Durante 2 horas con 21 minutos, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, habló en el Concejo Cantonal de la ciudad para defender la creación del fideicomiso del sector eléctrico que tiene como objetivo incluir las recaudaciones de todas las empresas del sector energético, tanto generadoras como distribuidoras, y luego devolverlas según una orden de prelación que prioriza a los privados sobre los públicos.
Aunque el documento no está en firme, la preocupación de los concejales radica en que con esta centralización de recursos se afectarán los ingresos del Cuerpo de Bomberos y de la Empresa Municipal de Aseo (EMAC-EP), porque actualmente sus ingresos se recaudan en la planilla de generación eléctrica y son devueltos inmediatamente. Pero de darse este fideicomiso, no hay garantía de una inmediata devolución.
El primero en exponer fue justamente el ministro, que explicó que la idea de este fideicomiso es dar una garantía a los inversionistas eléctricos privados, pues ellos, al tener certezas de que su inversión va a ser devuelta oportunamente, fomentarán la inversión en el Ecuador, creando “empleo y riqueza en el país”, y por eso la prelación de pago incluida en este documento será así:
1. Generación y transmisión privada.
2. Costos de la distribución.
3. Importación de electricidad.
4. Transmisión energética.
5. Generación pública.
6. Costos de distribución.
7. Servicios complementarios.
8. Saldos anteriores.
En cuanto a la preocupación de los concejales sobre los fondos para Bomberos y recolección de basura, Santos insistió en que esos se van a sacar del fondo común, y “eso vuelve inmediatamente a los municipios”.
Tras esta larga exposición que mantuvo muy atenta a la mayoría de concejales, hubo reacciones. Una fue la del edil Xavier Bermúdez, para quien esta intervención le dejó un sabor “agridulce, más agria que dulce”, porque, en un gran resumen, esto se va a firmar de todas formas y, de ser así, ellos interpondrán las acciones legales correspondientes para evitar su ejecución.
Su preocupación es que el ministro de Energía no pudo garantizar que no se tocarán los dineros locales, pero la inquietud legal que expuso fue que es “ilegal e inconstitucional la administración de un privado de fondos públicos”, con un agravante: que, al estar la generación pública en el quinto puesto de orden, se afectará la inversión de empresas locales, como la Centrosur.
Bermúdez tampoco cree en el argumento de que con esto se garantizará la inversión extranjera; pues, si se hace esto para beneficiar a un tercero particular, “nos estamos yendo contra la seguridad jurídica ecuatoriana”. (I)
Fuente: El Universo
