• agosto 7, 2022

Gobierno asegura que ‘no ha existido’ reparto de cargos por parte de autoridades que lideran entidades públicas

 Gobierno asegura que ‘no ha existido’ reparto de cargos por parte de autoridades que lideran entidades públicas

El operativo Danubio se realizó en cuatro provincias, la madrugada del 21 de julio, luego de 10 meses de investigaciones sobre una supuesta red delictiva que ofertaba cargos en el sector público. Foto: cortesía Fiscalía.

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A raíz del proceso judicial que inició por el operativo Danubio, que indaga a una red de personas que supuestamente ofertaba puestos de trabajo en el sector público a cambio dinero, el Gobierno emitió un comunicado en el que anunció que brindará todas las facilidades para que la Fiscalía investigue el caso que surgió por una denuncia de la administración aduanera.

El Ejecutivo aseguró que “en este Gobierno no ha existido ningún reparto de cargos por parte de las autoridades que lideran los ministerios y las entidades que los conforman”.

Añadió que quienes han ofrecidos cargos a terceras personas tendrán que responder ante la justicia.

El operativo Danubio se ejecutó la madrugada del jueves con agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional, que allanaron inmuebles las provincias de Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Azuay. La investigación del caso inició en septiembre de 2021.

Como resultado de esta acción fueron detenidas ocho personas, a quienes se las procesa por el presunto delito de asociación ilícita para oferta de tráfico de influencias.

Según la Fiscalía, los supuestos actos ilegales se habrían cometido en varias instituciones públicas, principalmente en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Entre los elementos de convicción presentados constan transcripciones de conversaciones telefónicas que darían cuenta de las irregularidades.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló entre la noche del jueves y la madruga del viernes, en Guayaquil.

Pese a que la Fiscalía solicitó que se ordene prisión preventiva para los ocho sospechosos, el Juez de Garantías Penales dictó medidas alternativas de prohibición de salida del país, así como presentaciones periódicas ente la autoridad competente, debido a que las defensas justificaron arraigos laborales, familiares y sociales de los procesados. Tras la audiencia, se inició una instrucción fiscal de 90 días. (I)

Fuente: El Universo