• abril 10, 2021

Pozo: hay plan B si no se aprueba Ley para defender la dolarización

 Pozo: hay plan B si no se aprueba Ley para defender la dolarización

Mauricio Pozo, ministro de Economía

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Pese al impacto de la pandemia, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, considera que el próximo Gobierno recibirá un país, el 24 de mayo de 2021, “con una economía en orden y en proceso de recuperación”.

El ministro asegura que hay optimismo en el Gobierno sobre la aprobación de la Ley para Defender la Dolarización en la Asamblea Nacional. Hallo: Remoción desenmascarará a los concejales que protegen a Yunda Este es uno de los compromisos que Ecuador acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir USD 400 millones, a mediados de abril. Pero, si la ley no es aprobada, Pozo asegura que “existe un plan B para recibir recursos frescos”.

En el último proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización se habla de dos juntas, una Monetaria y otra Financiera. ¿Qué efecto tiene ese cambio? Había la preocupación de que el Banco Central estaba definiendo políticas en el ámbito monetario crediticio. El Banco Central es una institución que debe ejecutar y no definir las políticas.

Cuando se llamaba Directorio del Banco Central, no había una clara distinción de quién aplicaba la política y quién la diseñaba. Eso dio lugar a que el Directorio fuera reemplazado, en el proyecto de ley, por una Junta de Regulación de Política Monetaria para que sea esta la que defina las políticas y el Banco quien las aplique.

El otro cambio es la creación de la Junta de Regulación de Política Financiera, que es la instancia que definirá las políticas para el ámbito financiero.

¿Con esos cambios, el Ejecutivo podría “meter la mano” en el Banco Central? Mucho más difícil, porque el Presidente de la República es quién propondrá los nombres y las ternas para los cargos de Directorio de estas dos Juntas, pero quien decide o nomina a los miembros es la Asamblea.

Esas autoridades van a estar en funciones cinco años, un tiempo superior al periodo de Gobierno, lo que garantiza un Banco Central independiente, técnicamente hablando. El Banco no será del sector privado, ni será del Gobierno. Será una instancia que tomará decisiones en los ámbitos que le correspondan.

¿Quién o quiénes son los operadores políticos del Ejecutivo que van a trabajar para que el proyecto sea aprobado en la Asamblea? Todos estamos en eso. Yo personalmente estoy metido en esto, tengo contacto permanente con el Presidente de la Asamblea y algunos de los representantes de los grupos políticos.

Otra persona que me está ayudando mucho es el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, que es un buen operador. Otro gran operador es Andrés Isch, ministro de Trabajo, pero como está en su proceso de juicio político no le puedo pedir más, porque tiene su propio problema por resolver.

¿Estos diálogos incluyen a los legisladores del correísmo? He hablado con gente que es crítica frente a los pronunciamientos que hemos realizado, como Ana Belén Marín, que cuestionó la constitucionalidad del proyecto de Ley.

También hemos hablado con fuerzas como Creo, PSC, Suma, algunos independientes, pero hasta allí llegó. En el caso de los correístas, creo que es una conversación que no tiene futuro, no importa lo que propongamos, dirán que no si la propuesta viene del Gobierno

¿Qué hay para los asambleístas a cambio de aprobar esta Ley? No hay nada. Lo que hay es un trabajo de ilustración de los beneficios de la Ley, la aclaración de los conceptos, inclusive de búsqueda de ajustes para que se vea que hay la apertura para hacer cambios. Estamos abiertos a las propuestas de cambios en la ley.

Aunque, obviamente, sí uno que otro asambleísta de provincia que nos dice que votará a favor, a cambio de que el Ministerio de Finanzas haga las transferencias por la Ley de Equidad Territorial a los gobiernos seccionales. Pero esas cosas las vamos a hacer estén o no en este proceso.

¿Existen los votos para aprobar la ley? En política es imposible adelantar lo que puede pasar. Hemos hecho los números uno por uno, y de acuerdo a lo que se ha conversado, sí tenemos una posibilidad medianamente importante, alta, de tener el apoyo para la aprobación de la Ley.

Además, no voy a negar que hay incidencia de lo que pase el domingo en las elecciones presidenciales, porque allí muchos asambleístas se arrimarán al ganador.

El candidato a vicepresidente por UNES, Carlos Rabascall, ha dicho que derogarían la Ley si llegan al poder. ¿Es posible? Como sabe, una ley se borra con otra ley, un decreto con otro decreto, pero esta es una Ley Orgánica, es decir, para empezar (con esa intención) van a necesitar dos tercios de la Asamblea. Yo quisiera ver con qué fuerza política va a luchar contra una ley que defiende lo que la gran mayoría de ciudadanos quiere: la dolarización. No lo veo tan simple.

Con información de Primicias