Con una amplia mayoría, este 5 de enero de 2023, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto que reforma a nueve leyes en materia de seguridad integral donde se plantea una reestructura al sistema penitenciario, endurece las penas para las llamadas “vacunas”, aborda temas de seguridad ciudadana y defensa nacional.
Fueron 117 legisladores que se pronunciaron a favor de la moción que planteó el legislador, Ramiro Narváez (ID), quien preside la mesa legislativa que tramitó y procesó las observaciones que llegaron durante la socialización del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral.
Se establece la obligación de las entidades que tienen vinculación con seguridad de coordinar acciones lo que no podrá ser entendido como intromisión o alteración de funciones.
En cuanto a las llamadas “vacunas”, se incorpora un texto al artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tiene relación con el delito de extorsión, donde se establece una pena entre 5 y 7 años y una multa entre 20 y 24 Salarios Básicos Unificados (SBU).
Pero se agrava la pena y la multa si el delito de extorsión se comete de manera periódica o repetitiva, y si la extorsión a través de “vacunas” se ejecuta con amenaza de muerte, lesión o secuestro.
Respecto al delito de robo, también se agrava la pena y las multas:
- Con pena de 5 a 7 años y multa de 20 a 40 SBU si el robo se produce con fuerza en las personas, si se ejecuta con arma blanca, arma de fuego u objetos que la simulen.
- De 7 a 10 años y multa de 40 a 80 SBU si el delito de robo se comete sobre bienes públicos o incautados que no constituyan material bélico ni sustancias sujetas a fiscalización.
- Se establece una pena de 10 a 13 años y multa de 80 a 120 SBU, si el delito de robo es sobre material bélico o sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Se reformula la integración del Consejo de Seguridad Pública y del Estado al incorporar como parte de ese organismo al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Función de Transparencia y Control Social, al Ministro responsable del Sistema Nacional de Inteligencia y al Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de atención integral a adolescentes infractores.
El proyecto además crea un Consejo de Política Criminal integrado por quince miembros y presidido por el ente rector de la política criminal y de derechos humanos, responsables de la prevención y combate al delito. Se incluye un representante del frente social.
Al respecto la legisladora Nathalie Arias (BAN), destacó que esa entidad deberá ser una institución élite dentro del país y que ahora es necesaria frente al crimen organizado que tiene tintes sofisticados y que rebasa incluso el accionar dentro de la nación, por lo tanto, el plan de la política criminal debe ser ampliamente socializado antes de entrar en plena vigencia y ser adoptado por las instancias respectivas.
En las reformas se incorpora la intervención de las FFAA en ámbitos relacionados con la seguridad de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
En cuanto a rehabilitación social se prohíbe expresamente que la ubicación de las personas privadas de la libertad sea bajo criterio de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada.
Tampoco se podrá utilizar las garantías jurisdiccionales de hábeas corpus o acción de protección para apelar traslados.
Para el caso de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes entre 13 y 16 años de edad, se fija una pena entre 10 a 13 años a quien reclute y los delitos tengan relación con el cometimiento de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo.
En el debate, la legisladora Pierina Correa (UNES), pidió a la sala que se excluyan del proyecto todas las reformas que se realizan al Código de la Niñez y Adolescencia, tomando en cuenta que ella preside una comisión que al momento tramita un Código relacionado con esa materia sobre protección integral. Pero, el pleno de la Asamblea terminó aprobando el informe como fue presentado por parte de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
El proyecto aplica reformas a nueve cuerpos legales:
- Ley de Seguridad Pública del Estado
- Ley Orgánica de Defensa Nacional
- Código Orgánico Integral Penal
- Codigo Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Ley Orgánica de Extinción de Dominio
- Código Orgánico de la Función Judicial
- Ley Orgánica de Servicio Público Ley de Telecomunicaciones (I)
