La vicepresidencia de El Salvador lo anunció en sus redes sociales el 14 de agosto pasado: Rodolfo Delgado, el fiscal general de la república, iniciaría el programa de formación en administración pública con una ponencia magistral, una masterclass le llamaron, sobre anticorrupción. Delgado, el jefe de la fiscalía salvadoreña que responde al presidente Nayib Bukele, es el mismo que ha enterrado investigaciones criminales que involucran al mandatario y a su círculo íntimo en un pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18, en corrupción durante la pandemia de Covid-19 y en una empresa multinacional de lavado de dinero proveniente del petróleo venezolano.
Delgado es, también, la punta de lanza de la campaña anticorrupción que Bukele hizo pública durante su informe de cuatro años de gobierno a la Asamblea Legislativa el primero de junio pasado. Esa noche, cuando el presidente habló en sesión solemne ante el Congreso, anunció que Delgado no estaba presente porque en ese momento dirigía un operativo de allanamientos a propiedades del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), uno de tantos adversarios políticos de Bukele.
La misma noche, después del anuncio presidencial, al menos dos periodistas y un exmagistrado del Supremo, todos críticos de Bukele, recibieron avisos de operadores políticos del gobierno de que ellos también serían investigados.
Poco se oyó, después, de la cruzada anticorrupción de Bukele. A finales de julio, pasadas las elecciones internas del partido de Nuevas Ideas que dejaron al presidente como candidato a la reelección, que está prohibida por la Constitución, el anuncio de Bukele volvió a cobrar vida en forma de una purga interna en el oficialismo.
El asunto empezó con una serie cruzada de acusaciones en redes sociales iniciada por Alejandro Muyshondt, un hacker al que Bukele había nombrado asesor de seguridad nacional al inicio de la presidencia, en 2019. En realidad, según un funcionario del gobierno salvadoreño que habló bajo condición de anonimato por seguridad, Muyshondt operaba como un sicario cibernético a quien funcionarios cercanos al presidente encargaban campañas de desprestigio contra enemigos políticos en el seno del oficialismo.
Los últimos días de julio, Muyshondt publicó conversaciones electrónicas que implicaban al diputado Erick García, de Nuevas Ideas, con el narcotráfico. Luego se filtró un audio en que también aparecía implicada Rebeca Santos, otra diputada del oficialismo y una de las que más apoyos logró en las internas. Santos es, también, hermana de un policía salvadoreño al que autoridades estadounidenses han investigado en la Florida por posibles conspiraciones para el tráfico de cocaína, según confirmaron a Infobae dos funcionarios estadounidenses vinculados a instituciones de aplicación de la ley.
Nuevas Ideas, a través de un comunicado, y el presidente, en sus redes sociales, reaccionaron primero con prudencia, pidiendo a Muyshondt que sustentara sus acusaciones. Después de eso terció en la conversación Christian Guevara, el jefe de bancada de Nueva Ideas y uno de los hombres más poderosos del bukelismo. Muyshondt, dijo Guevara, lo había amenazado y lo había aterrorizado. Al final, el partido desaforó al diputado García, quien gozaba de inmunidad, y terminó arrestándolo. Muyshondt también fue arrestado, acusado de filtrar documentos a un expresidente y a periodistas. El mismo Bukele, saltándose la autoridad del fiscal Delgado, fue quien anunció esto último en sus redes.
Por ahora, un expresidente identificado como adversario político, diputados sin mayor relevancia política y un hacker a quien la misma presidencia había dado carta blanca para investigar a enemigos internos. Así es la lucha anticorrupción anunciada por Nayib Bukele y ejecutada por el fiscal general Delgado, masterclass, quien al final convirtió todo en acusaciones penales. Por fuera de la cruzada quedan algunos de los hombres y mujeres más poderosos del gobierno.
El jefe de bancada, hombre de los aires fríos
Christian Guevara, un publicista que se dio a conocer como asesor de campaña de un exjefe policial al que la derecha salvadoreña intentó a llevar en la presidencia hace una década y media, creció en las filas del bukelismo de la mano de Porfirio Chica, un asesor de imagen que ha trabajado para Antonio Saca y Mauricio Funes, dos expresidentes investigados y procesados judicialmente por corrupción, para un operador político vinculado con el narcotráfico, para un exfiscal encarcelado por acusaciones de corrupción y para un militar, también en prisión, pero él por pactar por las pandillas.
Chica y Guevara trabajaron ambos, uno como asesor y el otro como publicista, para la campaña de Rodrigo Ávila, el ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) que se candidateó por el derechista partido ARENA y perdió las presidenciales den 2009. Durante esa campaña, Chica reunió a un grupo de columnistas y analistas, una red de opinadores, para asesorar a Ávila y empujar su candidatura. Parte de esa red la utilizó luego Chica cuando trabajó en una campaña de reelección del fiscal general Luis Martínez, a la postre acusado y encarcelado por vender favores desde la fiscalía.
En octubre de 2020, una investigación del periódico digital El Faro reveló que Aire Frío, una empresa fundada por Guevara, recibió contratos del Ministerio de Obras Públicas por 1.09 millones de dólares por instalar aires acondicionados en hospitales públicos.
El jefe de bancada del oficialismo en El Salvador ha sido señalado por varios supuestos actos de corrupción. Nunca ha sido investigado por la fiscalía del país, controlada por el presidente Nayib Bukele.
El jefe de bancada del oficialismo en El Salvador ha sido señalado por varios supuestos actos de corrupción. Nunca ha sido investigado por la fiscalía del país, controlada por el presidente Nayib Bukele.
Hace poco, el 11 de agosto pasado, salió a la luz nueva información sobre contratos relacionados con Guevara, esta vez por publicidad pagada por la alcaldía de San Salvador, la capital, gobernada también por Nuevas Ideas, el partido del presidente. Media Latam Group, otra empresa con la que el diputado oficialista estuvo relacionado, también recibió contratos por cientos de miles de dólares. Guevara ha alegado que el se desligó de Media Latam Group en 2018, pero un poder legal, al que Infobae ha tenido acceso, revela que el diputado mantuvo viva la relación después de eso.
Un sindicato ha revelado, con documentos legales colgados en sus redes sociales, que empresas con las que Guevara tuvo relación en algún momento también recibieron contratos de otras instituciones del gobierno. Infobae intentó contactar al diputado y a otros funcionarios mencionados en esta nota por medio de oficinas de comunicación pero no hubo respuesta.
Guevara también ha sido sancionado por los Estados Unidos. En junio de 2022, el Departamento de Estado incluyó al diputado en la llamada Lista Engel, en la que Washington nombra a funcionarios corruptos y antidemocráticos. Guevara, que es el jefe de bancada de Nuevas Ideas en el Congreso, dice el gobierno estadounidense “atentó contra procesos e instituciones democráticas cuando introdujo una ley que castiga con hasta 15 años de cárcel la diseminación de mensajes sobre pandillas en los medios de comunicación, lo que es considerado por muchos observadores como un claro intento de censurar a los medios”. Guevara respondió que demandaría a los funcionarios estadounidenses que lo incluyeron en la lista, amenaza que ha repetido contra varios de sus críticos en El Salvador.
Hasta ahora, el fiscal general Delgado, masterclass, no ha investigado al diputado Guevara. Ni a él ni a decenas de funcionarios cercanos a Bukele, ministros y secretarios de Estado incluidos, a los que Estados Unidos u otros fiscales salvadoreños, a los que Delgado destituyó, investigaron por posibles actos de corrupción y otros crímenes.
Guevara no fue el primer bukelista que apareció nombrado en la Lista Engel. En 2021, cuando el Departamento de Estado hizo público el primer listado, nombró a 14 salvadoreños, entre ellos a Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele y quien aún sigue en el puesto a pesar de que el Tribunal de Ética Gubernamental la multó por becar a una familiar con fondos públicos.
De Recinos también dijo Washington que había participado en un esquema internacional de lavado de dinero, en referencia al caso de Alba Petróleos, la filial salvadoreña de la petrolera venezolana PDVSA, investigada en Venezuela, Estados Unidos y El Salvador por blanqueo de dineros.
En la versión de 2021 de la Lista Engel el Departamento de Estado de Joe Biden también nombró al dirigente político José Luis Merino, quien manejó durante una década los hilos de Alba Petróleos y ha sido uno de los principales padrinos políticos de Nayib Bukele. Antes de ser fiscal general para el gobierno actual, el fiscal Delgado fue empleado de Alba Petróleos el conglomerado de Merino, según reveló Infobae.
Delgado fue nombrado fiscal general de El Salvador el 1 de mayo de 2021 por la supermayoría bukelista en el Congreso, de la que el diputado Guevara es líder. En julio de ese año, cuando se hizo pública la primera versión de la Lista Engel, Delgado desechó cualquier investigación a partir de los indicios aportado por Estados Unidos aduciendo temas de soberanía nacional.
El caso de la diputada Santos
La respuesta del bukelismo a la Engel en 2021 fue furibunda. Pocos días después de la publicación, el Congreso formó dos comisiones legislativas especiales para investigar a funcionarios de gobiernos pasados y organizaciones no gubernamentales que habían recibido fondos públicos. La diputada Rebeca Santos hizo parte de una de esas comisiones y fue una de las más agresivas en los interrogatorios a opositores. El paso por esas comisiones dio a Santos un perfil político que antes no tenía y la convirtieron en una diputada popular por el departamento de La Libertad, uno de los más poblados del país.
Miembro de una familia con raíces políticas en la izquierda salvadoreña, Santos hizo valer su influencia y colocó a varios de sus parientes en alcaldías controladas por el oficialismo. Su esposo fue nombrado jefe de un departamento de atención a víctimas en el ministerio de seguridad pública y justicia a pesar de no tener experiencia en el tema.
Audios filtrados por el ex asesor presidencial Alejandro Muyshondt, hoy preso, revelan que la diputada Santos ofreció a su colega Erick García, también preso y purgado de Nuevas Ideas, darle un documento falso para justificar un préstamo por 90,000 que, se entiende en las conversaciones, estaban relacionados con un narcotraficante. Santos fue inhabilitada por Nuevas Ideas para competir en las legislativas de 2024.
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, preso por actos de corrupción, tiene nexos con varios funcionarios del gobierno Bukele. EFE/Rodrigo Sura
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, preso por actos de corrupción, tiene nexos con varios funcionarios del gobierno Bukele. EFE/Rodrigo Sura
En un principio, cuando estalló el escándalo entre los diputados del partido oficial y Muyshondt, el diputado Christian Guevara, jefe de bancada, acusó al ex asesor presidencial de ser un caballo de troya. Porfirio Chica, el publicista con el que Bukele ha estado relacionado y quien controla páginas web de noticias falsas, defendió la inocencia del diputado Erik García.
El bukelismo ha solventado el asunto con una investigación exprés desde la fiscalía general y el mismo Congreso que, sin embargo, ha pasado de puntillas por el asunto del narcotráfico.
Mientras todo esto ocurre, el diputado Guevara, la jefa de gabinete Recinos, el dirigente político Merino y otros funcionarios cercanos a Bukele, incluidos un secretario presidencial y el jefe de prisiones acusados de pactar con las pandillas, no caen en la cruzada anticorrupción anunciada en televisión nacional por el presidente salvadoreño.
Fuente: Infobae
