Entre el 8, 14 y 15 de enero, más de 360 candidatos que aspiran a llegar a las prefecturas de 17 provincias y a 21 alcaldías debutarán por primera vez en los debates electorales obligatorios rumbo a las elecciones seccionales del 5 de febrero próximo, en las que también se votará por los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y por el sí o el no al referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución.
En el trámite legislativo de las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde febrero del 2020, se incluyó la organización de estos actos, a los que se conceptualizó como “formas de discusión pública en las que los candidatos a una dignidad contrastan sus programas de gobierno y propuestas programáticas, sometiéndose al cuestionamiento de sus rivales, moderadores y ciudadanía, a través de los medios de comunicación y público presente”.
La norma precisó que se realizarán para dos tipos de procesos: para la elección del presidente de la República, en primera y segunda vuelta (de ser el caso); y para la elección de prefectos y alcaldes, pero solo en aquellas jurisdicciones en las que haya más de 100.000 electores.
Son obligatorios porque aquel candidato que no asista incurriría en una infracción electoral muy grave que se sanciona con multa de 21 salarios básicos y hasta 70, la destitución o suspensión de los derechos de participación de dos a cuatro años.
Para el subdirector de la corporación Participación Ciudadana (PC), Simón Jaramillo, el Ecuador no ha tenido una “tradición” de promover estos foros, pues, antes de que estos fueran obligatorios, el más recordado fue el que se realizó en abril de 1984 entre los presidenciables Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática (ID), y León Febres-Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC).
“Esto demuestra que el Ecuador no tiene una tradición de debates, pero esa tradición hay que irla trabajando, implantando, y estoy seguro de que esto se irá fortaleciendo en los próximos años”, opinó Jaramillo.
A su criterio, su utilidad es la de dar el derecho al elector de estar informado sobre las propuestas de un candidato, y obliga a que ellos “precisen los temas”.
“Los candidatos en sus spots, en sus discursos, cuando se suben emocionados en las tarimas, hablan para las tribunas y dicen las cosas bonitas que el votante quiere escuchar; pero en un debate, cuando hay una moderación y metodología adecuadas, se obliga a que profundicen los temas. En el buen sentido, el objetivo de los debates debe ser arrinconar a los candidatos para que no solo se hable para la tribuna, sino que se diga qué va a hacer sobre lo que le preocupa a la gente, como la movilidad, seguridad, economía…”, añadió Jaramillo.
En cumplimiento de la norma, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el primer debate obligatorio en los comicios presidenciales del 2021, con la participación de quince candidatos; y, para la segunda vuelta, para los dos más votados, que fueron Guillermo Lasso y Andrés Arauz.
Veintiún meses después, el CNE, en conjunto con las juntas provinciales electorales y las delegaciones, debutarán con la organización de Ecuador Debate 2023, que contempla 38 debates: para los candidatos a 17 prefecturas y para aquellos que aspiran a las alcaldías de 21 cantones.
Aunque el Consejo Electoral no ha cerrado la sesión de calificación de candidaturas, pues restaba la calificación de un candidato a la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, se prevé la participación de 151 candidatos por la dignidad de la prefectura.
Para ellos, los debates se realizarán este 8 de enero en Azuay, Imbabura, Bolívar, Loja, Cañar, Los Ríos, Carchi, Manabí, Cotopaxi, Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Guayas y Santa Elena.
En tanto, para las 21 alcaldías se llevarán a cabo el 14 y 15 de enero, y participarían 213 candidatos en Esmeraldas (Esmeraldas); Portoviejo, Manta y Chone (Manabí); Santa Elena (Santa Elena); Babahoyo y Quevedo (Los Ríos); Cuenca (Azuay); Machala (El Oro); Loja (Loja); Guayaquil, Milagro, Daule y Durán (Guayas).
En Riobamba (Chimborazo); en Ambato (Tungurahua); en Latacunga (Cotopaxi); Ibarra y Otavalo (Imbabura); Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas); y en Quito (Pichincha).
Es decir, alrededor de 364 candidatos, quienes conocen el orden de ubicación en el escenario, de intervención e interpelación por parte de sus adversarios, expondrán ante las cámaras qué tanto conocen de sus ciudades y las soluciones que propondrán para los problemas de la gente y así captar el voto.
Para evitar las respuestas ambiguas, el Comité Nacional de Debates, integrado por el CNE, elaboró 136 preguntas que se harán a los aspirantes a las prefecturas y 168 para aquellos que van por las alcaldías.
Los cuestionarios están basados en cuatro ejes temáticos: seguridad y convivencia ciudadana; economía; movilidad, medioambiente, territorio; y administración local y provincial.
Como parte de las reglas a seguir y garantizar el orden, la autoridad electoral definió un tiempo de hasta 45 segundos para que cada candidato responda las preguntas y repreguntas.
Estos eventos se iniciarán de forma simultánea en las 17 provincias, a las 19:00, y se extenderán hasta las 22:00 si son más de ocho candidatos, y hasta las 20:00 si son menos de ocho.
La característica de la obligatoriedad es nueva en el Ecuador, pues desde el retorno a la democracia, en la década de los 70, se realizó el primer debate televisado en mayo de 1978, entre los candidatos presidenciales Jaime Roldós y Sixto Durán-Ballén.
Luego, en abril de 1984, se confrontaron Rodrigo Borja y León Febres-Cordero, siendo uno de los más recordados por la dureza con la que expusieron sus posturas políticas. Estuvo a cargo de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, con el apoyo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).
Desde entonces, ha sido la sociedad civil la que ha fomentado estas deliberaciones; pero, al ser voluntarias, muchos de los candidatos las evadían.
“Como los organizaban entes privados o la sociedad civil y no eran obligatorios, lo que sucedía era que los candidatos que estaban primeros en las encuestas, atendiendo las recomendaciones de sus expertos en marketing electoral, no participaban porque se iban ‘a cargar’ contra ellos, cosa que no siempre sucedía”, recordó Simón Jaramillo.
Ejemplificó que postulantes como Jefferson Pérez, en Cuenca, y Paco Moncayo, en Quito, estando primeros en las encuestas, no participaron y luego perdieron en las votaciones; o como el expresidente de la República Lenín Moreno en las presidenciales del 2018, que no asistió a una invitación.
Es por ello que se impulsaron las reformas legales para que los debates “no se orienten dentro de la perspectiva del nivel de estrategia de campaña, sino del derecho del ciudadano a estar informado”, acotó.
César Ricaurte, de Fundamedios, fue parte del Comité de Debates en las presidenciales del 2021. Aunque recuerda que hubo dificultades y fallas de organización, ese evento ayudó al electorado a “diferenciar, constatar y comparar los desempeños de los candidatos”.
Resalta que estas discusiones deben convertirse en “instituciones centrales”, y “más aún en procesos con tantos vicios y problemas como los que vemos en el Ecuador”.
“Es fundamental fortalecer y reforzar estos espacios para que se conviertan en una práctica democrática”, dijo Ricaurte, quien no coincide con la “sobrerregulación” que implementó el Consejo Electoral al expedir “estrictas” normativas, como el Manual de Debates.
En todo caso, las expectativas que dejen estos debates después del 8, el 14 y el 15 de enero en la ciudadanía serán un insumo para la sociedad civil y los actores políticos que permita evaluar las acciones por corregir para los procesos venideros, reflexionó Pablo Escandón, integrante del actual Comité Nacional de Debates.
“Queremos ver cómo se manejan los candidatos, para en una siguiente elección analizar qué se debe modificar en las preguntas; por ejemplo, para que los próximos comités de debates evalúen cómo los candidatos no se vayan por las ramas, sino por el tronco”, apuntó Escandón.
Él visualiza un problema que podría afectar el desarrollo de estas deliberaciones públicas: el tiempo y el número de candidatos.
“El problema es el Código de la Democracia, que promueve y facilita que existan tantos candidatos, además de las falencias en la capacitación política y que la ley permite que los partidos sean de alquiler. Pero estos debates harán que, en pocos segundos o minutos, el postulante sea preciso, y es ahí que viene el trabajo de preparación, para que no conteste lo mismo de siempre y no vaya a ser proselitismo vacío”, señaló.
Aunque estos mecanismos son nuevos y hay que irlos profesionalizando, Jaramillo cree que se debería caminar en debates temáticos; es decir, en los que se profundicen temas puntuales y no varios temas en un solo espacio, “porque, si no, en un debate en el que se habla de todo se habla de nada”. (I)
Fuente: El Universo
