Un juez de Samborondón dejó sin efecto el reglamento que regía la elección de dos nuevas autoridades, al aceptar una acción de protección.
El concurso público para la renovación de dos vocales, principales y suplentes, del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue devuelto a su fase inicial: la convocatoria de postulaciones. Esto, una vez que un juez aceptó una acción de protección.
Un juez de la Unidad Judicial de Samborondón (Guayas), Fausto Inca Arellano, aceptó una acción de protección planteada por Iván Heredia Tello, que inscribió su postulación y había obtenido 17/50 puntos en su calificación de méritos.
El juez concluyó que se violaron los derechos a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación y, como medida de reparación integral dejó sin efecto el reglamento que guiaba el concurso, que fue aprobado en la administración del exvocal y presidente Hernán Ulloa, en marzo del 2022.
Además, dispuso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a la comisión ciudadana de selección, encargada de desarrollar el proceso, «retrotraer a la fase de convocatoria el concurso de méritos y oposición con veedurías e impugnación ciudadana para la renovación parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral».
El concursante Iván Heredia esgrimió que dicho reglamento limitaba su derecho a la participación, porque establecía como materias relevantes para la calificación de méritos, aquellas relacionadas con áreas del Derecho Electoral, Ciencias Políticas, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derechos Humanos, Manejo de Datos Informáticos y Manejo de Datos Estadísticos y otras afines a las funciones del Consejo Nacional Electoral.
La defensa técnica del CPCCS se había allanado a la acción de protección, coincidiendo con el demandante.
En la sentencia, divulgada a las partes procesales este 21 de agosto de 2023, el magistrado señala que la reparación adecuada es retrotraer a la fase de convocatoria el concurso público y dispuso al CPCCS que evite que estos hechos se repitan.
Dejó constancia de que el Consejo de Participación Ciudadana «reconoció de modo expreso su responsabilidad como órgano e indicó que efectivamente se estaban vulnerando derechos constitucionales de todos los postulantes», por el reglamento con el que se desarrollaba el concurso.
La primera convocatoria a este procedimiento público se realizó en marzo del 2023 y fueron admitidas a participar 165 personas, quienes se encontraban en la fase de calificación de méritos. Se alistaba la siguiente etapa que correspondía al examen de conocimientos, sobre otros 50 puntos.
Debido a la interposición de esta acción de protección, el juez Inca Arellano aceptó un pedido de medida cautelar, que mantuvo suspendidas las actividades en la comisión ciudadana hasta que se resuelva el fondo de la causa.
En adelante, el CPCCS deberá dar cumplimiento a la sentencia y, según se conoció, ello implicaría aprobar una nueva normativa, luego que la resolución judicial dejó sin efecto el reglamento de marzo del 2022.
La primera renovación parcial del CNE debía producirse en noviembre del 2021 yluego de un año y nueve meses, el Consejo de Participación Ciudadana no avanza en ese propósito.
En noviembre del 2022, en la administración de Hernán Ulloa, se posesionó a los diez miembros de la comisión ciudadana, que desde entonces efectúan el proceso.
En tanto, los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita, Esthela Acero y Elena Nájera se mantendrán en funciones prorrogadas hasta que se elija a sus reemplazos.
La Procuraduría General del Estado, en noviembre del 2021, emitió un criterio jurídico en el que determinó que mientras no se produzca la renovación de estas autoridades los actuales vocales se mantendrán en funciones para evitar la interrupción de las actividades institucionales. (I)
