El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Alembert Vera moduló su discurso sobre a la veeduría ciudadana para fiscalizar la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC).
Este miércoles, 6 de septiembre del 2023, Vera dijo que “la integración de una veeduría por iniciativa ciudadana no pasa por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana”. Esto agrega un nuevo capítulo a la disputa entre el Cpccs y la Corte Constitucional. Aquí abordamos una cronología sobre esta última pugna entre poderes.
29 de agosto del 2023
La resolución judicial del juez Leiver Quimis admite la acción de protección presentada por Betty Marcillo. Ordenó al Cpcs la conformación de una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de ces en funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Transitorio.
Enel 2019, la CC emitió un dictamen interpretativo en el que se señalaba que las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio no podían modificarse. Es decir, existe jun blindaje legal a esas actuaciones.
1 de septiembre del 2023
La Subcoordinación Nacional de Control Social del Cpccs inició el trámite con la convocatoria para la conformación de la veeduría. Ese mismo día se publicó en portal del Cpccs. Dicha convocatoria especifica que las inscripciones se receptarán hasta el próximo 11 de septiembre.
4 de septiembre del 2023
Alembert Vera se pronuncia sobre la conformación de la veeduría. Señala que darán paso de forma inmediata a la conformación. En un mensaje publicado en el perfil de la red social X (antes Twitter), hay un video en donde invita a la ciudadanía a inscribirse. Sin embargo, va más allá. Verá dice: “A los profesionales que en su momento debieron callar por miedo o presión se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el trujillato”.
En la noche, la Corte Constitucional anuncia el inicio de la fase de seguimiento para verificar el cumplimiento del dictamen interpretativo del 2019. Solicita información al Cpccs, Fiscalía General y al juez Quimis.
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, una de las consecuencias de incumplir una sentencia de la Core Constitucional es la destitución del o los funcionarios a cargo.
5 de septiembre
El Cpccs pide a la CC que dicte jurisprudencia sobre el alcance de la acción de protección. Argumenta que hay una contradicción entre el dictamen interpretativo del 2019 y la resolución sobre la conformación de la veeduría.
6 de septiembre
La Fiscalía anuncia el inicio de una investigación en contra del juez Quimis por el presunto delito de prevaricato. También pide a la Corte que haga respetar el dictamen interpretativo.
En su informe de labores, Alembert Vera dice que la integración de una veeduría por iniciativa ciudadana no pasa por el Pleno del Cpccs. “No hay disposición del Pleno o de ningún consejero sobre esta veeduría”, señala.
También señala que el Consejo de Participación no tiene la facultad de destituir o remover a un juez de la Corte.
Con esto, tanto el Cpccs como la Fiscalía ya enviaron sus respuestas a la Corte. Resta conocer el análisis que hará sobre el cumplimiento del dictamen del 2019.
Fuente: Teégrafo
