• agosto 13, 2022

Ataque a instalaciones de la Contraloría deja 33 personas procesadas por el delito de terrorismo 

 Ataque a instalaciones de la Contraloría deja 33 personas procesadas por el delito de terrorismo 
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De los 27 mayores de edad procesados por el delito de terrorismo, debido a que fueron detenidos por irrumpir violentamente y destruir el edificio de matriz de la Contraloría, la tarde de este domingo la jueza de flagrancia Eliana Carvajal decidió ordenar para 14 de ellos prisión preventiva, mientras que para los restantes 13 definió las medidas cautelares de presentación periódica ante el fiscal del caso y prohibición de salida del país. 

La resolución oral fue adoptada luego de una audiencia de calificación de flagrancia de casi cinco horas en la Unidad Judicial de Tránsito, al norte de Quito, en donde funciona momentáneamente la Unidad de Flagrancia. Los hechos de violencia registrados desde hace once días en la capital ecuatoriana originaron el cambio momentáneo de esa sede.

Horas antes de esta decisión, la misma jueza Carvajal ordenó el internamiento preventivo en el Centro Virgilio Guerrero, en el norte de Quito, de los seis menores de edad también procesados en esta causa. Inmediatamente un juez competente en temas de menores ordenó contra ellos la apertura de una instrucción fiscal de 30 días.

El delito de terrorismo tipificado en el artículo 366 numerales 2 y 9 del Código Orgánico Integral Penal  (Coip) mantiene una pena de 10 años a 13 años de cárcel.  

Durante los actos violentos en la Contraloría General del Estado se registraron hechos vandálicos contra la edificación, su mobiliario y la documentación que reposa en esa institución que audita contratos y los comportamientos administrativos de los funcionarios públicos. Autos oficiales, buses y varios pisos quedaron completamente destruidos por los varios incendios que iniciaron los manifestantes.

En los exteriores de la Unidad Judicial se mantiene un número importante de policías en motocicletas y a pie. Al lugar también llegaron familiares de los detenidos, representantes de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos. 

La Contraloría realiza un levantamiento de información para determinar exactamente cuáles y a cuánto ascienden las pérdidas ocasionadas por los destrozos. (I)

Fuente: El Universo