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El domingo se elegirá a la última Asamblea de 137 legisladores, para 2025 subirían a 152, todo dependerá del resultado del censo

La última Asamblea Nacional conformada por 137 legisladores podrá elegirse este 20 de agosto de 2023. La que terminó su gestión el 17 de mayo pasado lo hizo con una aceptación del 6 %, según las encuestas.

Esta Función Legislativa, que tenía como principal bancada al correísmo, fue disuelta por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de la muerte cruzada, lo que conllevó a elecciones anticipadas que se realizarán el próximo domingo.

En estos comicios se elegirá a 137 legisladores que estarán en el cargo hasta mayo del 2025, pero podría ser la última vez que se escoja ese número, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) tiene previsto entregar los resultados del último conteo poblacional en septiembre próximo.

Con ello se actualizará la base de datos de la población de cada provincia, lo que debería implicar en la práctica que algunas tengan más representantes para las elecciones del 2025.

Todo dependerá del último censo poblacional realizado entre 2022 y 2023, cuyos primeros resultados se divulgarán la tercera semana de septiembre próximo con la presentación del conteo de “población y vivienda a nivel nacional, provincial y cantonal; igualmente, las primeras estimaciones de las nuevas proyecciones de población”, indica la entidad.

El organismo oficial de cifras añade que “para noviembre estarán disponibles datos sobre la caracterización de la población y las viviendas, la proyección final de la población a nivel nacional y un segundo reporte del trabajo del Comité Evaluador”.

Hay quienes cuestionan el excesivo número de asambleístas, que suma asesores y equipos de trabajo, de la Función Legislativa, cámara unicameral que tiene la competencia de fiscalizar y debatir las leyes y reformas del país.

Byron Villacís, exdirector del INEC, indica que en septiembre próximo se divulgarán resultados preliminares, pero no hay certeza de lo que finalmente se presentará y si aquello servirá para tomar decisiones respecto a la distribución político-administrativa del país.

“Esperaría no solo los resultados de noviembre, sino además una auditoría independiente que identifique cuál es la calidad del censo porque hay serias dudas”, asegura.

El impacto más grave sería si se llega a determinar que hay menos población de la que realmente tiene el país, añade Villacís. “Ahora la proyección indica que tenemos una población cercana a los 18 millones, esta ha sido estable y corroborada cada año con las estadísticas de las entradas y salidas y la de nacimientos y muertes. Existe la probabilidad de que no hayan censado a todos ellos, sino que solo entre 15 y 15,5 millones de habitantes”.

El censo del 2010 determinó que en Ecuador había 14′483.499 habitantes.

Con ese número de pobladores, la cantidad de asambleístas provinciales alcanzó los 116, que son los que se escogen desde el 2013 hasta la actualidad basándose en las condiciones establecidas en la Constitución de Montecristi, aprobada en octubre del 2008.

El artículo 118 de la Carta Magna establece que la Función Legislativa se integrará con 15 asambleístas nacionales y que la ley determinará la elección de los que representen a las circunscripciones del exterior, lo que se fijó en seis.

El número que varía es la cantidad de legisladores por provincia. En ese caso se determinó que serán dos asambleístas elegidos por cada provincia o distrito metropolitano y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo con el último censo nacional de población.

Para el periodo legislativo 2009-2013 se escogieron 103 asambleístas provinciales. Los escaños se determinaron según la población de las provincias establecida en el censo del 2001, que era el último del que se conocían sus resultados en 2009.

Tras el censo del 2010 ocho provincias aumentaron su representación. Son Pichincha (con cuatro legisladores más), Guayas (tres más) y El Oro, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos con uno más en cada una.

Los 116 provinciales, que suman 137 con los 15 nacionales y 6 del exterior, se escogen desde el 2013 hasta la actualidad de acuerdo con el último censo del que se tienen resultados ahora, el del 2010.

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Si las proyecciones de aumento poblacional se comprueban con el último censo, el número de asambleístas aumentaría de 137 a 152. El cálculo de la cantidad de legisladores provinciales se basa en los censos nacionales por lo que la cifra que finalmente se determine quedará hasta que se tengan los resultados del próximo censo.

Pero también está la posibilidad de que el resultado del censo indique una población por debajo de esa proyección. “Si el INEC no acepta que hubo una subcobertura, van a argumentar que hay menos población en el país de la que se creía”, asegura Villacis.

Si ocurre aquel escenario, habrá provincias que tengan menos representación en el Legislativo, añade. Si la diferencia del resultado del censo con respecto a la proyección es de hasta 400.000 habitantes, el impacto no es tan grave respecto a la pérdida de representatividad de ciertas provincias.

La situación cambia si la diferencia es de tres millones. “Allí hablamos de entre 10 y 15 asambleístas que dejarían de existir, lo que quita una representación política gravísima para el país”. Estos son el 11 % de la representación actual de la Asamblea.

Villacís señala que podría darse una subcobertura del 15 % al 18 %, lo que son unos tres millones de habitantes no censados. En un censo normal indica que esta llega al 3 %, que implica unos 500 mil habitantes menos que se distribuyen entre las 24 provincias por lo que la afectación en la representación política es mínima.

La opción que queda si hay una reducción grande entre el resultado del censo y la proyección calculada es realizar un conteo rápido del número de personas que viven en cada casa para incluir la cantidad que haga falta, plantea Villacís, escenario que se daría si se reconoce que no se censó a toda la población.

Carlos Aguiñaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (como antes se conocía al Consejo Nacional Electoral), indica que generalmente lo que ocurre es que los representantes provinciales aumentan, ya que Ecuador es un país en el que nacen más de los que mueren.

Tras cada uno de los censos se ha determinado una tasa de crecimiento de la población. Entre 1990 y 2001 el número de habitantes se incrementó en un 2,10 % anual. Entre 2001 y 2010 subió a una tasa anual de 1,95 %, pese a la ola migratoria de ecuatorianos hacia el exterior de ese entonces debido a la crisis económica.

Si bien se espera que siga disminuyendo el ritmo de crecimiento poblacional, aún no se llega a los niveles de reducción del número de habitantes.

No hay un factor preponderante que indique una reducción significativa de este ritmo de crecimiento, señala Villacis.

La estimación oficial indica que durante la pandemia murieron 36 mil personas debido al COVID-19.

El número de hijos promedio por mujer es de 2,1. Esto nunca cambia de manera tan brusca. “Para decir que no haz contado a tres millones de personas la natalidad tendría que haber bajado de 5 por mujer en 2019 a dos ahora, y eso es absurdo, eso no ha pasado”.

Los saldos migratorios de los que salieron del país de forma legal y no retornaron suman 200 mil entre 2021 y 2022, manifiesta Villacis, si por subregistro sumamos 50 mil más pues serían 250 mil.

Ni la pandemia, ni la reducción de la natalidad, ni la migración bajarían tanto la población de manera tan brusca”, asegura.

Además, la forma cómo se calcula el número de asambleístas por provincias requiere cambios, dice Aguiñaga.

“Siempre se ha mantenido esta fórmula que tiene distorsiones para efectos del cálculo de la representación porque no es técnicamente bien hecha, sino una forma políticamente formulada en la Constitución para integrar la Asamblea Nacional”, afirma.

Esta distorsión genera una sobrerrepresentación, dice, en provincias con población muy reducida frente a las otras más pobladas. “Cuando se calcula el promedio de habitantes por asambleísta va a encontrar que existen unas diferencias muy amplias”.

Cañar, por ejemplo, tiene un asambleísta por cada 78.000 habitantes, mientras que Guayas tiene uno por cada 189.000, de acuerdo a la población de ambas provincias del censo del 2010 y según la forma como se estableció la distribución de los escaños provinciales en la Carta Magna del 2008.

El origen de esta distorsión, agrega Aguiñaga, se da con la premisa de que cada provincia y distrito metropolitano parte con dos legisladores y de allí en adelante se van sumando, según su población. “Se requiere una reforma constitucional, una reingeniería política, pero veo muy difícil que se concrete”.

Hay alternativas para designar los escaños como tomar en cuenta el área territorial de las provincias y no solo su población. (I)

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Fuente: El Universo
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