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  • julio 10, 2020

Fiscalía solicitó prisión preventiva para Mendoza y Tamayo y presentó 15 elementos de convicción

 Fiscalía solicitó prisión preventiva para Mendoza y Tamayo y presentó 15 elementos de convicción

En Quito se realizó audiencia de formulación de cargos en contra del asambleísta Daniel Mendoza.

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La Fiscalía General solicitó prisión preventiva para el asambleísta de AP, Daniel Mendoza y para el director de Secob, Edmundo Tamayo. Así como para otros tres implicados (Jennifer C., Tania S. y Ángel A) en el caso de un supuesto delito de delincuencia organizada, en torno a la construcción del hospital de Pedernales. Para Olga M., en cambio se solicitó arresto domiciliario y prohibición de salida del país.

El pedido de la Fiscalía se la hizo en medio de la audiencia de formulación de cargos que se llevó adelante desde las 19:00 en la Corte Nacional de Justicia, presidida por el juez Marco Rodríguez. Esto, luego de que a la madrugada se hicieran allanamientos y se procediera a su arresto.

La fiscal General Diana Salazar presentó 15 elementos de convicción. Realizó un análisis de por qué solicita la prisión preventiva. Dijo la Fiscal que se busca evitar que los procesados evadan la justicia, pues tienen un alto riesgo de fuga. Además argumentó que se trata de un delito grave contra la Administración Pública, y que existiría una organización delictiva.

Además pidió retención de cuentas, prohibición de enajenar bienes por el valor de $ 8 millones por concepto de anticipo de la obra por la que se realizan las investigaciones.

En su argumentación Diana Salazar expuso la existencia de una estructura de delincuencia organizada. Explicó que Daniel Mendoza, se valió de su cargo y cordinó acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí.

En chats se verifica cómo otros involucrados le rinden cuentas a Mendoza. Textualmente dicen algunos chats «de parte del asambleísta Daniel Mendoza». Adicionalmente se indica que se encontraron grandes cantidades de dinero en manos del asesor del asambleísta Mendoza y que en los computadores incautados en el Consorcio Pedernales – Manabí se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos. En esos documentos se dice claramente que se entregó dinero a Tamayo y Mendoza, aseguró la fiscal.

Adicionalmente, Jorge Jalil, Edmundo René Tamayo y Franklin Calderón se encontraban en los registros de los pagos realizados por el Consorcio Pedernales – Manabí, encontrados en computadores incautados. Entre tanto, Olga Mesías Chávez es la encargada de efectivizar los pagos del Consorcio Pedernales – Manabí.

Entre los elementos y resultados citados de la investigación la fiscal enumeró memorandos, partes policiales sobre presunta estructura delincuencial, así como escuchas telefónicas de como concertaban entregas de cheques y dinero.

Por su parte, la defensa de Tamayo dijo que su cliente no está mencionado ni en la materialización de teléfonos ni escuchas telefónicas. Tampoco está el nombre del defendido en el informe de la Contraloría General del Estado. Explicó que su defendido vive de su sueldo. También dijo que Tamayo tiene 64 años, 9 meses y 11 días, por lo que antes de que la instrucción fiscal termine, el defendido será un adulto mayor. Por tanto dictar prisión preventiva por su edad y situación médica podría ser una sentencia de muerte. Entre tanto, María Moreira, abogada de Mendoza argumentó que en las pruebas se identifica que se hacen pagos a «asambleístas» y por eso Fiscalía asume que es Daniel M. En este sentido, María Moreira solicita medidas cautelares: prohibición de ausentarse del país y presentación periódica ante la autoridad competente. (I)

Fuente: El Universo

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