La Fiscalía General del Estado avanza con la toma de versiones y diligencias tras la denuncia por presunto delito de prevaricato que se planteó en contra del juez de Montecristi (Manabí) Leiver Quimis Sornoza, quien ordenó la conformación de una veeduría ciudadana para que evalúe la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC).
Leiver Quimis expidió el 29 de agosto de 2023 una sentencia en la que aceptó una acción de protección impulsada por una persona identificada como Betty Moreira Marcillo para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) integre una veeduría ciudadana para “diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS transitorio, sobre la base de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular de 2018″.
El delegado provincial de Manabí de la Procuraduría General del Estado, Marconi Cedeño, lo denunció por presunto prevaricato, debido a que está vigente un dictamen interpretativo de mayo del 2019 que protegió las actuaciones del Consejo de Transición, que presidió Julio César Trujillo (+).
Por su resolución y desde el 13 de septiembre, la Fiscalía General inició la investigación previa en contra de Quimis, y entre las diligencias se ha convocado a rendir versión a los siete miembros del Consejo: Mishelle Calvache, Nicole Bonifaz, Andrés Fantoni, Alembert Vera, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, según se informó.
Vera incluso suspendió la sesión n.º 19, que estaba convocada para instalarse el 20 de septiembre a las 10:00, argumentando que por esta investigación debía asistir a diligencias que imposibilitan llevarla a cabo.
La Fiscalía solicitó también información a la Corte Constitucional: que le remita el dictamen interpretativo 2-19-IC/19, del 7 de mayo del 2019.
El delito por el cual se investiga al magistrado es por presunto prevaricato, aunque no se desestima también un posible incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.
No obstante, el momento en el que se decida el tipo de delito sobre el que avanzará el proceso será durante la audiencia de formulación de cargos, con base en los elementos recabados por el órgano fiscal.
El “prevaricato de los jueces o árbitros” está recogido en los “delitos contra la tutela judicial efectiva”, que en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) lo señala cuando “los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados, procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
En el caso de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”, el Código Orgánico Integral Penal lo sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a la persona que “incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales”.
El proceso penal se abre de forma paralela a que la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento al cumplimiento de su dictamen interpretativo, en el cual dispuso que los plenos del Consejo de Participación Ciudadana definitivos “no gozan de autotutela” para revisar las actuaciones del extinto CPCCS de Transición, como la elección de autoridades de control del Estado que se hicieron entre el 2018 y 2019.
Sin embargo, el actual Consejo, presidido por Alembert Vera, inició el procedimiento de conformación de la veeduría alegando cumplir la disposición judicial de Quimis.
Aproximadamente 19 personas habían sido admitidas para ser parte de la veeduría, quienes pasarán a la etapa de capacitación y elaboración del plan de trabajo para iniciar sus actividades.
La Corte, en su auto de seguimiento, expone que el objetivo es verificar si las conductas de los sujetos individualizados por acción u omisión, de forma directa o indirecta o por aquiescencia podrían estar encaminadas a contravenirlo.
Entre esos sujetos está Quimis, quien fue convocado a una audiencia pública el próximo lunes, 25 de septiembre, a las 10:00, para exponer sus elementos de descargo ante los jueces constitucionales; lo mismo deberán hacer los siete vocales del Consejo de Participación y otros dos servidores del organismo que participaron en este proceso. (I)
Fuente: El Universo
