• julio 31, 2021

El Ministerio de Cultura y Patrimonio exige transparencia en el proceso electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

 El Ministerio de Cultura y Patrimonio exige transparencia en el proceso electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Actores culturales de diferentes frentes durante una manifestación frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en mayo de 2021

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El Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió el 20 de julio del 2021 un comunicado para aclarar la responsabilidad del Ministerio en el proceso electoral de la Casa de la Cultura y exigir que se garanticen elecciones transparentes y legítimas, tras meses de irregularidades para elegir a las nuevas autoridades de la Sede Nacional y de los Directorios de los Núcleos Provinciales.

En días pasados, artistas y gestores culturales expresaron su malestar en redes sociales por una serie de acciones que ha tomado el Núcleo Provincial de Pichincha para dificultar la participación de los miembros del Registro Único de Actores Culturales (RUAC) en las elecciones de las nuevas autoridades.  

Todo empezó en febrero del 2021, cuando la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura aprobó un nuevo reglamento de elecciones en el que se planteó dos clases de votantes: la primera, los miembros de la Casa de la Cultura, a quienes no se les exige requisitos para votar, y la segunda, los miembros del RUAC, a quienes se les pidió presentar una carta de intención de voto.  

Si bien en marzo del 2021 se emitió una acción de protección con la que se suspendió el reglamento y las elecciones de la Casa de la Cultura, el proceso se reanudó. “Lamentablemente, el desconocimiento de los jueces sobre el sector cultural hizo que la sentencia sea ambigua. No se eliminó la carta, sino que se exigió que se socialice este requisito”, cuenta Gio Valdivieso, miembro del Frente por la Unidad Cultural de Pichincha

Cuando se reanudó el calendario electoral, solo en Pichincha, y no en las demás provincias, se exigía que la carta de intención de voto se presente de manera física. “Hemos hecho manifestaciones, reclamos, acciones virales para que abran un correo electrónico”, dice Valdivieso.  

Una semana antes del cierre del plazo para la presentación de la carta se habilitó un correo electrónico, pero el buzón se llenó y muchos correos rebotaron, de acuerdo con la artista. Los actores culturales hicieron una petición para que se permita el ingreso de las cartas que fueron enviadas dentro del plazo, pero no han tenido respuesta. Asimismo, Valdivieso asegura que votantes que hicieron la petición con éxito no aparecen en el padrón electoral.  

“La gota que derramó el vaso se dio el lunes, 19 de julio del 2021, cuando el Núcleo de Pichincha anunció los lugares de votación y los votantes encontraron que tenían que ir a sufragar a lugares totalmente distantes de su residencia”, expresa.  

La Casa de la Cultura responsabilizó al Ministerio de Cultura de este error. Sin embargo, el Ministerio se desmarcó de este problema en el comunicado emitido el 20 de julio del 2021.  

En ese documento, la cartera de Estado aclara que envió, el 18 y 23 de junio de 2021, a la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y a los núcleos provinciales la base de datos de RUAC, donde se señalan los cantones en los que están registrados los artistas y gestores culturales.  

“Rechazamos todo intento del Núcleo Provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura de responsabilizar a este Ministerio sobre el proceso de asignación de juntas receptoras del voto que ha generado malestar en los trabajadores de la cultura. Esta responsabilidad recae de manera directa en el Núcleo Provincial de Pichincha”, se lee en el comunicado.  

El Ministerio demandó la reorganización del padrón electoral y la publicación del mismo, de manera íntegra y accesible. “Solicitamos al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social intervenir, de acuerdo a sus competencias, en este proceso con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y legítimas”, finaliza el documento.  

Fuente: El Comercio