El juez que aceptó las medidas cautelares para frenar la contratación de seguros en Petroecuador es el mismo que restituyó los derechos políticos a Jorge Glas.
La mañana del miércoles 30 de agosto Petroecuador dio a conocer que adjudicó a la empresa de seguros La Unión el contrato de pólizas de Seguros de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima, valorado en $ 99,1 millones. Sin embargo, el anuncio se dio dos días después que el juez del cantón Yaguachi, John Rodríguez Mindiola, el lunes 28, aceptó un pedido de medidas cautelares y dispuso a la empresa pública que “suspenda el proceso de licitación” y se recomiende declarar desierto el concurso.
El proceso en torno a la contratación de los seguros ha estado envuelto en críticas por su elevado monto, en comparación con los $ 54,8 millones del contrato de 2021. Y además han saltado sospechas de presuntas irregularidades, en las cuales supuestamente habrían estadoinvolucrados funcionarios públicos y un representante de una empresa privada, con el fin de truncar la actual licitación y, con ello, prologar el contrato anterior.
Al respecto, han circulado videos en redes sociales, y una publicación en el canal Teleamazonas, sobre una reunión en donde se habría planificado cómo frenar el concurso.
En el comunicado compartido el martes, la empresa pública informó que el proceso de contratación inició el 31 de julio y estuvo contemplado en el Plan Anual de Contrataciones 2023. Que contó con un informe de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría General del Estado.
Que la licitación fue publicada en el portal de compras pública “y el 29 de agosto de 2023 se acogió la recomendación de adjudicación formulada por la Comisión Técnica designada para este procedimiento de contratación”. Con ello, explicó Petroecuador, se adjudicó el contrato a la empresa La Unión Compañía Nacional de Seguros S. A.
La petrolera estatal afirmó que todos sus procesos “son supervisados por las distintas instituciones de control competentes”.
Petroecuador no mencionó nada sobre las medidas cautelares que fueron aceptadas por el juez de Yaguachi.
El magistrado ha estado inmerso en polémicas por sus resoluciones. El caso más sonado, y por el cual es investigado por la Fiscalía, fue la del 9 de junio de este año cuando restituyó los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas, pese a tener varias sentencias en firme por casos de corrupción.
Gómez Alvarado basó su solicitud de medidas cautelares contra Petroecuador, “con la finalidad de evitar que se produzcan actos de corrupción en perjuicio de todos los ciudadanos ecuatorianos”.
En la demanda expuso que supo de la licitación de la póliza de seguros por redes sociales, en especial de la cuenta del periodista Carlos Vera, en Instagram, y otros medios, donde se difundió información sobre el proceso y que ahí se denunciaba que Petroecuador “excluyó la revalorización de los bienes a asegurar, ordenada por la Contraloría General del Estado y que esta inobservancia causaría un perjuicio al Estado, puesto que, de tener un valor de prima por $ 50 millones en 2020, ahora aumenta a casi $ 100 millones sin sustento técnico”.
Citó autorías realizadas por la Contraloríaa la contratación de pólizas de seguros en Petroecuador y que en los hallazgos la entidad determinó que no se constató la existencia de estudios técnicos, no se incluyeron el análisis de evaluación de riesgos y siniestralidad, tampoco existió un listado valorado de los bienes a ser asegurados, entre otros puntos.
Además, Gómez señaló que el órgano de control hizo varias recomendaciones para cumplimiento de la empresa pública previo al inicio de nuevos procesos de contratación de seguros y reaseguros. Que cuente con inventarios valorados de los bienes a asegurarse, así como los respaldos técnicos para determinar el valor asegurable con sublímites y deducibles, entre otros.
Tras evaluar los argumentos de la demandante, el juez Rodríguez acogió las medidas cautelares y dispuso que Petroecuador suspenda el proceso de licitación que estaba en curso y se recomiende declarar el concurso desierto, “puesto que no han realizado la valoración de los bienes que van a asegurar, permitiendo que todas las aseguradoras del país que cumplan con los requisitos, participen en esta licitación”.
También ordenó que se cumpla con establecer de manera correcta el patrimonio de los oferentes.
EL UNIVERSO consultó a Petroecuador cómo se pudo concretar la adjudicación del contrato a la aseguradora La Unión si el juez de Yaguachi dispuso la suspensión del proceso. Se espera una respuesta de la empresa pública. (I)
