Voto electrónico, menores sanciones para partidos y el regreso al método D’Hondt, entre los cambios que se harían al Código de la Democracia

Contar con mecanismos de prevención contra la violencia política de género, prohibir la entrega de regalos, fijar la fecha para debates electorales, implementar el voto electrónico de forma local donde se lo considere necesario, retornar al método D’Hondt para la adjudicación de escaños y reducir valores y tiempos de las infracciones electorales están entre las cambios que se plantean en el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, conocida como Código de la Democracia, que ya está listo para ser discutido en el pleno.

El proyecto contempla 48 cambios, tiene 7 disposiciones transitorias y una disposición final. Las reformas que se plantean en el texto final recogen 17 proyectos de ley presentados en diferentes periodos de la Asamblea Nacional y por diferentes legisladores en los últimos años. Para que las reformas estén vigentes para el próximo proceso electoral, el Legislativo debe aprobar el texto antes de que este comience. Si las elecciones de 2025 serían en febrero, el CNE debería iniciar el proceso el próximo mes.

El texto final fue elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, que asegura que promovió una metodología que contó con la participación de la ciudadanía a fin de consolidar el diálogo directo con los distintos actores sociales e institucionales sobre este proyecto de ley en trámite, para poder recibir la mayor cantidad de aportes de instituciones públicas y representantes de la sociedad civil, así como de expertos en derecho electoral y régimen de partidos políticos.

Entre quienes comparecieron figuran también algunas de las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral y diferentes representantes de organizaciones políticas, como Pachakutik; la exbancada de Unión por la Esperanza (UNES, ahora la Revolución Ciudadana); la ex Bancada del Acuerdo Nacional, que agrupaba al movimiento CREO durante el gobierno de Guillermo Lasso; y la Izquierda Democrática, que en este periodo no cuenta con ningún legislador en funciones.

Hacer cambios a la ley electoral ha sido un pedido de varios sectores de la sociedad civil en los últimos años. Sin embargo, expertos consultados mencionan que, si bien —en caso de aprobarse las reformas— habría cambios, no serían los suficientes, ya que consideran que se están dejando fuera temas para fortalecer la democracia y mejorar el nivel de partidos con los que cuenta Ecuador.

Esteban Ron, analista político y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEK, dice que dentro de la agenda para la reforma del Código de la Democracia se dio especial preponderancia al tema del cambio de método para asignación de escaños, y el proyecto que irá al pleno no terminó siendo una reforma integral.

Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, coincide y dice que entre los temas de fondo que no se incluyeron está, por ejemplo, establecer umbrales para la recolección de firmas para el registro de organizaciones políticas.

“Todo el mundo recoge firmas y no hay un filtro para poder saber desde el CNE quién puede registrarse, quién ya ha firmado o no ha firmado cuando se registra un nuevo partido político (…). Mientras eso no se corrija, cualquier otra cosa va a ser simplemente maquillaje”, dice.

Hidalgo cuestiona también que se haya dejado de lado el corregir los defectos de las estructuras de democracia interna y las sanciones cuando los partidos políticos no rinden cuentas sobre sus aportes privados de campaña dentro de los tiempos establecidos en la ley.

¿Qué cambios se harían en el Código de la Democracia?

Entre los cambios que la propuesta plantea está el contar con mecanismos de prevención y programas, incorporar campañas periódicas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política y evaluar constantemente su impacto. Esto de la mano de elaborar un plan para la prevención de violencia política de género en coordinación con el sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y que pasaría por aprobación del pleno de la Asamblea Nacional.

Haciendo una revisión a estos cambios, Hidalgo dice que la reforma de 2020 que se hizo al Código de la Democracia ya incluyó temas sobre violencia política de género y sanciones. Considera que era necesario topar temas como que, dentro del fondo partidario que se asigna a los partidos y movimientos, se establezca un porcentaje obligatorio para promocionar sus cuadros de mujeres.

Las reformas también contemplan continuar con los debates políticos electorales, y entre los cambios que proponen está establecer que se realizará un debate obligatorio en primera y segunda vuelta tres semanas antes del día seleccionado para cada elección. En cuanto a las autoridades locales, como prefectos, alcaldes y miembros de juntas provinciales, también los debates serán obligatorios y realizarán en las mismas fechas, es decir, tres semanas antes de la elección.

En cuanto a los debates presidenciales, se establece también que solo en casos de fuerza mayor, debidamente justificados y aprobados mediante resolución por el CNE podrá asistir el binomio del candidato. Los medios de comunicación públicos deberán transmitirlos a nivel nacional, y en el texto se menciona que las organizaciones de la sociedad civil podrán organizar debates de manera complementaria. Los ciudadanos podrán realizar preguntas a los candidatos a través de medios que determine el CNE para aceptar sus interrogantes.

El domingo 1 de octubre se llevó a cabo el debate de la segunda vuelta electoral entre los candidatos Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, y Daniel Noboa, de la alianza ADN. Foto: Consejo Nacional Electoral (CNE).

Otro de los cambios es prohibir que los sujetos políticos que aspiran o participen en una elección puedan entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, a excepción de artículos promocionales reglamentados. Asimismo, tampoco podrán inscribir a los ciudadanos para el acceso a políticas públicas, servicios básicos, ejecución de obras, planes o programas propuestos por los candidatos.

En lo técnico, se destaca la necesidad de modificar el método de asignación de escaños para garantizar una efectiva representación y gobernabilidad y volver al método D’Hondt. Actualmente en el Ecuador está vigente, desde las elecciones de 2021, la aplicación del método Webster para adjudicar escaños, que tiende a beneficiar a las minorías, ya que el total de votos obtenidos se divide para números impares (1, 3, 5, 7 y más) hasta llegar al número de escaños disponibles.

El método D’Hondt opera de la siguiente manera: el número de votos recibidos por cada lista se divide por cada uno de los divisores, desde el 1 hasta el número total de escaños por repartir; la asignación de escaños se hace ordenando los cocientes de mayor a menor y asignando a cada uno un escaño hasta que estos se agoten. De todos los métodos comúnmente utilizados para la asignación de escaños, el método D’Hondt tiende a favorecer un poco más a los grandes partidos. A nivel de la región, los países que utilizan este tipo de método son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.

Sobre esta eventual reforma, Ron dice que al cambiar el método de Webster por el otro era necesario cambiar también la forma de elección de listas y que se permita una votación abierta entre partidos sin exceder el número de dignidades a elegir.

“El método de Webster se acopla siempre y cuando tú tengas listas cerradas y bloqueadas. Ahora queremos mantener las listas cerradas y bloqueadas con un método D’Hondt, y esto va a ser lapidario para las organizaciones políticas de pequeña escala (…). Si no se cambia ningún tipo de votación, por ejemplo, en la próxima Asamblea, se tendría una representación de 30 o 20 asambleístas más de la Revolución Ciudadana. Para evitar que todo se concentre en una fuerza política es que es necesario desbloquear y abrir la votación”, refiere.

Reducir valores y tiempos de las infracciones electorales plantea el proyecto

En la lista de reformas planteadas está también el reducir valores y tiempos de las infracciones electorales. Po ejemplo, las infracciones relativas al financiamiento de la política y gasto electoral son sancionadas actualmente con una multa de veinte a setenta salarios básicos unificados, y cambiarían a ser solo de uno a veinte; y la suspensión de los derechos políticos actualmente es de dos a cuatro años, y ahora sería solo hasta seis meses.

La misma reducción de sanción económica y de suspensión de derechos políticos aplicará también para sancionar a los responsables económicos de las organizaciones políticas y sus representantes y procuradores en caso de inobservancia de obligaciones relativas a la monetización de donaciones en especie, bancarización de aportes y por prohibición de doble o múltiple contabilidad.

También hay cambios en la sanción para las organizaciones políticas y sus responsables o jefes de campaña que incurran en gastos que sobrepasen los montos máximos. Actualmente son sancionados con una multa del doble del total de los gastos realizados en exceso, que pasaría a ser solo el doble del exceso del gasto realizado.

Estas reducciones en las multas para las organizaciones, dice Ron, lo que hacen es romper con el sistema de control de las organizaciones políticas, ya que actualmente las sanciones tienen un carácter preventivo; pero, en caso de ser menores, tendrán menos importancia y no les importará infringirlas.

Finalmente, en una de las disposiciones trata de implementar el voto electrónico de forma local donde se lo considere necesario, y para esto se menciona que el CNE, en un plazo de hasta cuatro años contados a partir del inicio del año fiscal siguiente a cuando entraría en vigencia esta ley, implementará el mecanismo con las seguridades necesarias para garantizar la transparencia de la votación y, una vez que esté listo, será aplicado en las siguientes elecciones generales en donde el órgano electoral lo defina.

Ciudadana ejerce su derecho al voto en un recinto electoral. Foto: Rolando Enríquez/API

Otras propuestas se quedaron fuera

No obstante, otras reformas se quedaron fuera. Figuraban temas como que la cesación de funciones de los asambleístas pueda ocurrir si este renuncia o es expulsado de la organización política que lo postuló como candidato.

Asimismo, que en las elecciones para representantes a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino, así como para consejeros regionales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales, el voto sea en lista abiertas, sin exceder el número de dignidades a elegir.

Otra propuesta que se descartó fue que las elecciones de asambleístas y de representantes de Parlamento Andino se realizarían el mismo día en el que se hubiere planificado efectuar la segunda vuelta presidencial y no en la primera, como se seguirá realizando.

Se declinó también que solo las organizaciones políticas que hayan sido legalmente registradas hasta dos años antes de la respectiva convocatoria a elecciones puedan inscribir candidaturas.

Además de estos cambios que se dejaron fuera, Ron dice que era necesario intervenir para que en las elecciones internas o primarias exista una verdadera representación de los ciudadanos y establecer puntos como que realmente cumplan con los años de militancia que se requieren, para evitar el transfuguismo político, mejor conocido como “camisetazo”, antes de las inscripciones de candidaturas, o a su vez límites porcentuales de candidatos invitados.

También cree que era la oportunidad para ejercer control sobre el uso de las redes sociales mediante alguna disposición que permita hacer un control transversal. Al igual que establecer que las organizaciones deban difundir sus redes oficiales y cómo manejar un tema de redes sociales a través de capacitaciones. (I)

Fuente: El Universo

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