Una de las primeras tareas del nuevo presidente de la República será hacer la proforma presupuestaria para 2024, para enviar a la Asamblea para su análisis y aprobación.
El siguiente mandatario, que se definirá en la segunda vuelta electoral del 15 de octubre de 2023 entre la correísta Luisa González y Daniel Noboa de ADN, solo contará con la posibilidad de hacer un presupuesto, el del próximo año. En 2025 regirá también el de 2024, es decir, será prorrogado, al ser un año electoral.
Cualquiera que llegue al poder ya parte con un inconveniente: una disminución de ingresos en el presupuesto. Al ganar el sí en la consulta popular para dejar de producir petróleo en el Yasuní.
Según la Corte Constitucional, Petroecuador tiene un año para dejar de producir petróleo en el Bloque 43-ITT, que produjo ayer 58.016 barriles de crudo, más del 10 % de la producción nacional.
La petrolera estatal señaló ayer que coordinará todas las acciones pertinentes, en conjunto con las demás instituciones del Estado involucradas, para acatar la decisión soberana del pueblo ecuatoriano tras la consulta popular.
Hay varias cifras que muestran el posible impacto de dejar de producir crudo en el Yasuní que van desde los casi 150 millones de dólares, según cálculos de Yasunidos, que impulsó el referéndum, hasta los 1.200 millones al año de Petroecuador.
El candidato Noboa ha señalado que el impacto de dejar de producir crudo en el Yasuní será menor, debido a la caída paulatina del precio del petróleo en el mercado internacional en los próximos años. En tanto que la candidata González se ha mostrado contraria a dejar de producir crudo en esa zona.
Ayer, los inversionistas internacionales se mostraron optimistas, pero preocupados tras los resultados. Por un lado, la segunda vuelta electoral fue bien recibida porque abre la posibilidad del triunfo de un político con medidas “más moderadas”, pero del otro lado, que Ecuador pierda el 10 % de su producción petrolera preocupa.
La derrota de Yasuní complica aún más la gestión presupuestaria (pérdidas de ingresos del 1 % del PIB) sin mucho reconocimiento social o político sobre las restricciones presupuestarias, señaló Siobhan Morden, directora gerente de Santander Investment Securities.
“A nuestro juicio, esto genera dudas sobre el modelo económico que el país quiere seguir y podría tener costos económicos significativos”, señaló ayer un reporte de Barclays.
También habrá afectados colaterales de la consulta popular. Estos son los gobiernos autónomos descentralizados. Prefecturas, municipios y juntas parroquiales reciben preasignaciones del Gobierno central de acuerdo a los ingresos petroleros. Estos varían según el precio del barril de crudo o la producción. Al caer el bombeo de crudo por la salida de operaciones del Bloque 43-ITT, sus transferencias disminuirán. Por ejemplo, para este año el Ministerio de Economía y Finanzas estableció 3.235 millones de dólares para los GAD. De esa cantidad, el 10 %, unos 320 millones, proviene de ingresos petroleros.
Otros detalles del proceso
- Desmonte: Petroecuador ha señalado que desmontar todos los más de 200 pozos petroleros puede tomar hasta cinco años, debido a la infraestructura del lugar.
- Plan: La petrolera estatal debe presentar un plan para dejar de producir petróleo en la zona del Yasuní, que tenga un bajo impacto ambiental y también social en la zona.
- Costo: Se ha estimado que todo el proceso para desmontar los pozos petroleros e infraestructura en la zona puede llegar a costar más de 400 millones de dólares, según Petroecuador.
Fuente: Expreso
