Durante dos semanas de reuniones y visitas a comunidades rurales de Ecuador, Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, recogió las preocupaciones y demandas de sectores sociales, escuchó a autoridades del Gobierno, conversó con líderes indígenas, miembros de la academia y representantes de oenegés.
Al término de su estadía, el 8 de septiembre, dejó tres recomendaciones previas sobre políticas que se podrían implementar en el país, para financiar la lucha contra la pobreza: que el ingreso público provenga de más impuestos directos de renta, canjear más deuda por conservación de la naturaleza y debatir la focalización gradual de los subsidios a los combustibles.
En una entrevista con EL UNIVERSO, el relator de la ONU reflexionó sobre sus diálogos con el movimiento indígena acerca de los subsidios a los combustibles. Comentó, además, que los resultados de las consultas populares sobre el Yasuní y el Chocó Andino dejan un mensaje sobre lo que la mayoría de ecuatorianos espera.
¿Cuáles fueron los primeros puntos que resaltaron en cuanto a las demandas de los colectivos sociales, frente a los esfuerzos que están haciendo las autoridades?
Mi conclusión es que a pesar de un progreso o avance significativo logrado por esta administración, de manera particular hablo de la reducción de la desnutrición infantil y también el incremento del salario mínimo y la extensión de la cobertura de asistencia social, sigue habiendo una serie de desafíos que deben abordarse.
¿Debe cambiar el enfoque para afrontar el problema de la pobreza?
Creo que el debate sobre cómo se debe combatir la pobreza, sin apoyarse únicamente en el crecimiento económico, es de manera relevante para Ecuador. Durante muchos años, especialmente durante el boom petrolero, entre 2010 y 2014, cuando los ingresos del país venían de la producción petrolera, sí se pudieron implementar varias políticas sociales por parte del presidente Rafael Correa, logrando avances significativos en la reducción de la pobreza en ese tiempo. Sin embargo, hoy necesitamos una receta distinta. Los impactos del extractivismo ahora son cuestionados por una sección amplia de la sociedad. Me he reunido con varias oenegés; por ejemplo, el Frente Antiminero, y tomaba nota del resultado del referéndum (consultas populares) de agosto respecto al Yasuní y al Chocó Andino. Me parece que esto es un llamado para ser mucho más imaginativos sobre cómo podemos combatir la pobreza sin ahondar en el impacto a los bosques, a las comunidades, a los recursos naturales. Hay maneras de lograrlo. Sugiero de manera particular la provisión de servicios universales, más que incrementar los ingresos y el poder adquisitivo. Eso es una manera de reducir la pobreza, sin necesariamente tener que estimular el crecimiento de riqueza monetaria.
Usted mencionó tres políticas para cerrar las brechas. De esas, hay dos que siempre han generado conflicto en el país: imponer más impuestos y focalizar subsidios. ¿En qué línea deben ir los consensos para que estos temas se concreten?
Mi rol es sentar propuestas que pueden permitir avanzar en el debate nacional, para que los ecuatorianos decidan cuáles son las mejores soluciones. Sin embargo, por un lado, creo que todos los habitantes del país, ricos o pobres, tienen interés en reducir las desigualdades. Incluso personas que tienen una buena posición económica se benefician de la cohesión social, la reducción de las tensiones sociales que vienen debido a la falta de oportunidades de empleo (…) La reforma tributaria es para reducir la desigualdad. La segunda respuesta es que en los movimientos sociales de 2019 y 2022 se opusieron al retiro del subsidio de los combustibles. Hoy comprenden que hay que satisfacer las necesidades de las comunidades rurales, en educación, salud, agua, saneamiento, irrigación para los campesinos y que estas necesidades tienen que ser tratadas como prioridades, más que una reducción de precios de los combustibles. Creo que sí podemos recuperar la confianza entre los movimientos sociales y el Gobierno, para que todo el dinero ahorrado en la reducción gradual de subsidios pueda ser colocado en un fideicomiso, que pueda ser utilizado en la provisión de servicios básicos a las poblaciones rurales (…). He hablado con líderes de Conaie, de la Confeniae, he pasado varios días hablando con grupos indígenas. Estoy convencido de que si hay buena voluntad en ambos lados se puede reestablecer el diálogo entre la siguiente administración y los movimientos sociales. Sin embargo, la manera en que estos subsidios fueron amenazados para ser retirados en 2019 y 2022 fue equivocada, fue de arriba hacia abajo, sin diálogo, sin medidas de compensación.
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De cara al nuevo gobierno, ¿las tres políticas recomendadas deben ser prioritarias?
Sí, creo que estos pueden ser considerados por Luisa González y Daniel Noboa. Es un poco difícil para mi saber, por ejemplo, cuánto o qué tan comprometida está Luisa González en respetar el referéndum sobre el Chocó Andino o el Yasuní. Pero sí, las recomendaciones que presenté son temas que pueden abordar estos candidatos. Presenté tres propuestas, pero hay más recomendaciones y declaraciones al final de mi misión que van más allá de esas ideas. Particularmente, fortalecer los derechos a la tierra y el territorio, para los pueblos indígenas. Mejorar la focalización de la asistencia social, particularmente el bono de desarrollo humano. Asegurar que se haga mucho más para proteger a los trabajadores, incluidos los trabajadores informales.
Suponiendo que se comience a trabajar en estas recomendaciones, los resultados no van a ser inmediatos. En ese tiempo, mientras sigue la violencia e inseguridad, afectando a la gente, ¿cómo debe convivir la sociedad?
Existe una gran brecha entre la temporalidad política y la temporalidad necesaria para un cambio social y la aplicación e políticas. Esta es la razón por la que los planes de varios años son necesarios, pero hay muchos planes y estrategias de este tipo en el país; sin embargo, existe aún una brecha entre los planes y la implementación y también hay un problema presupuestario. Entonces, no solo necesitamos planes, necesitamos también involucrar en el diseño de estos, en el monitoreo de la ejecución necesitamos involucrar a la sociedad civil. Si la próxima administración involucra a la sociedad civil en la implementación y actualización de los planes será mucho más difícil para el siguiente gobierno, elegido en 2025, alejarse de ese plan. En otras palabras, y lo digo como experto en derechos humanos, pero también como un demócrata, si involucramos a la personas en la formación, el diseño de planes a largo plazo, estos planes estarán mucho más protegidos del cortoplacismo del cambio de administración. La implementación de derechos humanos está fundamentada en procesos participativos, en los que la sociedad civil se convierte en un veedor, un observador del cumplimiento de esos planes. Deberíamos evitar que la implementación de derechos humanos sea un rehén de cálculos políticos.
¿Habrá una nueva visita de su parte a Ecuador, después que se presente el informe final?
A menudo los relatores especiales logramos regresar a los países para monitorear la implementación de sus recomendaciones. Yo espero regresar al Ecuador. Y espero poder, en conjunto con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con los pueblos y nacionalidades indígenas, espero poder evaluar el progreso que se ha logrado. Ojalá en el 2028, cinco años después, el país esté cambiando rápidamente. (I)
Fuente: El Universo
