Una posible obstrucción de la justicia en los casos Las Torres, en el que fueron sentenciados por delincuencia organizada once personas, entre ellas, el excontralor Pablo Celli y su hermano Esteban, y ocales, en el que por el tráfico de influencias son procesados los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez Vladimir Jhaya, es lo que a la Fiscalía General del Estado le daría pie para pedir fecha para formular cargos contra el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, los vocales Xavier Muñoz, Morillo y Barreno, además de otros cuatro funcionarios de ese organismo.
El pedido fue realizado formalmente a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el martes 29 de agosto último, por la fiscal general Diana Salazar, una vez, dijo, se han encontrado los suficientes elementos de convicción para que estas ocho personas sean procesados por su posible participación en el delito de obstrucción a la justicia cometido aparentemente en estos dos casos de connotación nacional. El caso por sorteo habría recaído en manos del juez nacional Luis Rivera.
La investigación previa de esta causa se abrió el pasado 11 de mayo, después que se conociera que con los votos a favor de Wilman Terán y Xavier Muñoz se suspendió por tres meses al entonces juez de la Corte Nacional, Walter Macías. Los también vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, se abstuvieron en la votación, mientras que Fausto Murillo votó en contra de la decisión.
La suspensión temporal de Macías se dio por sus actuaciones como juez de la Sala Penal de la CNJ y ante una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, también investigado por el delito de cohecho en el caso China CAMC.
De la medida adoptada por parte del pleno del CJ se conoció el jueves 11 de mayo, horas después de que el juez de la CNJ, Felipe Córdova, por no haberse justificado la causal de recusación de enemistad manifiesta planteada por Barreno en contra de Macías, en el caso Vocales, decidió declarar sin lugar la demanda.
La recusación se dio poco antes de que Macías, el 4 de mayo pasado, instale la audiencia de formulación de cargos que solicitó la fiscal general contra Barreno, Morillo y Jhaya, al estos haber participado en una reunión en la que se habló de pedir el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.
Esa suspensión separó momentáneamente a Macías de los dos casos analizados, pues una acción de protección concedida por un juez de Pichincha, el 27 de junio último, dispuso que él vuelva al cargo al haberse definido una vulneración de derechos. En ese regreso, Macías como ponente del Tribunal del caso Las Torres concretó la notificación del fallo por escrito y en el caso Vocales definió una fecha para que en audiencia la Fiscalía haga conocer su dictamen acusatorio.
La tarde del 12 de mayo pasado, la Fiscalía allanó varias oficinas del CJ, entre ellas, las asignadas a los vocales Barreno y Morillo. En esa acción se incautaron dispositivos electrónicos, computadoras, documentación, entre otros elementos.
Macías sostiene que la metida de mano a la justicia que existe y la violación al principio de independencia de la Función Judicial que se ha dado solo buscan generar la impunidad en el caso Las Torres y en el proceso contra los vocales del CJ.
Esto lo dijo Walter Macías al acudir a presentar una nueva acción de protección para que se impida de forma inmediata los efectos de la destitución contra él decidida nuevamente solo con los votos a favor de Terán y Muñoz. La resolución calificada por el afectado como “ilegal e inconstitucional” fue adoptada dentro de una sesión extraordinaria dada la mañana del sábado 19 de agosto pasado.
Según el accionante, este tipo de “persecución administrativa” se dio desde que él tomó conocimiento del denominado caso Vocales, continuó cuando señaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para el viernes 25 de agosto pasado y se incrementó cuando calificó la acusación particular de la Procuraduría General del Estado en esta misma causa. “Parece que estos fueron los detonantes para que cumplieran la misión los dos vocales del CJ: Wilman Tecán y Xavier Muñoz”.
En medio de esta nueva acción de protección, un Tribunal de Pichincha, el pasado 25 de agosto, revocó la decisión de primer nivel y dejó en firme la suspensión temporal.
La Fiscalía General expresó su preocupación respecto a un acto que atentaría contra la seguridad jurídica del país. Recordó que fue el juez Macías quien autorizó los allanamientos realizados a funcionarios del CJ y es también quien ha señalado día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los vocales Morillo y Barreno.
Se recordó desde esa instancia que la recusación y suspensión del juez Macías ocurrió el día en que se tenía prevista la audiencia de formulación de cargos y la destitución cuando el magistrado fijó fecha para la audiencia preparatoria de juicio. “La Fiscalía considera que estas acciones son represalias por parte del CJ a las actuaciones -apegadas a derecho- cumplidas por Walter Macías en este caso”, se anotó desde la Fiscalía.
La formulación de cargos por obstrucción a la justicia anunciada por la fiscal Salazar es algo “totalmente ridículo” para el titular de la Judicatura, Wilman Terán. Especialmente indicó porque lo que se estaría analizando es un delito por la adopción de la medida cautelar cautelar de suspensión mientras se tramitaba el sumario disciplinario en contra de Walter Macías. Este hecho para él ya es una cosa juzgada ya que un juez superior decidió que la medida de suspensión que dictó el CJ era la adecuada.
Además cuestionó que se hable de obstrucción a la justicia en el caso Las Torres, si ya está notificada la sentencia en esa causa. Qué trama hay detrás de todo este ataque y de la relevancia del caso del exjuez Macías, es lo que se pregunta Terán.
“Están persiguiendo personas o les incomoda el abrasante paso que estoy dando. (…) Lo que veo es que alguien, hay un arriero encima que está jalando a un aborregamiento. Alguien les está llevando a un nivel de pugna de poderes y están fabricando un escenario. La pregunta en esta fábrica de escenario es qué bola de humo quieren tapar, para qué están generando este escándalo”, indicó Terán al referirse a todas las respuestas en contra de la Judicatura y sus miembros dadas desde instituciones como la Corte Nacional, el Ejecutivo y gremios de abogados.
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Debido a que necesitaba que se integren al expediente más elementos para sustentar la acción de protección solicitada por Macías frente a la destitución, la defensa del exmagistrado solicitó el diferimiento de la audiencia que estaba dispuesta para este miércoles 30 de agosto.
El pasado viernes 25 de agosto volvieron a ser allanadas las oficinas del CJ. Esta vez la acción de Fiscalía se dio debido a un pedido de un acto urgente solicitado por el abogado Emiliano Donoso. Nuevamente se levantaron indicios que estarían siendo periciados dentro de la causa por obstrucción de la justicia.
Fuente: El Universo
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