• septiembre 29, 2022

Enmienda constitucional del Ejecutivo aviva nuevamente el debate de cómo garantizar una ‘verdadera autonomía’ de la Fiscalía General

 Enmienda constitucional del Ejecutivo aviva nuevamente el debate de cómo garantizar una ‘verdadera autonomía’ de la Fiscalía General

Fiscalía

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¿Se entrega una verdadera autonomía a la Fiscalía General del Estado (FGE)? ¿Se fortalece la independencia judicial? ¿Cuánto ayuda esto realmente a combatir la inseguridad ciudadana? Esas son algunas de las incógnitas que han surgido una vez que el presidente Guillermo Lasso plantea al país como pregunta para enmendar la Constitución si se estaría de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta evalúe, seleccione, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal.

La Constitución vigente define a la FGE, en el artículo 194, como un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, que funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.

Pese a que constitucionalmente está definido que la Fiscalía es un órgano que debe gozar de autonomía administrativa (manejar a su personal interno, lo que incluye la selección evaluación, ascenso y sanción de fiscales y demás personal), autonomía presupuestaria (certeza de la asignación de los recursos financieros, sin estar supeditado a otro poder para obtenerlos); y autonomía financiera (posibilidad de dirigir y administrar los recursos financieros asignados), la misma Constitución le otorga al Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras potestades, la competencia de dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, entre quienes están incluidos los fiscales.

“Aunque la Constitución le reconoce a la FGE tres tipos de autonomía, la normativa la ha mermado de tal manera que este órgano requiere del CJ para aprobar su propuesta presupuestaria, y también para seleccionar, evaluar, ascender y sancionar a su personal interno. Esto ha afectado la autonomía y a la vez la independencia de la Función Judicial”, se explica en el documento entregado a la Corte Constitucional (CC) y en el que se justifica la necesidad de esta enmienda.

Para el proponente, las regulaciones actuales en la Fiscalía General han causado problemas como falta de autonomía, déficit y baja calidad de personal especializado de la Fiscalía, incremento de la delincuencia y la impunidad y desconfianza ciudadana en la FGE.

Ante esta realidad, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sostiene que lo que busca el Gobierno es trasladar potestades de evaluación, selección ascenso, capacitación y sanción a la Fiscalía, es decir, dotar de las herramientas necesarias para que alcance una mayor autonomía, independencia y fortalecimiento. Por ahora se considera que es el Consejo Fiscal el que mejor puede generar esas garantías de autonomía, eficiencia e independencia.

Desde el punto de vista del constitucionalista André Benavides, esta pregunta no tendría problemas en la calificación en la CC si se toma en cuenta que ya existen precedentes de que el traslado de competencias entre órganos constitucionales sería vía enmienda. Ahora respecto de la pregunta como tal, él piensa que es importante darle esa cierta autonomía a la FGE porque muchas veces lo que ha pasado es que el CJ actúa con ‘afectos y desafectos’.

En unos casos suspende a fiscales y ahí pone a fiscales flexibles, pero también han existido casos que suspende a fiscales y ponen a otros que, en cambio, van a perseguir. Vamos a ver que también hay otro escenario: ¿qué pasa si la sanción y el procedimiento disciplinario queda en la propia Fiscalía? Ahí vamos a usar un adagio popular: entre bomberos no se pisan la manguera”, señaló.

En un primer momento, la Fiscalía no está de acuerdo en la creación de “otro Consejo”, pues sería “innecesario” y “obstaculizaría” el trabajo. Así lo hizo saber la institución en un comunicado que fue hecho público el lunes último, tan solo horas después de que el presidente Lasso anunció al país cuáles eran las ocho preguntas de enmienda que enviaría a la CC para su análisis.

“La FGE necesita contar con una verdadera autonomía que le permita seleccionar, evaluar, capacitar y sancionar a sus fiscales y sus equipos a escala nacional. (…) Entender la autonomía de la Fiscalía General como un concepto global, que le permita brindar un acceso más ágil y eficiente, implica quitar las trabas que representa que otro cuerpo colegiado (cualquiera que sea) tome las decisiones, en lugar de que sea la institución que lo haga, debido a que conoce los requerimientos de primera mano”, apunta la Fiscalía en el comunicado, en el que además anunció el envío a la CC de un amicus curiae con observaciones al tema.

Aunque el ministro Jiménez ve que tanto ellos como la Fiscalía persiguen el mismo objetivo de independencia, fortalecimiento y eficiencia, no alcanza a entender cómo un Consejo Fiscal que estará bajo el control de la propia FGE le restaría autonomía o afectaría a la institución.

Insiste en que esta es la mejor herramienta que puede concebirse para fortalecer a la Fiscalía y así tenga en sus propias manos la regencia sobre el funcionamiento de su propia institución.

Quedan a la espera, dijo Jiménez, de que la Fiscalía presente su amicus curiae para saber cuál es la institución que ellos plantearían como reemplazo.

La enmienda propuesta buscaría que el proceso de selección, evaluación, ascensos y sanción de los servidores fiscales se realice de conformidad con los principios de mérito y oposición, y que sean dirigidos por el Consejo Fiscal, que se conformará por un órgano colegiado de siete personas designados por la o el fiscal general del Estado de fuera del seno de la Función Judicial y deberán cumplir al menos con los mismos requisitos exigidos para ingresar a la carrera fiscal, además de los que la ley determine.

Propuesta similar se negó en la Asamblea en el 2021

El 16 de marzo de 2021, el pleno de la Asamblea Nacional negó la iniciativa de reforma parcial a la Constitución planteada por el Comité por la Institucionalización Democrática que, entre otras cosas, buscaba la reubicación de la FGE fuera de la Función Judicial para darle más autonomía. La propuesta solo alcanzó 62 votos de los 91 que necesitaba para ser aprobada.

El informe para segundo debate presentado por la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea, sobre la propuesta de independencia de la FGE de la Función Judicial, concluía que es adecuado generar un mayor fortalecimiento de la autonomía de la institución.

No obstante, indicaba que para alcanzar tal efecto no era necesario que la FGE se separe de las funciones del Estado, dado que es perfectamente viable que la Fiscalía se mantenga dentro de la Función Judicial sin que se ponga en riesgo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias.

Desde ese momento, Salazar ya calificaba de necesario el que exista una real autonomía e independencia de la Fiscalía. Se recordaba que la Constitución habla de que la FGE es un ente autónomo, pero “sus facultades se ven limitadas” debido a que en la misma Constitución, como en el Código de la Función Judicial, se establece que la Judicatura tiene la facultad de gobierno, administración y vigilancia de la Función Judicial, de la que Fiscalía es parte.

Tales limitaciones han impedido que la FGE incorpore los fiscales que hacen falta para cumplir con estándares internacionales, pues debe esperar la anuencia del órgano administrativo para hacerlo”, indicaba en un comunicado para esas fechas de 2021 la Fiscalía. Agregó que no se han llevado a cabo concursos de fiscales y asistentes, lo que incrementaba la carga laboral e iba en detrimento de la calidad de las investigaciones.

En el informe de gestión del año 2021 dado por la fiscal Salazar, a inicios de 2022, la tasa actual de fiscales en Ecuador es de 4,83 fiscales por cada 100.000 habitantes. Esto significaría que se deberían incorporar al menos 577 agentes fiscales con sus respectivos secretarios y asistentes para cumplir con el estándar latinoamericano y atender las demandas ciudadanas de justicia penal, que en 2021 ascendieron a 295.682 causas ingresadas.

Si bien al momento el órgano disciplinario es el CJ, la Fiscalía sí tiene la posibilidad de recibir denuncias, solicita descargos y remite el informe técnico a la Judicatura para el inicio de los sumarios administrativos respectivos. En 2021 se habrían remitido al CJ 201 informes y 91 servidores fueron sancionados por esa instancia.

Urgencia

El exfiscal y catedrático Pablo Encalada explica que la Fiscalía debe ser absolutamente autónoma e independiente del Poder Judicial, así como lo era hasta el 2008, cuando entró en vigencia la nueva Constitución.

“No he visto que los problemas de la justicia estén dados por la falta de autonomía de la Fiscalía. La FGE es una entidad bastante fuerte. No creo que vaya a cambiar en nada la situación o la capacidad de la Fiscalía para enfrentar a la delincuencia. Que en el deber ser, que en la teoría la Fiscalía sea independiente, si esa es la propuesta yo estoy de acuerdo con ella. De ahí que eso vaya a ser un cambio sustancial en la persecución de los delitos, no, tampoco. (…) Esta es una reforma importante que hay que hacerla, pero eso no va a cambiar en nada la realidad de esa urgencia que tenemos de combatir a la delincuencia”, refirió.

Encalada recuerda que como país venimos de una situación económica grave los últimos cinco años y eso ha determinado que todo el sistema de justicia, así como los sistemas de salud, educación y otros tengan limitaciones de carácter económico. Entonces, aclara, pensar que por la sola independencia de la Fiscalía va a poder llenar las vacantes que necesita, eso no se daría así.

Por ejemplo, refiere que si se necesitaran 500 o 600 fiscales, una cosa es lo que se necesita y otra cosa es lo que el Estado puede solventar económicamente.

“En ese sentido, sin recursos económicos no hay forma. Yo estoy de acuerdo en que la Fiscalía debe ser autónoma, debe llevar su proceso de selección de personal, debe tener su régimen disciplinario. Estoy de acuerdo con eso, pero insisto, si el Estado no tiene recursos igual va a pasar, no los va a tener la Judicatura, la FGE, va a pasar exactamente lo mismo”, concluyó el exfiscal. (I)

Fuente: El Universo