El pleno de la Corte Constitucional (CC) se mantiene en deliberación respecto de la decisión que tomará frente a la conformación de una veeduría ciudadana que evalúe las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t), pese a la existencia de un dictamen interpretativo del 2019 que emitieron sus jueces en ese año.
Este miércoles 13 de septiembre, los jueces constitucionales fueron convocados a una sesión ordinaria en la que se preveía deliberar sobre el cumplimiento de su dictamen interpretativo de mayo del 2019, que blindó las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana de transición, que presidió Julio César Trujillo.
No obstante, habría criterios divididos entre sus nueve miembros, entre disponer sanciones administrativas o la destitución de funcionarios, en el caso de determinarse un posible incumplimiento de su mandato.
La Constitución, en su artículo 86, numeral 4, sobre las garantías jurisdiccionales, detalla que si una sentencia o resolución no se cumple por parte de servidores públicos, un juez puede ordenar su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil.
En tanto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el numeral 4 del artículo 164 señala que en caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte, esta «puede de oficio o a petición de parte ejecutar directamente las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de su sentencia».
En un último comunicado, del 12 de septiembre, la Corte informó que se encuentra procesando la información recibida por la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana actual y el juez de la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí) Leiver Quimís y que «abordará el hecho en estricto apego a la rigurosidad, independencia y agilidad con los que actúa el más alto tribunal constitucional del Ecuador».
Su comunicado se da debido a que se inició la fase de seguimiento al cumplimiento de su dictamen interpretativo de mayo del 2019, en el que blindó las actuaciones del CPCCS de transición y dispuso que los Consejos de Participación Ciudadana definitivos «no gozan de autotutela» para revisar sus resoluciones enmarcadas en la consulta popular del 2018.
Ello, frente a la decisión del Consejo de convocar a una veeduría ciudadana para «diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS transitorio, sobre la base de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta del 2008».
Como parte del trámite, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, ingresó un escrito este 13 de septiembre, en el que ofreció a los magistrados «categóricamente» que en el caso de que la veeduría llegue a conformarse y concluya con un informe de recomendaciones y conclusiones que incluyan la revisión de las resoluciones emitidas por el transitorio, se emitirá un informe que incluirá de «forma categórica la imposibilidad jurídica de acoger, en el supuesto no consentido de que se incluya, este tipo de recomendación y conclusión».
El funcionario aprovechó también para acusar, ante los jueces, a sus colegas del pleno Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni de remitir oficios «inoficiosos e impertinentes que contienen hechos falsos».
Ello fue porque los tres consejeros informaron a la CC que Alembert Vera es el representante legal del CPCCS, que no puso en conocimiento del pleno sobre el pedido para la conformación de esta veeduría y que se estaría incurriendo en incumplimiento de su sentencia del 2019.
«(…) Están orquestando el show mediático, ahora intentan embaucar a la Corte Constitucional afirmando que existe un supuesto incumplimiento del dictamen», expuso Vera en su escrito.
Este caso se originó luego que la mujer llamada Betty Moreira Marcillo solicitó integrar esta veeduría dos días antes de que inicien funciones los actuales siete vocales del CPCCS, que preside Vera.
El 17 de mayo, el excoordinador jurídico del Consejo Julio Varas, designado por la expresidenta Gina Aguilar, emitió un informe en el que sugirió no integrar esta veeduría por la existencia del dictamen constitucional.
En respuesta, la mujer impulsó una acción de protección en Montecristi y el juez Leiver Quimís, de esa Unidad Judicial, la admitió y ordenó al CPCCS que integre de inmediato la veeduría, le dé acompañamiento logístico, técnico y presupuesto, y previno de aplicar sanciones a cualquier autoridad que impida su funcionamiento.
La Procuraduría General del Estado apeló a ese fallo y se integró un tribunal en la Corte Provincial de Justicia de Manabí que resolverá sobre el recurso en una audiencia convocada para el 29 de septiembre a las 12:00.
El 30 de agosto, Vera destacó la decisión judicial e invitó a postularse. La etapa de inscripciones concluyó el 11 de septiembre y 40 personas se registraron para participar.
En tanto la Corte Constitucional delibera su decisión, el concurso para elegir al titular de la Contraloría General del Estado está por concluir.
La comisión ciudadana de selección de esta autoridad aprobó (el 12 de septiembre) el informe de calificación de méritos de 103 concursantes, entre los que hay dos personas con los más altos puntajes: Alejandra Vivanco Carrión, que es la única con un puntaje de 49,5/50. Fue funcionaria de la Contraloría.
Le sigue Juan Falconí Puig, exsuperintendente de Bancos y exdiplomático en el gobierno de Rafael Correa, quien tiene 47/50.
El próximo 19 de septiembre los 103 postulantes rendirán el examen escrito sobre 50 puntos, que se sumarán a la calificación de méritos.
Luego se abrirá un periodo para la recalificación de méritos y, finalmente, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana designará a la nueva autoridad, aquel que obtenga el más alto puntaje. (I)
