Seis meses transcurrieron y el proceso de reconstrucción del informe pericial relacionado con la investigación del asesinato de Jorge Gabela Bueno, general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), estaría por cerrarse, mientras los jueces de la Corte Constitucional (CC) determinarán si se cumplió su sentencia que ordenó que se reescriba ese documento.
La Comisión de Coordinación, creada por el Gobierno de Guillermo Lasso, prepara su informe final respecto de la reconstrucción del denominado “tercer producto”, que estuvo a cargo del perito argentino Roberto Meza Niella, quien en el 2013 realizó una primera investigación no judicial sobre el asesinato del excomandante de la FAE Jorge Gabela.
El presidente de esta instancia, el catedrático Arturo Moscoso, detalló que están preparando su informe final para presentarlo a la Presidencia de la República, para que esta a su vez lo remita a la Corte Constitucional (CC) para su análisis.
“No hay nada más que hacer. Estamos revisando las actas y documentos del trabajo de la comisión, y la información recabada se devolverá al Ejecutivo. Luego, corresponderá a la Corte Constitucional resolver qué pasará con el informe elaborado por el perito”, explicó Moscoso.
La conclusión de las actividades se debe a que, el último 11 de julio, Roberto Meza entregó a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y a la Defensoría del Pueblo este tercer producto reconstruido, en el que concluyó que, presuntamente, los autores intelectuales del crimen de Gabela, ocurrido en el 2010, habrían sido los generales de la FAE en servicio pasivo Alonso Espinoza y Rodrigo Bohórquez.
Sobre ese expediente de 75 páginas, Patricia Ochoa y la Defensoría del Pueblo plantearon 26 observaciones, pedidos de aclaración y ampliación el 7 de agosto.
De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, se otorgó un término de 30 días para que Meza responda a esas inquietudes, el cual se vencería a mediados de septiembre. Sin embargo, el perito las respondió el 16 de agosto.
El abogado defensor de la familia Gabela, Ramiro Román, confirmó que, de su parte, el proceso ha terminado y que no plantearán más observaciones a la reconstrucción de esa pericia, pues Meza se ratificó en su contenido.
Con ello, según Román, corresponde que la Comisión de Coordinación y el Gobierno lo trasladen a la Corte Constitucional para que esta tome sus decisiones.
“La familia requirió precisión sobre los nombres concretos mencionados en el documento y el perito ratificó todo lo que ha manifestado en la reconstrucción del tercer producto”, dijo Román.
Reiteró que, una vez que se completen requisitos procedimentales, la CC resolverá si las instituciones estatales cumplieron las medidas dispuestas en su fallo y, de ser el caso, remita ese tercer producto a la Fiscalía General del Estado para que avance en la investigación de un presunto delito de ejecución extrajudicial por el crimen.
El jurista lamentó que la investigación por ejecución extrajudicial no avanza en la Fiscalía, pero esperan que con la evaluación que haga la CC se agiliten las diligencias y se determinen responsables.
La reconstrucción del tercer producto se da luego que, el 9 de febrero de 2023, la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección planteada por la Defensoría del Pueblo, en la que Patricia Ochoa intervino como tercera interesada. Ellos solicitaban que se les permita acceder al denominado tercer producto, considerado incompleto y extraviado de los archivos del Estado.
Este documento fue parte de una investigación no judicial que se realizó en el 2013, realizada por el forense Roberto Meza, por pedido de un comité interinstitucional que se creó en el régimen de Rafael Correa para investigar el asesinato de Jorge Gabela y por el que se pagaron $ 78.000.
Las conclusiones de esa pericia, divulgadas en febrero del 2015 por la exministra de Justicia Ledy Zúñiga, señalaban que el asesinato de Gabela se relacionó con un delito común y no con la delincuencia organizada ni por las denuncias de irregularidades que hizo el general en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de los que cuatro se accidentaron y los tres restantes no están operativos.
Ochoa reveló que había inconsistencias en el documento que se le había entregado, y Roberto Meza denunció que esas no eran las conclusiones que él había sacado.
En el 2018, la Defensoría del Pueblo presentó un recurso de acceso a la información pública en la justicia ordinaria, pero no lograron acceder al documento íntegro.
Cinco años después, la Corte Constitucional sustanció la acción extraordinaria de protección y concluyó que se vulneró el derecho a la verdad y se transgredió el derecho de acceso a la información pública, pues la Función Ejecutiva entregó información “incompleta e inconsistente” de este tercer producto.
Determinó que la familia de Gabela y la ciudadanía no accedieron a los documentos que se relacionan con los hechos, causas y circunstancias del asesinato, y que la Presidencia de la República reconoció que “no tenía certeza sobre la originalidad de la información, pero no emprendió ninguna acción para remediar la situación”.
Constataron que el tercer producto, que presuntamente elaboró Meza, presentaba inconsistencias y que “la contratación del peritaje se efectuó con recursos públicos y debió ser difundido a toda la ciudadanía”.
Con esos argumentos, dispuso el cumplimiento de cinco medidas de reparación integral, como la constitución de una Comisión de Coordinación para que contacte al perito Meza y recabe la información para que vuelva a elaborar ese tercer producto.
Para ello se hizo una contratación reservada solicitando los servicios profesionales de Meza, que se habría realizado a través del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), cuyo monto no se ha revelado.
La CC también ordenó que se pidan disculpas públicas a la familia Gabela; que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado investiguen y determinen sanciones a los exfuncionarios que manejaron información del informe en el comité interinstitucional; y que el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Defensoría Pública divulguen en sus portales oficiales la sentencia por seis meses.
En una revisión previa del cumplimiento de su sentencia, la Corte indicó que se cumplió con la conformación de esta comisión gubernamental con Arturo Moscoso; la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz; y el ministro del Deporte, Sebastián Palacios.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/E4NSPJLECJF4HMTJCSP2H7QT64.jpg)
También, con las disculpas públicas que se hizo a Patricia Ochoa y su familia el 14 de marzo, en un acto en el Salón Amarillo de Carondelet.
Observó que la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública cumplieron con su obligación de iniciar la difusión de la sentencia, pero que verificaría que ello se cumpla por los siguientes seis meses.
Aún está pendiente que evalúe si se cumplieron los términos establecidos en la reconstrucción del tercer producto, como que cuente con la declaración de Meza sobre la “originalidad” o “con las certificaciones que permitan dilucidar que la información cumple con el criterio de fidedigna”.
En esa línea, los altos jueces dieron como plazo hasta el 18 de julio para que la Fiscalía y la Contraloría realicen investigaciones a los exfuncionarios del comité interinstitucional que manejaron la información del tercer producto.
Exautoridades señaladas
La Contraloría informó que se sancionó con responsabilidades administrativas a siete servidores del extinto Ministerio de Justicia (que lideraba el comité interinstitucional).
En tanto, la Fiscalía informó que abrió una investigación previa por presunto delito de peculado en contra de cinco exministros de Estado de la gestión de Rafael Correa.
Entre ellos está el exministro de Justicia Lenín Lara, que tras las elecciones nacionales anticipadas del 20 de agosto, con resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), habría logrado una curul en la Asamblea Nacional por el movimiento Revolución Ciudadana (RC).
También está Ledy Zúñiga Rocha, exministra de Justicia, que fue candidata a asambleísta por el correísmo, pero no habría alcanzado un escaño en representación de Pichincha, según las cuentas de su movimiento.
Entre otros investigados están César Navas Vera, exministro de Coordinación de Seguridad; Fernando Cordero Cueva, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa (expresidente de la Asamblea Nacional); José Ricardo Serrano Salgado, exministro del Interior (exasambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional); y Pedro Solines Chacón, exsecretario de Transparencia de Gestión (actual alcalde de Milagro).
La Defensoría del Pueblo no ha manifestado si pedirá más respuestas a Meza, al mostrarse insatisfecha con la reconstrucción del tercer producto, pues a su criterio, entre otras observaciones que hizo, apuntó que “carece de contexto que permita entender su proceso de reconstrucción”; “no se da a conocer la teoría del delito, tampoco existe sustento científico, especialmente cuando se expresa la motivación de los posibles autores intelectuales, las cuales son agrupadas en dos causas: ‘profesionales y económicas’; mientras que en las conclusiones señala causas ‘personales y económicas’”.
Al mismo tiempo, este organismo se justificó en el oficio remitido a la CC: que no pretende “generar condiciones para deslindar de responsabilidades civiles y/o penales; tampoco significa, de ninguna manera, allanarse a una postura sea de política partidista o de las partes en los procesos judiciales que correspondan para determinar responsabilidades”. (I)
Fuente: El Universo
