El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció la tarde de este domingo, 17 de septiembre, la suspensión del concurso para designar al contralor general del Estado.
La decisión fue hecha pública, mediante un comunicado, tres días después de que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Bucay (Guayas) Jorge Medinaadmitió a trámite un recurso de acción de protección interpuesto por Jeniffer Díaz en contra del concurso público que lleva a cabo una comisión ciudadana de selección del titular de la Contraloría General y aceptó la medida cautelar para suspender el avance del proceso hasta resolver la acción constitucional.
“Hemos sido notificados por parte de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado sobre la recepción de una disposición judicial en la que, de forma arbitraria e ilegal, ordenan suspender el concurso”, señala el comunicado público del CPCCS.
Jenniffer Díaz acusa al Consejo de Participación de no vigilar las actuaciones de la comisión ciudadana de selección que lleva a cabo el proceso. El 14 de septiembre pasado, el juez multicompetente Jorge Medina admitió a trámite un recurso de acción de protección.
Este hecho se da luego que la comisión ciudadana aprobó el informe de calificación de méritos de 103 postulantes que compiten por ese cargo y se alistaba para tomar el examen escrito, previsto para el 19 de septiembre en un colegio de Quito, que es la penúltima fase como parte de esta elección de autoridades del Estador.
El CPCCS califica de ilegal y contraria expresamente al ordenamiento jurídico la decisión adoptada por el juez de Bucay, pues de momento se estaría en fase de cumplimiento de una acción de protección resuelta por un juez del cantón Rumiñahui, el cual habría ordenado “expresamente” avanzar con el concurso y no detenerlo. “No se pueden presentar acciones de protección o medidas cautelares sobre decisiones y jueces constitucionales”, se señala desde Participación Ciudadana.
El rechazo además se fundamenta en que la acción de protección presentada ante el juez de Bucay va dirigida exclusivamente contra el presidente del CPCCS, Alembert Vera, y, por ende, no se podía modificar y ampliar órdenes a la Comisión Ciudadana, cuando el proceso ya había sido iniciado contra una persona distinta.
La audiencia pública para resolver sobre el recurso constitucional fue fijada para el 26 de septiembre próximo a las 11:00 de manera virtual.
Desde el Consejo de Participación Ciudadana se advirtió que, en defensa de la institucionalidad y el respeto de la democracia, “se iniciarán las acciones legales pertinentes en contra de todos quienes están coludidos para entorpecer el concurso de designación del contralor general del Estado”. (I)
