Bloque de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana ‘tambalea’ por posturas de dos consejeras

Un bloque de mayoría que se conformó en los inicios del actual pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se resquebraja frente a un proceso de evaluación que inició la Corte Constitucional (CC) a sus siete vocales, para determinar el cumplimiento de un dictamen interpretativo emitido en mayo del 2019.

El 15 de mayo de 2023, los siete vocales electos en los comicios del 5 de febrero iniciaron sus funciones con la designación de sus principales dignidades: Alembert Vera en la presidencia y Nicole Bonifaz en la vicepresidencia, con los votos de ellos, de Augusto Verduga, Johanna Verdezoto, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni. Ese día, la vocal Yadira Saltos no asistió.

Durante la campaña electoral se expusieron sus afinidades, apoyos e independencia de grupos políticos. Alembert Vera, Augusto Verduga y Yadira Saltos fueron promovidos en las redes sociales por el movimiento del político Rafael Correa, Revolución Ciudadana (RC), que los incluyó en una polla denominada “Los candidatos de la liga azul”.

Mishelle Calvache y Johanna Verdezoto se autoidentificaron independientes, en tanto que Nicole Bonifaz y Andrés Falconí fueron promocionados por el socialcristianismo, también en pollas electorales.

Esa armonía del primer día en sus cargos duró poco. En la mayoría quedaron Vera, Verduga, Bonifaz, Verdezoto y Saltos; mientras que Calvache y Fantoni se han mantenido en una minoría crítica a sus colegas.

Luego, tras 128 días en funciones, tomó distancia la vicepresidenta Nicole Bonifaz, luego que la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento al cumplimiento de su dictamen interpretativo, que blindó para la posteridad las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, derivadas de la consulta popular del 2018.

Ese dictamen aclaró que el plebiscito otorgó a ese órgano atribuciones extraordinarias para la elección de autoridades del Estado y que los plenos del CPCCS definitivos, como el actual, no gozan de autotutela para revisar esas actuaciones.

Sin embargo, al conocer que en el interior del Consejo se integró una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar la designación de los mismos jueces de la CC, esta última activó una fase de verificación del cumplimiento de su dictamen.

Alembert Vera informó a la Corte que está acatando el fallo de un juez de primer nivel de Montecristi (Manabí), Leiver Quimis, que aceptó una acción de protección y ordenó crear esa veeduría.

Pero entre sus siete vocales la acción de la Corte genera incertidumbre, pues podrían enfrentarse a una posible destitución de llegar a determinarse que se incumplió su dictamen.

La Corte ha recibido varios escritos de los consejeros en los que exponen sus argumentos de descargo.

Uno de ellos es el de la vicepresidenta Nicole Bonifaz, quien deslindó responsabilidades y aclaró que el representante legal del Consejo es Alembert Vera, en su calidad de presidente, y que ella desconoció cualquier acción.

Pero su postura tuvo un efecto. El 13 de septiembre, desde Portoviejo (Manabí) una persona identificada como Ider Intriago Laz le dio 48 horas a Bonifaz para que le entregue información certificada de las mociones que ha presentado; asistencias a las sesiones del pleno; qué mecanismos de participación, control social, transparencia y lucha contra la corrupción impulsó; qué propuestas de reforma al reglamento de veedurías ciudadanas hizo, y que explique por qué no asistió a una sesión para aprobar las reformas.

El solicitante se ampara en la Ley del Consejo de Participación sobre el “fuero y responsabilidad” de los vocales del organismo sobre sus actuaciones, y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre la revocatoria del mandato.

Este Diario solicitó una entrevista con Bonifaz, pero no se dio acceso.

De su lado, la vocal Johanna Verdezoto, quien es parte de la mayoría de Vera, informó a la CC que no ha hecho ninguna acción para respaldar esa veeduría y que pondrá en discusión una moción para archivarla durante la sesión n.º 19 del CPCCS, convocada para este miércoles, 20 de septiembre.

En las últimas horas, Verdezoto ingresó esta propuesta de moción como elemento de descargo en la CC, en la que asegura que no fue parte de ninguna decisión para conformar esta veeduría y solicitará que se archive.

Su propuesta se da pese a que días atrás, en conjunto con Augusto Verduga, ingresaron un oficio a la Corte en el que señalaron que el informe de una veeduría no es vinculante y no es aplicable a ninguna autoridad; y, en el caso de que las recomendaciones o conclusiones sean acogidas por el pleno del CPCCS, lo que pueden hacer es “instar o exhortar” y remitirlas a los órganos de control para su conocimiento.

Bonifaz y Verdezoto se defienden también del informe de investigación en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el que se recogen indicios penales, por impulso del colectivo Acción Jurídica Popular, que la acusó de plagiar su tesis universitaria.

En un primer momento, en junio pasado, Bonifaz respaldó con su voto que se lleve a cabo la audiencia pública solicitada por este colectivo, en la que se interpeló a Diana Salazar en el pleno del Consejo por presunto plagio.

Pero se abstuvo de votar por el informe de investigación.

Verdezoto apoyó la audiencia pública y la investigación, pero aseguró a la CC que no revisó la elección de la titular de la Fiscalía y que no utilizó ni extrajo documentos o información de la carpeta de Diana Salazar. “Aquí mi única actuación fue dar mi voto de aprobación de este informe”, dijo la vocal, pues en el expediente se aclara que no tienen la autotutela.

La vocal Yadira Saltos también envió su escrito de descargo de tres páginas. Ahí aclara que ella no participó en la designación de Vera como presidente, el 15 de mayo, pues tuvo un quebranto en su salud.

Y que no “ha participado directa o indirectamente en ninguna decisión individual o como cuerpo colegiado para conformar la veeduría”, y que esta “no ha sido conocida, tratada, y el pleno del Consejo no se ha pronunciado”.

Verduga no envió otro escrito después del que envió con Verdezoto.

Fantoni y Calvache esgrimieron que no han tomado ninguna posición frente a la veeduría, y recordaron a la Corte que hay un escrito del coordinador jurídico, Ismael Merizalde, en el que se pidió al juez Leiver Quimis que no se menoscaben los derechos de la solicitante de la veeduría, Betty Moreira.

Para los dos consejeros, ese escrito “implica un allanamiento implícito de la institución a la pretensión de la acción de protección, emitiéndose un criterio de cumplimiento de requisitos de la veeduría solicitada y concluyendo que, por ser una veeduría, no existe limitación al dictamen”.

Con un escrito, Alembert Vera respondió a los dichos de Bonifaz, Fantoni y Calvache, a los que calificó de “inoficiosos e impertinentes, y contienen hechos falsos”.

Este 19 de septiembre, el consejero convocó a la prensa y apareció sin los demás consejeros, aunque rodeado de varios funcionarios afines que lo aplaudían.

Enfatizó que no se “incumplido nada” y que solicitará medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de darse una posible destitución dispuesta por la Corte, pues es dignatario de elección popular.

Increpó que este proceso tiene detrás una acción política y no jurídica para ”apoderarse” del Consejo. (I)

Fuente: El Universo