La decisión de no continuar con la explotación del bloque 43 – ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) en la consulta popular ha generado opiniones divididas en gremios de trabajadores petroleros y defensores del Yasuní.
Por un lado, critican a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que apoyaron la campaña por el sí y alertan de problemas que enfrentaría el país al dejar de contar con los recursos que genera la producción petrolera en esa zona. Por otra parte, quienes respaldan dejar el petróleo bajo tierra aplaudieron la decisión de “proteger al Yasuní”.
Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y con el 95,88 % de las actas escrutadas, el 58,97 % de los electores apoyó para que el crudo se deje bajo tierra, mientras que el 41,03 % votó para que siga la extracción de crudo. Esos son los datos a nivel nacional, pero en Orellana –donde se encuentra el bloque 43– y en Sucumbíos votaron diferente y es el no el que se impuso en esas dos provincias amazónicas.
La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, a través de un comunicado, indicó que el “triunfo del sí, impulsado y financiado por las ONG que responden a los intereses de los capitales verdes internacionales, no solo abre la puerta de entrada a los bonos de endeudamiento de carbono, como una nueva forma de dependencia en nuestro país, sino que abre el camino a la privatización del resto de campos petroleros” y citan como ejemplo, en el campo Sacha.
Señaló que el Gobierno actual o el que venga justificará que “al haber dejado de recibir 1.200 millones de dólares de renta petrolera, y al tener que invertir en la remoción de la infraestructura del ITT, no cuentan con los recursos para invertir en el resto de campos e infraestructura, y por tanto la salida que darán será entregarlas a capitales privados”.
Agregó que “los capitales petroleros privados no participaron en la campaña mediática por el no como lo hicieron los capitales verdes a favor del sí”.
De acuerdo con la Asociación, el sí “beneficia a las transnacionales petroleras, toda vez que se afecta un campo de producción 100 % estatal (el ITT) y abre el camino a la privatización del resto de campos”. Desde esta organización se aseguró que la campaña por el no fue “principalmente levantada por los trabajadores petroleros y sostenida únicamente con recursos modestos y propios”.
Por su parte, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) resaltó que “Ecuador marca un hito en la lucha de la humanidad por proteger al planeta”.
El asesor jurídico de la UDAPT, Pablo Fajardo, señaló que el triunfo en la consulta por el Yasuní obliga a los nuevos gobernantes a pensar en el Ecuador pospetrolero, en reducir la energía proveniente de la combustión fósil.
Asimismo, sostuvo que la postura mayoritaria de los ecuatorianos demanda a las Naciones Unidas (ONU) y al mundo industrializado y sobre todo al Gobierno del Ecuador a generar políticas públicas concretas que permitan a las poblaciones de estos territorios un desarrollo sostenible.
Exhortó al Gobierno a generar los recursos que se dejarán de percibir del bloque 43, aprovechando de forma adecuada e inmediata el gas que hoy se combustiona en los mecheros. “Consideramos que allí el Estado tendría un ingreso adicional de por lo menos 600 millones de dólares al año”, indicó.
La UDAPT también sugiere “implementar la interconexión del sistema eléctrico del país al sistema petrolero en la subestación Shushufindi. Con esa interconexión reducirían considerablemente el costo de producción en los campos viejos, y así ahorrarían para el Estado, por lo menos 200 millones de dólares por año”, dijo. (I)
Fuente: El Universo
