La industria petrolera ecuatoriana pasa por su peor crisis en 50 años

Hace 10 años, los ingresos petroleros que llegaban al Presupuesto General del Estado (PGE) sumaban más de $3.300 millones. Sin embargo, hasta finales de 2024 se proyecta que esos ingresos superen apenas los $1.300 millones.

En otras palabras, exceptuando periodos de altos precios del crudo (como en 2022), el aporte del petróleo a las cuentas públicas ha decrecido 2,5 veces desde 2014.

En ese mismo periodo, la producción diaria de crudo se ha desplomado de 556.000 barriles a alrededor de 470.000 barriles

El mayor problema es que cada barril que se deja de producir, cada dólar de petróleo que se deja de exportar, significa un dólar menos para inversión y obra pública; y un dólar más que se debe conseguir de deuda para cubrir los gastos del Estado.

Como ya ha analizado LA HORA, los impuestos cada vez son el ingreso más importante del fisco, pero no alcanzan para todas las necesidades de un país con carreteras en mal estado, infraestructura educativa precaria, entre otras falencias.

Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas y con años de experiencia en el sector petrolero, explicó que Ecuador está viviendo su mayor crisis petrolera de los últimos 50 años.

“La única forma de que el Ecuador salga de la crisis petrolera, la más profunda que hemos vivido en los últimos 50 años, es mediante una decisión y un liderazgo radical desde el Ejecutivo, para romper con el modelo estatal ineficiente comandado por Petroecuador”, puntualizó.

El manejo político de Petroecuador ha hecho que haya un nuevo gerente cada 4 o 5 meses en los últimos años. Esto impide generar políticas de largo plazo y ha llevado a profundizar la ineficiencia de la petrolera estatal.

“Hemos visto a muchísimos gerentes que llegan con una línea política y que son designados desde el Ejecutivo o por alguien más sin considerar el perfil técnico, sin considerar que esa persona entienda y conozca bien el sector y que lo haya vivido”, acotó Benalcázar.

Así, el estatismo y la politización han dado como resultado una producción petrolera en caída; además de un Ecuador que se endeuda para compensar los ingresos que no se generan desde la empresa estatal ineficiente.

Bloque 16: ejemplo del fracaso estatismo petrolero en Ecuador

“El Estado es el peor administrador. No tiene dinero ni capital de inversión. Los campos petroleros que han vuelto a manos de Petroecuador han sufrido un clarísimo retroceso”, acotó Benalcázar.

Un empleo de eso fue el retorno del bloque 16 a manos de Petroecuador, a inicios de 2023. Al principio se anunció que en pocos meses se lo licitaría para que lo maneje otra empresa privada, pero eso no pasó y en manos de la petrolera estatal la producción de ese bloque cayó de 10.000 a menos de 5.000 barriles al día

“La pregunta es quién es el responsable por haber perdido más de $100 millones de producción en estos años. Al ser una empresa del Estado realmente no hay nadie responsable ni nadie que tenga que rendir cuentas. A la semana de que salió la operadora privada del bloque 16, Petroecuador tuvo serios problemas con las comunidades (eso nunca pasó en 30 años de manejo privado) y eso provocó daños en las instalaciones y las válvulas de los equipos”, puntualizó Benalcázar.

Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, ha recalcado que el caso del bloque 16 es un error costoso que no se puede repetir.

Por eso, en el tema del OCP Ecuador, la peor opción es que sea operado por Petroecuador, luego de que se termine el contrato con el concesionario privado. Se debe negociar un nuevo contrato con un operador privado.

Esto porque Petroecuador no tiene el capital necesario para invertir al menos $250 millones en la variante definitiva que se necesita para la ruta del OCP, el SOTE y el poliducto.

“Es absolutamente claro que, si no hay inversión privada, el Estado no tiene ni la capacidad económica, tal vez la habilidad técnica de muchos profesionales, pero no tiene la capacidad de inversión para el desarrollo del sector petrolero”, apuntó Benalcázar.

¿Cómo romper el estatismo y conseguir más inversión privada en el sector petrolero?

El Gobierno de Daniel Noboa ha asegurado que tiene un plan que busca atraer $10.500 millones de inversiones privadas para impulsar el sector petrolero.

Entre las licitaciones que podrían concretarse (si se hacen las cosas bien) hasta finales de 2024 están los bloques 16 y 67. También se acaba de anunciar la licitación del campo Amistad.

Pero para que las cosas se concreten, no se debe hacer lo mismo que en anteriores Gobiernos como el de Guillermo Lasso.

“Está bien que lancemos las licitaciones, pero hagámoslo bien y cumpliendo los plazos establecidos. Solo así podremos convencer a empresas, tal vez no las más grandes del sector petrolero, pero que tengan capacidad para invertir en Ecuador. No lancemos shows mediáticos, con hermosas recepciones invitando a todo el mundo, como pasó en el Gobierno de Lasso, para luego finalmente declarar desiertos los procesos”, afirmó Benalcázar. (JS)

Los abusos del correísmo y el cierre del ITT golpearon a la industria petrolera

En 2010, Rafael Correa, según palabras de Fernando Benalcázar, exviceministro de minas, “maltrató a toda la industria petrolera y a todas las grandes petroleras que estaban en el país, y les obligó a cambiar el tipo de contrato.

“Pocos años después, la misma administración de Correa invitó a la licitación de ofertas en el bloque Sur oriente y fue un fracaso total porque desde esas épocas Ecuador se convirtió en un país triple I: Inestabilidad, inseguridad jurídica e incertidumbre”, acotó Benalcázar.

Esa condición de triple I se profundizó con la decisión de cerrar el ITT. Solo para cerrar los pozos se necesitan $246 millones y para todo el resto de las acciones de desmontaje la cifra sube a más de $1.300 millones. A esto se debe sumar la pérdida de $1.200 millones anuales de ingresos.

“Las restricciones que tienes de logística, de transporte y demás para poder hacer desmontaje del campo son de locos: 27.500 toneladas de material metálico que se asocia con tanques, tuberías, herramientas, bodegas, galpones”, explicó Benalcázar

Además, se tienen 582.000 metros cúbicos de áridos y pétreos al igual que residuos de hormigón. Se necesitarán hasta 8 años y medio para poder cumplir con la remoción y abandono y hasta 11 años para la revegetación y reforestación.

Fuente: La Hora.