El mandatario guatemalteco criticó que “organismos internacionales” realizaron una intervención “innecesaria”, durante las elecciones de su país que se desarrollaron el 25 de junio y el 20 de agosto pasado.
La postura de Giammattei se deriva de las críticas que Guatemala ha recibido por la judicialización del proceso electoral y las alertas sobre un posible “golpe de Estado”, para evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, tome posesión el próximo 14 de enero.
Giammattei aseguró que “a diferencia de otros países de la región, donde los gobernantes buscan reelegirse en contra de su constitución política” en Guatemala “se cumple la alternabilidad del poder”.
El discurso de Giammattei tuvo lugar un día después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidiera a la Fiscalía guatemalteca detener la persecución penal contra Arévalo de León.
Además, durante la asamblea de la ONU, el presidente brasieño Lula Da Silva alertó que en Guatemala existe un peligro latente de golpe de Estado.
Por su parte, Arévalo de León, quien ganó las elecciones del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos, presentó un recurso ante el Supremo contra las acciones de la Fiscalía, encabezada por la fiscal general Consuelo Porras, asegurando que existe un “rompimiento al orden constitucional” y pidió su renuncia.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la Presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
Fuente: Infobae
