La internacionalización de todas las variables de una sociedad nos lleva a la necesidad de conocer, analizar y adoptar políticas público-privadas que permitan incursionar en una comunidad cada vez más competitiva y demandante, para lo que se requieren mejores capacidades para aprovechar al máximo las ventajas y enfrentar los retos de la economía global; solo así alcanzaremos un desarrollo más equitativo e inclusivo.
Las relaciones internacionales generan vinculaciones que pueden ser complementarias o adversariales, en un mundo en constante cambio, que presenta desafíos para todos los actores. En ello entran también consideraciones geopolíticas que provocan todo tipo de confrontaciones, inclusive enfrentamientos bélicos.
Una de las manifestaciones más claras de esta interdependencia se manifiesta en el comercio internacional, donde compiten adversarios que ganan o pierden espacios de hegemonía, predominio y poder. El campo reservado al sector empresarial ha cambiado significativamente, desde el inicio del mercantilismo puro y sin ninguna obligación social, hasta hoy en día donde se exige el cumplimiento de normas de derechos humanos, ambientales y laborales para acceder al mercado de otros.
Tuve el honor de participar en la elaboración e implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos, cuando el profesor John Ruggie, representante especial del secretario general, me pidió ser miembro de su Consejo Asesor.
Hoy es un requisito para las empresas ecuatorianas y latinoamericanas que venden sus productos en la Unión Europea tener nuevas conductas empresariales y sociales responsables. En efecto, el Acuerdo de Accesión firmado entre Ecuador y la Unión Europea tiene un pilar específico respecto a los derechos humanos.
El Ecuador ha hecho esfuerzos significativos en este campo. Cuando ejercí las funciones de canciller lanzamos, el 20 de octubre de 2020, pese a la pandemia, el Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, con la participación de los representantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos.
La Unión Europea ha venido asistiendo mediante cooperación no reembolsable al Ecuador y a varios países de América Latina en la implementación de estos principios rectores. El proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, Ceralc, busca resultados claves: respeto de los derechos humanos, protección del medioambiente, igualdad de oportunidades, bienestar económico y social, trabajo decente, diálogo inclusivo, desarrollo sostenible, igualdad de género y protección social, lo que permite incluir a todos los actores público-privados con un enfoque participativo de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones empresariales, pueblos indígenas, academia y actores relevantes.
Lo que comenzó en el 2020 tiene una hoja de ruta aprobada en el 2021 y debe implementarse en los años siguientes. Este es un primer paso a un diálogo constructivo para superar la pobreza, el hambre y la exclusión.
Fuente: El Universo
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