• diciembre 1, 2022

Gobierno y Pachakutik bloquean destitución de Guadalupe Llori por cobro de diezmos

 Gobierno y Pachakutik bloquean destitución de Guadalupe Llori por cobro de diezmos

La Asamblea Nacional reunida este 23 de noviembre no alcanzó los 92 votos para destituir del cargo de asambleísta a Guadalupe Llori, acusada de beneficiarse del cobro de diezmos. Cortesía Foto: Christian Medina

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Los votos de las bancadas de Gobierno y un sector de Pachakutik bloquearon la intención de los correístas y socialcristianos de destituir a Guadalupe Llori Abarca, del cargo de asambleísta representante de la provincia de Orellana y donde además se planteó que se prohíba a la acusada de ejercer un cargo público.

A la moción planteada por la legisladora, Johana Ortiz, de la bancada Unión por la Esperanza, le faltó diez votos para reunir las 92 voluntades que se necesitan para destituir a un legislador.

Los 82 votos a favor de la destitución vinieron de UNES, PSC, ID y un sector de independientes. En tanto, que 11 legisladores de Pachakutik, 2 del BAN-CREO y 1 independiente votaron en contra y hubo también 29 abstenciones del BAN-CREO y Pachakutik.

El legislador Celestino Chumpi (Pachakutik), planteó la reconsideración de la votación y ésta pasó con 81 votos, pero la ponente de la moción se ausentó del pleno, por lo que el presidente de la Asamblea, Virgilo Saquicela, suspendió la sesión y el tema queda pendiente de resolución definitiva.

Ortiz acusó a la asambleísta de Orellana de supuesto cobro de diezmos a sus ex colaboradores al exigir el alquiler de un vehículo de lujo para su movilización cuando ejercía la presidencia de la Asamblea Nacional. Según la denuncia, la renta del vehículo y el combustible era cubierto por los colaboradores del despacho presidencial e incluso hubo un testimonio de que una funcionaria que devengó el 70% de su salario para cubrir esos gastos.

Dalton Bacigalupo (ID), dice que el país espera una sanción disciplinaria ejemplar al interior del Parlamento ecuatoriano, por lo que la Izquierda Democrática votará por elevar el nivel ético de la gestión parlamentaria; es decir, votar por la destitución de la asambleísta, Guadalupe Llori.

Durante el procesamiento de la denuncia en el Comité de Ética, la legisladora acusada se defendió a través de su abogado, pero en la sesión plenaria de este 23 de noviembre acudió al pleno para deslindar responsabilidades.

Defensa

La exposición de Guadalupe Llori, empezó recordando que fue víctima de persecución por parte del correísmo al que se pertenece su acusadora. Que quién antes la persiguió y encarceló, ahora está fuera del país, y que no solo la encarcelaron, sino que en su momento la destituyeron como prefecta y luego como presidenta de la Asamblea Nacional y ahora quieren destituirla como asambleísta. Exijo respeto a su representación, reclamó.

Respecto a la acusación sobre beneficiarse de la renta de un vehículo de AVIS renta car, para su movilización y que semana a semana era pagado por sus colaboradores, dijo que una similar denuncia ya se presentó y lo hizo la asambleísta también del bloque correísta, Marcela Holguín.

Dijo a la sala que la acusación es la misma que se presentó antes y que no fue calificada por la ausencia de legisladores en la reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), por lo tanto, no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

Al respecto la asambleísta acusadora, Johana Ortiz (UNES), recordó al pleno que nunca se calificó esa denuncia de su colega, porque la entonces presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, dejó que precluya el plazo y no se trató el tema. Por ese motivo, el nuevo CAL, calificó su denuncia, anotó.

Descargo

Al referirse a la denuncia presentada en su contra, Guadalupe Llori, manifestó que a la fecha de los supuestos hechos imputados en su contra, ella cumplía sus funciones conforme lo determina la ley, y que ella encargó la gestión administrativa conforme a sus competencias a la secretaría, administración general y coordinaciones, en tal virtud, la provisión de bienes y servicios para los asambleístas y servidores legislativos se encontraban bajo la responsabilidad de la coordinación general administrativa.

Por lo tanto, el concepto de grupo de trabajo previsto en el numeral 4 del artículo 163 de la ley orgánica de la Función Legislativa, no es aplicable a este caso, sino para curules administrativos, por lo tanto, “yo no he solicitado ni he recibido ningún tipo de beneficio de parte de mi grupo de trabajo”, destacó.

Añadió que la denuncia no cumple con lo que determina el artículo 163 de la ley de la Función Legislativa, por cuanto, del mismo relato se desprende que el pago del supuesto vehículo no proviene de los fondos públicos, y que la remuneración al ser depositada en cuentas de los servidores legislativos constituyen fondos privados.

“Yo nunca pedí a ningún funcionario o servidor legislativo que pague el alquiler del mencionado vehículo con fondos públicos ni privados”, insistió la acusada.

Que la encargada de realizar cualquier proceso de contratación de bienes y servicios, en este caso del vehículo indicado en la denuncia, no era la presidenta, Guadalupe Llori, sino las dependencias correspondientes, procedimiento del cual no tuvo conocimiento.

Recordó que, en el 2021, emitió una circular donde advertía a los asambleístas y servidores legislativos que se encuentran prohibidos de solicitar o entregar colaboraciones de cualquier índole, por lo tanto, sería ilógico “que yo incurriera justamente en esas prohibiciones”.

Por lo tanto, los servidores y ex legislativos conocían plenamente que no podían entregar ningún tipo de aporte a favor de sus superiores, por lo que “es claro que si lo hicieron violaron la norma e incurrieron en un presunto delito”, afirmó.

Enfatizó que Guadalupe Llori, jamás ha pedido un aporte o contribución de ninguna clase a nadie, y para que haya una supuesta relación de diezmos debe haber dos personas: la que pida y la que da.

Al finalizar su exposición, Llori, pidió al pleno que archive “el injusto proceso, que sin asidero legal se instauró en mi contra y que termine esa persecución”.

Acusaciones

La legisladora Johana Ortiz (UNES), manifestó que la ex presidenta pretende deslindarse de responsabilidad en la contratación del vehículo, pero administrativamente las decisiones que se toman en el Parlamento tienen responsabilidad quien lo preside.

Insistió que Llori, dispuso la renta de un vehículo de lujo de placas PDM-4146, para uso exclusivo de la presidencia de la Asamblea y que eran pagados por los empleados legislativos, y que esos recursos provenían de sus salarios.

Con ese vehículo, Llori, se movilizó los fines de semana a Tungurahua, Santo Domingo de Tsáchilas y Orellana, y para ello, dijo hay pruebas y registros fotográficos.

Reveló la acusada sabía del alquiler del vehículo porque ella lo dispuso y lo utilizo, e incluso afirmó que el 2 de febrero de 2022, reunió en la sala VIP de la Presidencia, a los servidores legislativos que pagaron la renta del vehículo y les prometió que iba a devolver el dinero del alquiler, hecho que no se ha registrado hasta el día de hoy. Y tampoco sancionó ese tipo de prácticas.

Ortiz, al finalizar el debate presentó una moción para acoger el informe del Comité de Ética de la Asamblea Nacional que recomienda la destitución de Esperanza Guadalupe Llori Abarca del cargo de asambleísta por la provincia de Orellana, en virtud de haberse determinado que incurrió en la prohibición prevista en el numeral 4 del artículo 163 de la ley orgánica de la Función Legislativa.

Tras la votación se registró 82 votos a favor de la moción, y tras la reconsideración abandonó la sala y eso obligó al presidente del Parlamento a suspender la sesión y quedó pendiente la presentación de un nuevo texto para que el pleno resuelva. (I)

EU.