• agosto 3, 2020

Ley de Educación debe definir el rol de las juntas de resolución de conflictos

 Ley de Educación debe definir el rol de las juntas de resolución de conflictos

Comisión de Educación de la Asamblea.

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En el marco del taller de trabajo sobre el Rol de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, desarrollado el viernes, distintos actores del sistema educativo ecuatoriano coincidieron en que es necesario definir, con claridad, el rol de estas instancias, sobre todo en lo que atañe al conocimiento de las infracciones a la Ley de Educación y los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Dicho encuentro, convocado por la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Jeannine Cruz, contó con la presencia de representantes de diversas entidades, gremios y organizaciones vinculadas con el sector educativo.

Desde la Subsecretaría del Buen Vivir, del Ministerio de Educación, Sebastián Salazar, explicó el funcionamiento de las juntas distritales e identificó sus principales nudos críticos, entre ellos, la valoración de los medios de prueba, la revictimización de los afectados, ausencia de enfoque de género y de derechos de niños, niñas y adolescentes, alta rotación de personal, especialmente de abogados y faltas relacionadas con el debido proceso.

En cuanto a estadísticas, Salazar indicó que de 2014 a 2020 se registran 10 616 denuncias de violencia, de las cuales 3583 se habían producido dentro del sistema educativo (con mayor incidencia en establecimientos fiscales) y los restantes 7023 fuera del sistema, pero vinculado con actividades educativas. Se aclaró que las juntas distritales sancionan las infracciones, no los delitos asociados con violencia.

Para Andrés Aguirre, de la Dirección de Protección de Víctimas de la Defensoría Pública, la entidad prioriza la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, sobre todo de carácter sexual, están presentes en las 24 provincias del país, con 194 puntos de atención, en 146 cantones.

Prestan asesoría y patrocinio a víctimas. Según su visión, los nudos críticos son: revictimización; distintas decisiones; falta de trabajo interinstitucional; ausencia de mecanismos de seguimiento, así como de canales de coordinación.

Mientras, Isabel Vargas, a nombre del Magisterio, cuestionó el hecho de que las juntas fueron utilizadas como mecanismo de persecución a los maestros que expresaban su descontento con el manejo de la educación en el país y eso no puede seguir así.

Daniela Pabón, del Consejo de Protección de Derechos, se mostró partidaria de articular un trabajo interinstitucional que ponga énfasis en la defensa del principio del bien superior del niño.

Entre tanto, la estudiante Scarlet Tamayo, subrayó que en muchos de los casos que se siguen en las juntas distritales se evidencia la complicidad de las autoridades con los agresores y se deja a las víctimas en indefensión, según informó un comunicado del Legislativo.

Entre las conclusiones del encuentro consta la necesidad de definir, con claridad, las funciones y competencias de las juntas distritales de resolución de conflictos, así como el proceso adecuado para el trámite de las infracciones y evitar la revictimización; y, que las juntas sean integradas mediante concurso, para garantizar su independencia.

Finalmente, Jeannine Cruz, tras agradecer la presencia de los representantes de diversos sectores vinculados con la educación, aseguró que el debate y, sobre todo, las observaciones expuestas son insumos de gran valor para la construcción del informe, en torno al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). (I)

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