni por acción ni por omisión en no acatarlo.
De su lado, la vicepresidenta Nicole Bonifaz, manifestó que la «escucha ciudadana no debe ser manipulada», al tiempo que su abogado Santiago Terán aseguró que su defendida no incurrió en ninguna vulneración al dictamen.
La jueza Carmen Corral le preguntó a Bonifaz por qué se abstuvo de votar por el informe de investigación en contra de Salazar y ella le respondió que dicho expediente carecía de elementos técnicos, que no estaba bien fundamentado y que no existía denuncia de las personas afectadas por el presunto plagio que habría hecho la fiscal.
A la consejera Johanna Verdezoto, la defendió el jurista Stalin Raza, quien informó que no existe ningún incumplimiento del dictamen porque el informe contra la fiscal tenía varios puntos y que se trataba sobre su artículo académico y no tiene nada que ver con los documentos presentados en el concurso público en el que fue electa la fiscal.
Añadió que en la creación de la veeduría ciudadana, Verdezoto se pronunció públicamente aclarando que no tenía participación en ella y que cumpliría el dictamen de la CC.
El consejero Augusto Verduga aclaró que no era representante legal, ni judicial del CPCCS y que no existió ningún acto administrativo en el que se haya modificado o extinguido la elección de la fiscal Salazar.
Apeló a los jueces ha tomar una decisión amparada en derecho y en la que no haya «más blindajes» a la participación ciudadana.
De igual forma, el abogado defensor de Yadira Saltos, Gregorio Quintana, insistió en que no ha existido incumplimiento del dictamen.
El subcoordinador de Control Social, Gary Núñez, que está a cargo de crear la veeduría ciudadana informó a los jueces que el proceso «no se ha detenido», que se encuentra en una fase «previa», en la que habría 19 personas admitidas a las que aún les falta la capacitación.
Según él, «no existe veeduría conformada» y hasta les ofreció a los jueces que si desean, puede enviarles una consulta jurídica para «modular» el objeto de la veeduría.
Un hecho que le produjo «perplejidad» al presidente de la Corte, Alí Lozada, fue la posición del Consejo de Participación Ciudadana frente a la acción de protección que tramitó el juez Leiver Quimis, quien aceptó una acción de protección dictada por una mujer llamada Betty Moreira y les ordenó crear una veeduría ciudadana. El magistrado asistió a esta comparecencia.
Cuando a Quimis le preguntaron si el CPCCS presentó de forma oral y escrita la apelación de su fallo, él no tenía certezas. Respondía: «me parece».
Primero dijo que el CPCCS habría hecho un escrito de «adhesión» a la apelación de la Procuraduría General del Estado; luego, que «otro auto hice con la apelación»; «me parece que fue una adhesión, fue un recurso de apelación, me parece que fue en el escrito y la atendí», hasta que dijo que la Procuraduría presentó su escrito de apelación y el Consejo de Participación Ciudadana lo presentó fuera del término y lo acogió porque el expediente aún no se remitía al tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
A esto se sumó, que el coordinador jurídico del CPCCS, Ismael Merizalde, señaló ante los jueces que el dictamen de la Corte menciona al Consejo, pero no a la participación ciudadana a través de las veedurías.
Además, reconoció que se habían adherido al escrito de apelación presentado por la Procuraduría.
Lozada le preguntó a Vera cuál era su posición institucional y como presidente del Consejo de Participación, frente a la acción de protección.
Alembert Vera quiso leer un libro que había escrito con su padre sobre el constitucionalismo, pero el magistrado le interrumpió y le pidió precisiones.
«Bajo ninguna consideración, mi posición personal puede incidir en una decisión institucional. Jamás nuestra postura personal, puede estar por una posición colectiva. Nuestra posición fue de respetar de forma irrestricta el dictamen. La decisión fue que no se dé paso a la veeduría», expresó Vera, quien el 30 de agosto pasado, convocó a la ciudadanía a inscribirse en ella.
Pidió a los jueces que resuelvan el «dilema jurídico» de si acatar el dictamen de la CC o la acción de protección dictada por el juez de Montecristi (Manabí), Leiver Quimis.
Luego de esta diligencia, los jueces de la CC entrarán a deliberar a lo interno si se configura un
incumplimiento de su dictamen del 7 de mayo de 2019; y podría tomar acciones de reparación integral o la destitución de funcionarios, si así lo considera.
La ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no establece términos o plazos fijos para emitir su fallo. (I)
Fuente: El Universo
