El excandidato presidencial Christian Zurita Ron rechazó el pedido que hizo el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) para que se agilicen las investigaciones en torno al asesinato de su amigo y político ecuatoriano Fernando Villavicencio Valencia.
«A diferencia de lo que dice el correísmo, esto tiene que tomar su tiempo. Las investigaciones tienen que llevar el tiempo que sea necesario, mientras más rápido sean, más problemas van a generar en el futuro. Lo que ha dicho el movimiento de la Revolución Ciudadana, lo que espera Luisa González (candidata presidencial por RC) es que esto se cierre rápido y es justamente lo que debemos impedir a toda costa. Las investigaciones deben tener su ritmo y tienen que demorar el tiempo que sea necesario. Solo eso puede dar la garantía de que podamos llegar a los autores intelectuales de este crimen, porque en el ámbito material parece que todo está resuelto», afirmó Zurita, este 9 de septiembre, al final de una ceremonia religiosa que se desarrolló en una iglesia en el norte de Quito, al cumplirse un mes de la muerte de Villavicencio.
Fernando Villavicencio Valencia fue candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Construye para las elecciones nacionales anticipadas del 20 de agosto y fue asesinado a tiros el 9 de agosto, al salir de un mitin político que se realizó en un coliseo de un colegio de la capital. Su amigo y periodista Christian Zurita fue su reemplazo en la candidatura.
Como parte de las investigaciones del crimen, la Fiscalía General del Estado amplió en 30 días la fase de instrucción fiscal, al producirse nuevos allanamientos en los que se detuvo a siete personas, en contra de quienes se dictó prisión preventiva al ser vinculadas en el caso por el delito de asesinato.
La reacción de Christian Zurita se da tras conocer que el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el exmandatario Rafael Correa, presentará un oficio en la Fiscalía para exigir respuestas inmediatas sobre el crimen.
El viernes 8 de septiembre, Marcela Aguiñaga, presidenta de la RC, y el asambleísta electo Ferdinan Álvarez pidieron agilidad en las investigaciones, al tiempo que increparon las recientes diligencias judiciales al considerarlas como un posible «cálculo político».
«Con los allanamientos de las últimas horas es casi seguro que la instrucción fiscal va a extenderse 30 días más, pero debe ser seria porque todos demandamos una respuesta… Demandamos a la Fiscalía que esa investigación no sea con cálculo político. Qué ocultan, por qué no le han dicho al país cuál es el avance que ya la Fiscalía debe conocer», manifestó Álvarez, en una declaración pública en Guayaquil.
Por su parte, Aguiñaga aseguró que con Villavicencio únicamente tenían diferencias políticas y pidió que se diga quiénes son los autores materiales e intelectuales.
«Exigimos que se nos diga dónde están los autores tanto materiales como intelectuales de este asesinato atroz. Por supuesto que teníamos diferencias políticas, jamás nosotros hemos fomentado ningún tipo de delito de odio. Nosotros creemos que a los adversarios políticos se los vence en las urnas como corresponde”, recalcó la dirigente política.
En contraposición, Zurita cree que los 30 días más de instrucción fiscal permitirán desmaterializar información y la «nueva prueba que ha sido adjuntada con los últimos allanamientos permitirá empezar a construir nuevas líneas hacia entender cómo se pudo trabajar desde el punto de vista intelectual. Esto no se puede cerrar con rapidez», expresó.
Insistió en reprochar las opiniones de actores políticos en redes sociales, pues pretenderían entorpecer las investigaciones.
«Dentro de este gran complot que pasa por ocultar la verdad y por hacer ruido… El binomio de Luisa González, más otros, directamente ligados a José Serrano, son los que están haciendo bulla para impedir o desorientar las investigaciones y a la opinión pública. Debemos oponernos a toda costa. Pensar que quienes son justamente los criminales, los mafiosos que han acabado con este país, referirse sobre el crimen de Fernando es un contrasentido que no lo vamos a permitir», advirtió Zurita.
Entre la noche del 7 de septiembre y la madrugada del viernes 8, personal de la Fiscalía y de unidades especiales de la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en los centros de privación de libertad de Cotopaxi, de El Inca en Quito y en viviendas ubicadas en el sur de la capital y en Chimborazo, que dejaron siete detenidos.
En horas de la noche del viernes se sustanció la audiencia de formulación de cargos en la que se vinculó a las siete personas a la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio.
Según la Fiscalía, en total, son trece las personas procesadas por el crimen ocurrido el 9 de agosto.
Durante la diligencia se detallaron los elementos de convicción obtenidos, entre ellos, entrevistas, seguimientos, vigilancias, interceptaciones telefónicas, pericias de secuencia de imágenes, análisis de telefonía, barrido de cámaras.
Como parte de las indagaciones se reveló que la «orden para ejecutar el asesinato habría salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de uno de los procesados que guardaba prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el día del crimen», detalló la Fiscalía.
Así también, se informó que un día antes del hecho, los involucrados habían acudido hasta el coliseo del colegio Anderson, donde Villavicencio participó del mitin político antes de ser asesinado, para realizar un «reconocimiento de los alrededores».
Entre los detenidos están Carlos A. L., Erick R. P., Víctor F., Laura C. V., Alexandra Ch. F., José M. C. y Óscar F. F. (I)
