La senadora Olga Sánchez Cordero recordó la vez en que varios policías filtraron imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla Vargas, en 2020.
El pleno del Senado mexicano aprobó reformar el Código Penal Federal para sancionar hasta con 18 años de prisión a quien “difunda, entregue o publique” imágenes, videos o cualquier tipo de información de víctimas de feminicidios o casos relacionados con la violencia de género.
“Por unanimidad, con 86 votos a favor, se aprueba reformar el Código Penal Federal, a fin de establecer sanciones a quienes compartan imágenes, audios, o cualquier tipo de información que esté en una carpeta de investigación”, informó el Senado en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 12 de septiembre de 2023. https://t.co/FXchJkY9Pz
— Senado de México (@senadomexicano) September 12, 2023
“Este producto legislativo busca sancionar a quien difunda entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal, que por disposición legal sea reservada o confidencial”, comentó la senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, al presentar el dictamen.
Cordero destacó que se buscará un incremento en las penas cuando “las víctimas u ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres”.
El feminicidio del que fue víctima Ingrid fue particularmente doloroso ya que, además de su violento asesinato, sus restos fueron expuestos de la manera más cruenta y vil. Las víctimas merecen respeto a su dignidad, nosotros vamos a defenderla. #LeyIngrid https://t.co/FXMXko0YCF
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) September 13, 2023
“La propuesta plantea garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico, de las víctimas u ofendidos”, añadió.
“Respeto para las víctimas”
Las sanciones establecen penas de prisión de seis a 10 años y una multa de hasta 6.000 dólares, si el responsable de una filtración o de una difusión es un funcionario.
Mientras que si la información tiene que ver con el asesinato a una mujer o menor de edad o si se trata de imágenes de una persona fallecida, la pena puede aumentar hasta un máximo 15 años de prisión para funcionarios públicos y de 18 años para particulares. También se aplicarán multas de unos 9.000 dólares. El proyecto debe ser discutido por la Cámara de Diputados.
La senadora recordó el caso de Ingrid Escamilla Vargas, cuyo homicidio provocó una ola de conmoción e indignación social no solo por la brutalidad del crimen, sino porque los policías que atendieron la escena filtraron las fotografías del cuerpo desmembrado, que fueron publicadas por los medios de comunicación.
“El feminicidio del que fue víctima Ingrid fue particularmente doloroso ya que, además de su violento asesinato, sus restos fueron expuestos de la manera más cruenta y vil. Las víctimas merecen respeto a su dignidad, nosotros vamos a defenderla”, aseveró Cordero.
Fuente: RT
