• septiembre 29, 2022

El Gobierno impulsa la autonomía de la Fiscalía y acusa a la Judicatura

 El Gobierno impulsa la autonomía de la Fiscalía y acusa a la Judicatura

La fiscal General del Estado, Diana Salazar, ante una comisión de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo / El Comercio

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Ecuador padece actualmente de un déficit de 602 fiscales. De hecho, 23 de las 24 provincias sufren de la falta de funcionarios para investigar delitos. Guayas y Manabí son las jurisdicciones más afectadas por esta problemática.  

Los datos oficiales señalan que en Guayas hay 172 agentes, pero necesitan al menos 190 más para llegar a los estándares internacionales. En Manabí sucede lo mismo. Allí trabajan 45 fiscales, pero requieren de 82 más. 

La situación es agravante, pues las dos provincias tienen los índices delictivos más altos. Además, la Policía ha confirmado que entre esas dos jurisdicciones Esmeraldas se mueven cerca de 25 organizaciones criminales.  

Por eso, el presidente Guillermo Lasso ha calificado de “precaria” la situación de la Fiscalía. De allí que busca que la pregunta tres de la Consulta Popular remedie estos inconvenientes.  

El Jefe de Estado plantea la autonomía de esta entidad respecto al Consejo de la Judicatura. Esta última institución ha sido una autoridad administrativa que estaba encargada de múltiples aspectos de la Fiscalía. En esa lista de competencias figura la elección y contratación de los fiscales.  

El presidente Lasso ha acusado a la Judicatura de “no haber realizado un proceso de selección de postulantes para la carrera fiscal en nueve años”. 

Según los documentos oficiales de la Presidencia, se observó que de cinco procesos que se ejecutaron entre el 2011 y el 2017, se crearon tres bancos de elegibles para agentes fiscales correspondientes. Esos datos se agotaron en el 2020. Además, se menciona que dos procesos fueron declarados nulos por irregularidades.  

Ahora, el Presidente plantea que la Fiscalía realice los procesos de selección de sus funcionarios y que maneje su propio presupuesto.  

Por este aspecto, defensores de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas están de acuerdo con la pregunta 3 de la consulta. Así lo señala Pamela Chiriboga, abogada especializada en DD.HH. Ella indica  que la falta de fiscales ha generado que las investigaciones se represen y no avancen, especialmente en temas como desapariciones y violencia doméstica y de género.  

Asfadec también confirma esta realidad. Esta asociación agrupa a las familias de personas desaparecidas de Ecuador. Ellos mencionan que el déficit permanente de funcionarios ha sido una excusa para que las indagaciones tengan retrasos de más de 10 años.  

El Gobierno ha señalado que el déficit también es parte del incremento de la delincuencia y la impunidad. Incluso, asevera que existe una “desconfianza ciudadana en la Fiscalía”. 

En eso coincide Marco Jurado, director de la Fundación Inccadi, especializada en los derechos de las personas detenidas. Él indica que la falta de fiscales ha generado, en parte, la crisis carcelaria, pues los delitos que se cometen en las prisiones no se investigan y no se sancionan. De allí que de los 500 asesinatos en los últimos años existen apenas tres procesados. Eso sin contar que el 40% de la población penitenciaria del país no cuenta con una sentencia.  

Por todo esto, el Gobierno plantea la conformación del Consejo Fiscal. Este ente sería el encargado, entre otras tareas, de sancionar a los fiscales que cometen irregularidades. Esta potestad actualmente está en manos de la Judicatura; la Presidencia afirma que también hay retrasos.

En efecto, entre 2017 y 2022 se abrieron 419 expedientes disciplinarios en contra de servidores de la Fiscalía. De estos, se han resuelto 214, de los cuales apenas 120 expedientes corresponden a servidores de la carrera fiscal. 

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Pero en este punto, la misma Fiscalía está en desacuerdo con el Ejecutivo. La entidad ha señalado que no requieren de la creación del Consejo para sancionar a los funcionarios que no cumplen con su trabajo. La institución afirma que en estos procesos se debe reducir la burocracia al máximo.  

Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo.

Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?

Propuesta

El Consejo Fiscal será un órgano administrativo, técnico y auxiliar de la Fiscalía para la selección, evaluación, ascenso y sanción de fiscales.

Fuente: El Comercio