Aunque inicialmente trascendió que la denuncia contra el estudiante de la Universidad Casa Grande que ha sido involucrado por mujeres tras acceder a sus fotos y videos sería por presunto acoso sexual, finalmente el caso se tramita en la Fiscalía como presunto delito de violación a la intimidad.
Varias figuras públicas lo señalaron en redes sociales de aprovecharse de su rol de fotógrafo para obtener imágenes y videos privados.
Ante este hecho, el centro de estudios superiores activó sus protocolos. “La Universidad Casa Grande informa que, en cumplimiento con nuestro protocolo institucional vigente, el día de hoy, 19 de noviembre, hemos acudido a la Fiscalía a poner la denuncia correspondiente, en relación con los antecedentes del caso reportado en redes sociales y puesto en conocimiento de la institución”, señaló en un comunicado.
Según los señalamientos expuestos en redes sociales, algunos de los métodos a los que habría recurrido el fotógrafo consistían en solicitar claves de iCloud bajo pretextos, como la necesidad de actualizar su computador, pedir fotos en posiciones sexuales y audios de contenido explícito e incluso imágenes en lencería alegando que eran para su “portafolio” de trabajo.
El caso incluso generó la reacción de la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, quien se solidarizó con las presuntas víctimas y les ofreció ayuda.
“Por favor, contáctenos para brindarles todo nuestro apoyo. Contamos con servicios gratuitos de asesoría legal, terapias psicológicas y trabajo social. No están solas”, expresó ella.
El artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla el delito de acoso sexual y señala en uno de sus párrafos la figura del ciberacoso sexual cuando se utiliza cualquier tecnología de comunicación e información, con una pena privativa de libertad de uno a cinco años.
En torno al acoso sexual se establece que incurre en este delito quien solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación.
Mientras, el delito de violación a la intimidad tiene una pena menor que va de uno a tres años. El artículo 178 del COIP establece la sanción a quien “sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio”.
“La Fiscalía de lo que se ve en los medios de comunicación va a iniciar la instrucción fiscal por el delito de violación a la intimidad que está en el 178, cuya pena es de uno a tres años. Ya sería de ver por qué la Fiscalía no acoge el delito, podríamos decir con una pena mayor, quizás no hay los elementos de que él (implicado) ha estado haciendo un acoso sexual sino simplemente una violación a la intimidad de estas personas divulgando”, refirió el exfiscal de Guayas Antonio Gagliardo.
El exfuncionario mencionó que la Fiscalía como titular de la acción penal decide el tipo de acción, pero más adelante, si es que en este caso se encuentran elementos de acoso sexual, se podría hacer una reformulación de cargos y cambiar el tipo penal.
La Fiscalía y la Unidad de Investigación contra la Integridad Sexual de la Policía trabajan en la investigación, que será reservada.
“Se dispuso la práctica de diligencias para preservar todos los datos vinculados al hecho. Entre las víctimas se incluirían personas menores de edad”, indicó la entidad la tarde de este miércoles 20 de noviembre.
El caso fue receptado en la Unidad de Soluciones Rápidas de la Fiscalía, en el centro de Guayaquil. Dentro de la denuncia consta el nombre de cuatro jóvenes que serían víctimas del universitario que funge como fotógrafo. (I)
Fuente: El Universo
