La Comisión de Garantías Constitucionales revisó el informe no vinculante sobre la situación de las personas adultas privadas de la libertad en Ecuador, enfocado en garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos mediante políticas públicas efectivas.
Este informe contiene recomendaciones, entre las cuales destaca exhortar al Presidente de la República, la formulación de políticas públicas urgentes para mejorar el sistema de rehabilitación social, asegurando la reinserción integral de las personas sentenciadas y protegiendo sus derechos.
Además, la creación del Ministerio de Justicia para sustituir al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), dado que este último ha demostrado dificultades en el control y gestión de los centros penitenciarios, atribuidas a la falta de un sistema articulado y coherente.
También planteó la remisión del informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando que recomiende al Estado ecuatoriano la implementación de políticas públicas integrales que garanticen los derechos humanos en los centros de rehabilitación.
Por último, el monitoreo y seguimiento a través de un informe trimestral solicitado al SNAI sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y su coordinación con el Ministerio de Salud, para asegurar el acceso a la salud mediante personal y equipamiento médico adecuados.
SH
