Con cuestionamientos, preocupaciones y advertencias se inició el trámite de la reforma parcial constitucional planteada por el Ejecutivo al artículo 158 de la Constitución a fin de que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado.
Dicho trámite está a cargo de la comisión ocasional de enmiendas constitucionales presidida por la legisladora de Pachakutik Isabel Enríquez. El cronograma de trabajo aprobado determina plazos máximos para los procesos de socialización y comparecencias de actores sociales, catedráticos y políticos.
Las comparecencias comenzaron la semana anterior con la exposición de Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, sobre el alcance de la propuesta, además de tres expertos y catedráticos en materia constitucional.
Para esta semana se tiene prevista la presencia del ministro del Interior, Juan Zapata; el comandante general de la Policía, Fausto Salinas; catedráticos y expertos en derecho constitucional y derechos humanos, como André Benavides, Juan Pablo Albán y Pablo Encalada, entre otros.
El Ejecutivo, en su propuesta de reforma constitucional, propone cambiar el texto del artículo 158 de la Constitución.
La pregunta que se propone sería la siguiente: “Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?”.
Las comparecencias, según el cronograma aprobado, durarán hasta el 4 de febrero próximo; la aprobación del informe para primer debate será el 11 de febrero, y la entrega del documento a la presidencia de la Asamblea está prevista para el martes 14 de febrero.
Según Juan Francisco Guerrero, catedrático universitario y experto en derecho constitucional, la comisión debería considerar lo que dijo la Corte Constitucional en su dictamen de que la propuesta del Ejecutivo es demasiado general y que se tendría que establecer algún tipo de límites, y dejar claro que el presidente de la República no dispone, sino que decreta el apoyo complementario.
Es fundamental, añade Guerrero, establecer que la participación de las FF. AA. debe tener un límite temporal determinado, pues no se puede otorgar al primer mandatario una facultad extraordinaria sin límites o de forma indefinida; y tampoco puede el presidente decretar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en casos diferentes al combate al crimen organizado; por lo tanto, no puede usarse esa atribución para reprimir movilizaciones sociales. Además, dijo que la medida debe tener un tipo de control de naturaleza jurídica en manos de la Corte Constitucional y político por parte de la Asamblea Nacional.
Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Derechos Humanos Segundo Montes Mozo, advierte que se pretende usar a las FF. AA. y el paradigma de la seguridad para respuestas de carácter social y respuestas de carácter político, que podrían tener enfoques de derechos humanos.
Una de las nuevas amenazas en las políticas de seguridad es el narcotráfico, y que eso se está utilizando como justificación para acciones investigativas y formas de vigilancia supuestamente dirigidas a grupos criminales; pero muchas veces se utilizan contra opositores políticos, actores sociales, e impactan sobre los derechos a la organización, la participación, la protesta y la privacidad.
Dolores Miño, directora del Observatorio Derechos y Justicia, recomienda a los legisladores tomar en cuenta los estándares vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recalca que el tema de seguridad ciudadana es un tema de derechos humanos.
Que el Estado quiera asegurar la seguridad ciudadana es compatible con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos, pero también se debe decir que la construcción de una política de seguridad ciudadana necesariamente tiene que observar y respetar los estándares sobre derechos para limitar el ejercicio de las intervenciones por parte de la fuerza pública.
La presidenta de la mesa, Isabel Enríquez, dice que en esta primera etapa de análisis se incluirá a todos los actores políticos, sociales, de derechos humanos, catedráticos y ciudadanos al debate con el propósito de conocer sus inquietudes. La comisión abrirá un debate responsable con expertos nacionales e internacionales, añadió.
La representante de Zamora Chinchipe aspira a presentar un informe que contribuya a dar una solución al problema de inseguridad que vive el país, pues existen provincias y pueblos que estaban llenos de paz y ahora están rebosados de personas extranjeras, como colombianos y venezolanos, que están inmersos en hechos de usura y el chulco, lo cual contribuye al ambiente de inseguridad.
Los legisladores Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Marlon Cadena (ID), que integran la mesa ocasional, expusieron sus preocupaciones y temores, e incluso dudan de que sea necesaria la reforma para permitir la participación de las FF. AA. en temas de inseguridad y combate al crimen organizado. Pero la representante oficialista, Blanca Sacancela, señala que es muy temprano para anticipar criterios sobre la necesidad de una reforma a la Constitución que debe transcender más allá del Gobierno de turno.
Vanegas sostiene que la comparecencia del asesor jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, no fue convincente y se quedó en el contenido doctrinario; además, se debe precisar que en la legislación ecuatoriana no se contempla el crimen organizado, lo que existe es la expresión delincuencia organizada. También se debe tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas están preparadas para la defensa externa y no la seguridad interna.
Además, advierte que se debe evitar que, a pretexto de combatir la delincuencia organizada, las FF. AA. salgan a reprimir la protesta social bajo el concepto de que estas son planificadas por la delincuencia organizada. “La propuesta del Ejecutivo no me convence”, afirmó Vanegas, porque a través de un estado de excepción pueden salir las Fuerzas Armadas.
A criterio del legislador Marlon Cadena (ID), la reforma parcial a la Constitución supone una cortina de humo, pues se trata de distraer la atención y pretende dejar en la Asamblea Nacional la responsabilidad de definir el tema, cuando el país conoce que existe una escasa y pobre gestión del Ejecutivo con respecto a seguridad. La seguridad no pasa por más leyes y reformas, sino por la voluntad política del Gobierno de entregar recursos, dotación, fortalecimiento y capacitación a las instituciones encargadas de la seguridad interna del Ecuador.
El representante de Pichincha advierte que la vía que plantea el Ejecutivo traerá polémica y debate, porque el Gobierno puede disponer vía estado de excepción la participación puntual de las FF. AA. en cuestiones de combate a la inseguridad, y consideró que sería mejor apostar a una reforma al artículo constitucional referente a los alcances de los estados de excepción; con ello se evitaría que los militares puedan ser usados para otros fines, como perseguir o buscar chivos expiatorios.
Blanca Sacancela, legisladora de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), refuta lo que sostienen sus colegas legisladores, e incluso a quienes ya comparecieron ante la mesa, pues asegura que esas posturas son muy tempranas, porque se tiene que escuchar a los actores principales de la seguridad en el país, como son los secretarios del ramo, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
La reforma constitucional sobre la participación complementaria de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado debe ser pensada más allá del actual Gobierno y tomar en cuenta algunas experiencias de países vecinos. La propuesta del Ejecutivo, aclara, es una respuesta a la ola de inseguridad en el país, liderada por estructuras delincuenciales; no es una reforma para Guillermo Lasso, sino para el Ecuador. (I)
Fuente: El Universo
