La Corte Constitucional (CC) negó los pedidos de varios actores para ser escuchados en la audiencia pública de seguimiento al Dictamen 2-19-IC/19, que blindó las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t). En cambio, el organismo aceptó la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Fueron rechazadas las solicitudes de Gutemberh Vera (padre de Alembert Vera, presidente del actual CPCCS y abogado del expresidente Rafael Correa), el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), Gerardo Vinicio Tapia y el colectivo Ecuador Resiste. No obstante, la Corte dispuso que pueden presentar sus alegatos por escrito.
Asimismo, en el auto emitido la noche del 22 de septiembre, la CC negó la solicitud de Alembert Vera y del consejero Augusto Verduga para que la audiencia se realice de manera presencial.
De ese modo, la diligencia se desarrollará según lo previsto, de manera telemática, a las 10:00 del lunes 25 de septiembre. El acto será transmitido en directo por el canal de YouTube y por la radio en línea de la Corte.
La Corte inició la fase de seguimiento al dictamen de 2019 luego que el juez de Montecristi Leiver Patricio Quimís concedió una acción de protección y dispuso al CPCCS definitivo que conforme una veeduría ciudadana para vigilar y evaluar las actuaciones del Consejo de Participación transitorio; con el mandato judicial, Alembert Vera anunció la convocatoria a inscripciones para formar parte de la veeduría.
Además, la CC revisará lo hecho por el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en torno a un pedido del colectivo Acción Jurídica Popular para examinar la designación de la fiscal Diana Salazar, a quien acusan de un presunto plagio en su tesis de pregrado.
A la audiencia del lunes fueron convocados Alembert Vera, presidente del CPCCS definitivo, y a los consejeros Nicole Bonifaz, Mishell Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos. También fueron citados el coordinador general de asesoría jurídica del Consejo, el subcoordinador nacional de control social del Consejo y el coordinador general administrativo-financiero. Y el juez Leiver Quimís, de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi.
El rechazo de la Corte para que comparezcan varias personas provocó la reacción de una de las integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular. Se trata de Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por el delito de abuso sexual.
A través de redes sociales, Schettini publicó un video en el que arremetió contra los jueces del máximo organismo constitucional. “Los jueces de la Corte se basan en nuestra denuncia de plagio a la fiscal general para querer destituir al Consejo de Participación Ciudadana. Nos niegan intervenir en la audiencia, pero a Diana Salazar le autorizan para que intervenga”, reprochó.
Adicionalmente, mencionó que los jueces constitucionales se negaron a varios pedidos para revisar los estados de excepción relacionados con la crisis carcelaria, evaluar lo sucedido con las protestas de octubre de 2019, entre otros temas.
“Pretenden destituir a consejeros de manera ilegal, inconstitucional”, insistió Priscila Schettini, quien se identifica como defensora de derechos humanos. (I)
