“Sin temor, ni favor. Cueste lo que cueste, por el fortalecimiento del estado social de derecho, la Función Judicial, el primero y último bastión de la democracia”. Con esas palabras el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilmna Terán, clausuró la sesión extraordinaria 144, la noche del 5 de septiembre último, en la que se aprobó extender a nueve años los periodos de permanencia de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) escogidos inicialmente para tres y seis años.
Nuevamente solo con los votos de Wilman Terán y del vocal Xavier Muñoz se aprobó la decisión que beneficia a los jueces penales Luis Rivera, Byron Guillén, Felipe Córdova, y Walter Macías -este último destituido del cargo el 19 de agosto pasado por los votos de Terán y Muñoz-; y otros jueces de las salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario.
El vocal de minoría Fausto Murillo votó en contra de la resolución para reformar los períodos contenidos en el artículo tres de la resolución 008-2021 del pleno del Consejo de la Judicatura. Murillo dijo no estar de acuerdo con la motivación de los informes, ni con los considerando de la resolución presentada.
Tanto Maribel Barreno, como Juan José Morillo, ambos vocales procesados por el delito de tráfico de influencias, estuvieron ausentes en la sesión extraordinaria convocada horas antes el mismo 5 de agosto.
El artículo 182 de la actual Constitución señala que la Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de 21, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años, no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley.
El razonamiento de Terán justamente se basó en el artículo 182 de la Constitución. Para él no es preciso que existan jueces que sean nombrados por el CJ, órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, con menos tiempo que el establecido en la Constitución. “Es indiscutible que por mandato constitucional los jueces nacionales tienen una permanencia irrefutable de nueve años”, razonó Terán, antes de emitir su voto a favor de la resolución que reformó los períodos de los siete y extendió sus cargos hasta el 2030.
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El catedrático universitario Ramiro García piensa que todos estos movimientos al interior de la Judicatura van dirigidos a un solo objetivo: “garantizar la impunidad” en casos de connotación nacional y que estarían relacionados al correísmo y su líder Rafael Correa.
Tres de los jueces a los que se les extiende su periodo en el cargo hasta 2030 son parte del Tribunal integrado para conocer los recursos extraordinarios de revisión que se presenten en el denominado caso Sobornos 2012-2016, en el que fueron condenadas por cohecho pasivo agravado 20 personas, entre ellas, Correa, su exvicepresidente Jorge Glas, funcionario públicos del correísmo y empresarios privados.
El 25 de abril pasado se rechazó el recurso extraordinario de revisión que planteó el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, al no estar correctamente fundamentado. Mera fue condenado como coautor del delito de cohecho pasivo agravado; además, la Justicia determinó que debe pagar $ 778.000 como reparación integral al Estado y pedir disculpas públicas. La sentencia quedó en firme y empezó a ejecutarse el 23 de septiembre de 2020.
En el caso del juez Walter Macías, él se mantiene a la espera de que la jueza Martha Vimos resuelva la acción de protección que presentó en contra del CJ y la decisión de destituirlo con solo dos votos de un pleno que está integrado por cinco funcionarios. Meses atrás, a Macías se le negó una acción de protección en Manabí que buscaba se le mantenga en el cargo de juez nacional, más allá de enero de 2024, fecha en la que debía ser reemplazado, luego de un concurso público de méritos y oposición.
Por su parte Guillén fue uno de los postulantes al concurso mediante el cual el CJ busca seleccionar y designar a siete jueces para la Corte Nacional. Él fue descalificado por incumplir el artículo 29 del instructivo del concurso, el cual señala que como lo dispone el artículo 182 de la Constitución, los jueces de la CNJ que hubiesen sido designados a periodo fijo no podrán ser reelectos y serán descalificados.
Durante el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos se identificó que el actual juez de la Sala Penal de la Corte Nacional, Byron Guillén, cumplió con los requisitos estipulados para participar en el concurso; sin embargo de aquello, conforme el criterio y análisis emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CJ, se considera “descalificado del concurso”.
Por otra parte, Luis Rivera como juez de la Sala Penal de la CNJ presidió el Tribunal de Apelación que, en noviembre de 2022, declaró la nulidad en el denominado caso Singue, en el cual entre los procesados por peculado estaban Glas y los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pastor. Además fue el magistrado que el 19 de junio pasado, sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el conocido caso helicópteros Dhruv, causa penal en la que estaban siendo investigados los exministros de Defensa del correísmo Xavier Ponce y Wellington Sandoval. Según él, en esa contratación no existió perjuicio para el Estado.
Rivera también está a cargo del caso denominado Reconstrucción de Manabí por peculado en el que la Fiscalía intenta formular cargos a Glas y a otros dos exfuncionarios del correísmo que estuvieron a cargo de obras luego del terremoto de 2016. Además, está en conocimiento, al ser parte de un Tribunal, de la casación solicitada por Pablo Romero, exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), quien fue sentenciado a nueve años de cárcel por el plagio (secuestro) del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia en el 2012. Por el secuestro de Balda también tiene una llamado a juicio en suspenso el expresidente Rafael Correa.
El último de los casos penales que por sorteo ha recaído en el despacho de Rivera es el relacionado con el delito de obstrucción de la justicia por el que se ha pedido audiencia de formulación de cargos contra el presidente Wilman Terán, el vocal Muñoz y otros seis funcionarios de esa institución. Aún no existe fecha para la audiencia, pero la Fiscalía asegura tener elementos suficientes para formular cargos por la obstrucción de la justicia que habrían cometido los ocho investigados dentro de los casos Las Torres, Vocales, en el que por tráfico de influencias son procesados los vocales Morillo y Barreno, y en la destitución del juez penal Walter Macías.
Fuente: El Universo
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