En la asamblea de su consejo ampliado, realizada el pasado 6 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió plantearles a los dos candidatos presidenciales finalistas, Luisa González (Revolución Ciudadana) y Daniel Noboa (Alianza ADN), su “agenda de lucha” para que la consideren en sus programas de gobierno.
Este tema es el quinto punto de su resolución, en la que también señalaron que no se pronunciarán a favor de ninguno de ellos.
“La Conaie y su estructura, consecuentes con su propio proyecto poco de izquierda, que se ha construido a través de las luchas de los pueblos y nacionalidades, campesinos, obreros, mujeres y jóvenes desde 1994, de cuyos principales principios y postulados no han sido considerados en los programas de gobierno por los partidos políticos. Los levantamientos de los 90, inicios del 2000, octubre de 2019 y junio de 2022, establecieron las bases para un proyecto de gobierno popular, ante lo cual demandamos al Estado ecuatoriano y a los binomios finalistas de las elecciones anticipadas del 2023 nuestra agenda de lucha”, y la detallan:
1. Ratificamos las demandas planteadas en las movilizaciones de octubre 2019 y los diez puntos de lucha de junio 2022, que llevamos junto a los sectores sociales; nuestra lucha es contra el neoliberalismo, el FMI, el capitalismo extractivista y en defensa de los intereses de las mayorías populares y la madre naturaleza.
2. Demandamos el cumplimiento inmediato de las decisiones democráticas del pueblo ecuatoriano en las consultas populares que dieron la victoria a la preservación del Yasuní y el Chocó Andino, conforme a lo establecido en el dictamen No. 6-22-CP123, emitido por la Corte Constitucional. Establecer políticas estatales que limiten progresivamente el modelo extractivista hacia un modelo productivo basado en el desarrollo integral de la población y el respeto a la naturaleza.
3. Moratoria inmediata y auditoría integral, con la participación de la Corte Constitucional y una veeduría ciudadana especializada, a todas la concesiones mineras otorgadas, mediante la cual se verifique el cumplimiento del marco constitucional, derechos colectivos, derechos de la naturaleza y daños ambientales ocasionados.
4. Establecer una Comisión Plurinacional de la Verdad, Justicia y Reparación, junto a organizaciones de pueblos y nacionalidades, trabajadores, mujeres, jóvenes, diversidades, que investigue las violaciones de los derechos humanos de la población durante los levantamientos indígenas y populares de 2019 y 2022.
5. Rechazo de las privatizaciones de sectores estratégicos y servicios públicos, abandono total del modelo de austeridad, impulsadas por el FMI y el neoliberalismo, reflejado en mayores impuestos para la población, que solo han servido para el pago de la deuda externa.
6. Exigir al Estado la recuperación, repotenciación y financiamiento del sistema de salud pública, garantizar los recursos económicos, personal, profesional y especializado. De la misma manera, la regulación y control en el precio de las medicinas y servicios de salud privados (incluidos los seguros médicos), como también la regulación de los procesos precontractuales y contractuales en la adquisición de medicinas e insumos pare el sistema de salud pública.
7. Recuperación y fortalecimiento del sistema de educación público, comunitario e intercultural en todos los niveles. Determinación de políticas estatales que hagan de la educación un derecho fundamental de la población, no una mercancía. Recuperación de la infraestructura pública de las unidades de educación a nivel nacional.
8. Urgente implementación de políticas públicas para erradicar la desnutrición infantil, para la nación es esencial garantizar y proteger el furo de los niños, niñas y adolescentes.
9. Políticas públicas efectivas para el control de precios de los productos de primera necesidad, medicinas y de insumos del sector productivo, se debe garantizar el acceso a la canasta básica a todas las familias ecuatorianas.
10. Exigimos al Gobierno nacional el cumplimiento del acuerdo firmado el 14 de octubre del 2022 a fin de que la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amantay Wasi pueda continuar su proceso de institucionalización.
11. Exhortar al Estado el establecimiento de políticas y reformas legales que garanticen la propiedad comunitaria y titularización de los territorios ancestrales y la erradicación de políticas que promuevan la acumulación de la tierra productiva en pocas manos. Reforma agraria productiva, comunitaria y plurinacional que ponga límite a la acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos.
12. Incentivos y ayudas fiscales al desarrollo del sector agrícola y ganadero del Ecuador, especialmente para la agricultura familiar campesina que sostiene la soberanía alimentaria del país. Políticas que determinen protecciones especiales a productos agrícolas que puedan ser afectados por el comercio internacional, análisis de medidas arancelarias y fitosanitarias para defender la producción nacional.
13. Exigir al Estado el establecimiento de políticas estatales y reformas legales que limiten el abuso de los bancos privados: a) transparentar el costo y utilidades de la banca privada, b) reducción de la tasa de interés del sistema bancario, c) reestructuración y condonación de deudas para los sectores populares y productivos, y d) definición de tributos especiales a las ganancias extraordinarias de la banca privada.
14. Depuración de las instituciones de seguridad pública y del Estado, establecimiento de políticas estatales para la lucha contra el narcotráfico, las mafias locales e internacionales, las bandas de delincuencia común y lucha contra el terrorismo, dejando de lado la estrategia para deslegitimar la protesta social y a las organizaciones sociales.
15. Rechazo a reforma laboral que pretenda precarizar las condiciones de la clase obrera ecuatoriana y favorecer a los grandes capitales con medidas como reducción de salarios, aumentar horas de trabajo, precarización del trabajo femenino, contratos sin estabilidad laboral, horaria o seguridad social.
16. Fortalecimiento de la Seguridad Social y defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). No a las reformas a la Seguridad Social con medidas como subir la edad de jubilación e incremento de las aportaciones de los afiliados. Prohibición para que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) compre cartera de la banca privada. Que se establezca un plan de pagos de la deuda del Gobierno nacional con el Seguro Social.
17. Auditoría a la deuda pública incluyendo la deuda con multilaterales, con acreedores privados y con potencias extranjeras, exigir que se recuperen dineros y bienes de la corrupción y crimen organizado.
18. Cobro de las deudas tributarias a los grandes grupos económicos, cuya deuda asciende a 2.000 millones de dólares en pago de impuestos según el catastro de grupos económicos del SRI (Grupo Noboa adeuda 88 millones) e implementación de procesos de control ciudadano para garantizar la ejecución de este proceso y la equidad fiscal.
19. Suspensión del trámite de firmas de tratados de libre comercio hasta que se transparenten las negociaciones y puntos de acuerdo, rechazo a todo acuerdo que afecte las economías campesinas, la producción nacional y saberes ancestrales de los pueblos. (I)
Fuente: El Universo
