A poco de que se le haya ordenado la prisión preventiva de Carlos A. dentro del proceso penal en el que se investiga el asesinato al estilo sicariato del candidato a la Presidencia de la República, Fernando Villavicencio, el sospechoso presenta un recurso de apelación para revertir esa medida cautelar. La jueza del caso dio paso al recurso que deberá ser tramitado por jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Carlos A., ecuatoriano que estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos, quien al momento de su detención en esta causa estaba internado por otro caso en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de El Inca, en el norte de Quito, es parte del grupo de siete personas que fueron vinculadas el 8 de septiembre pasado a la instrucción fiscal abierta el 10 de agosto, un día después de que se produjo el ataque criminal contra Villavicencio, a las afueras de un coliseo en el que terminaba un mitin político.
Según la Fiscalía, la orden para ejecutar el asesinato del presidenciable y periodista de 59 años habría salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de uno de los ahora procesados, quien al momento del crimen guardaba prisión en el CPL de Cotopaxi, en Latacunga. El directamente involucrado con las comunicaciones con el colombiano hoy fallecido Jhojan David Castillo López sería Carlos A.
Información recabada en más de 20 celulares periciados hasta el momento, entre ellos, el Iphone de propiedad de Castillo, han servido para armar las relaciones de los autores materiales del delito con otros involucrados. Castillo es visto como el sicario que disparó directamente contra Villavicencio, causándole la muerte inmediata. El “gatillero” de origen colombiano fue detenido cerca del coliseo donde se produjo el ataque, fue golpeado por miembros de la seguridad del candidato y falleció poco después en la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito.
Al momento, además de la orden de prisión preventiva por el delito de asesinato, Carlos A. se mantiene cumpliendo una pena de 54 meses por un concurso real de infracciones en delitos como tráfico de armas de fuego, tráfico de drogas y receptación. La condena fue impuesta bajo un procedimiento abreviado el 12 de abril de 2022.
Entrevistas, seguimientos y vigilancias, interceptaciones telefónicas, pericias de secuencia de imágenes, análisis de telefonía, barrido de cámaras, entre otras, fundamentaron la formulación de cargos realizada contra Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Laura C., Alexandra Ch., José M. y Óscar F. A todos se les ordenó prisión preventiva al igual que los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., quienes abrieron la instrucción fiscal por el asesinato al ser los primeros detenidos.
La jueza del caso ingresó al expediente un oficio suscrito por Juan Carlos Cala, cónsul de Colombia en Guayaquil, señalando que previo de atender conforme corresponda, se le requiera a la institución solicitante, presente la documentación que permita determinar la calidad con la que comparece al proceso. Independientemente de aquello, la jueza explicó que por ley todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos en este Código Orgánico Integral Penal vigente.
En la continuación de la investigación se autorizó a que la Fiscalía realice las pruebas necesarias para obtener muestras de fluidos corporales (sangre) de los siete nuevos procesados. El objetivo de la acción sería el obtener muestras necesarias para realizar la experticia de ADN de los indicios recogidos durante lo que va de la investigación y así determinar la posible autoría en el hecho que se investiga.
Además, la Fiscalía ha solicitado se dé paso a una audiencia privada para abrir, exhibir, examinar, analizar y materializar la información constante en cinco teléfonos celulares que ingresaron en cadena de custodia luego de los allanamientos realizados en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, entre el 7 y 8 de septiembre pasados. Unos celulares estarían encendidos, otros tendrían la pantalla trizada, y algunos no tendrían tarjeta de memoria SIM.
Al momento transcurren los 30 días que ordenó extender la jueza del caso luego de la vinculación. En total son trece las persdonas que son investigadas por su relación directa e indirecta con el crimen del presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. (I)
Fuente: El Universo
