El nuevo calendario propuesto por las instituciones europeas establece que los grandes operadores deberán cumplir con la ley de deforestación a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las pequeñas y medianas empresas pasarán a estar sujetas al reglamento desde el 30 de junio de 2027. Esta modificación responde a la preocupación expresada por diversos sectores respecto a la capacidad de las empresas para ajustarse a los estrictos requisitos establecidos por la legislación ambiental europea. Según informó el medio, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo alcanzaron un acuerdo este jueves para postergar durante un año la entrada en vigor de dicha normativa, una decisión pendiente aún del respaldo formal tanto del pleno de la Eurocámara como de los gobiernos de los 27 países miembros para su aplicación definitiva.
De acuerdo con lo publicado, el acuerdo contempla mecanismos y soluciones específicas que buscan facilitar la adaptación de las empresas, entidades interesadas a nivel global y Estados miembros al nuevo marco legal. Entre estas modificaciones figura la introducción de requisitos de trazabilidad simplificados con el objetivo de favorecer la implementación práctica de la ley. El medio detalló que la responsabilidad de presentar la declaración de diligencia debida recaerá en las empresas que introduzcan por primera vez productos incluidos en el ámbito de aplicación en el mercado común, y que se ha decidido exceptuar los productos impresos de los requerimientos de la nueva legislación.
Tal como consignó la fuente, la ponente del Parlamento Europeo, Christine Schneider, argumentó ante los negociadores que el acuerdo mantiene los principios fundamentales del reglamento sobre deforestación de la Unión Europea. Según señaló la eurodiputada, el texto final “protege los bosques que se enfrentan a un riesgo real de deforestación, al tiempo que evitamos obligaciones innecesarias en zonas donde no existe tal riesgo”. Schneider remarcó además que “este acuerdo toma en serio las preocupaciones de agricultores, silvicultores y empresas y garantiza que el reglamento pueda implementarse de forma práctica y viable”.
El calendario aprobado establece que los grandes operadores deberán ajustarse al nuevo sistema desde diciembre de 2026 y que las pymes y particulares dispondrán de un semestre adicional, hasta el 30 de junio de 2027. Según reportó el medio, este periodo extra pretende asegurar una transición gradual y disponer de plazo suficiente para corregir y perfeccionar los sistemas de control previstos en la normativa.
El procedimiento legislativo europeo requiere que este acuerdo provisional reciba el visto bueno tanto del pleno del Parlamento Europeo, que lo votará en la próxima sesión del 15 al 18 de diciembre, como el aval definitivo del Consejo. Tales trámites deben concluir antes de final de año, y la decisión de los colegisladores deberá publicarse en el diario oficial de la Unión Europea. Si los pasos formales no se completan a tiempo, se aplicarán los plazos originalmente fijados para la entrada en vigor de la ley.
Según informó el medio, la revisión del calendario y los ajustes en los requerimientos legales han estado motivados fundamentalmente por la complejidad de los procedimientos de adaptación que enfrentan los operadores afectados. Diversos sectores productivos y Estados miembros habían manifestado inquietudes ante las dificultades que supondría implementar con plazos más breves los mecanismos de diligencia debida y trazabilidad, claves para garantizar que los productos comercializados en la UE no procedan de áreas sometidas a deforestación.
La decisión de dejar fuera del reglamento a los productos impresos responde, de acuerdo con los colegisladores, a la intención de enfocar los controles en bienes que implican riesgos directos de deforestación. La normativa pone el acento en ámbitos donde los riesgos hayan sido identificados previamente, con el objetivo de optimizar recursos y evitar cargas administrativas innecesarias en sectores de escasa implicación medioambiental, según informó el medio.
La legislación europea sobre deforestación forma parte de las estrategias climáticas de la UE y tiene como finalidad asegurar que los productos importados y comercializados dentro del mercado único no provengan de cadenas de suministro asociadas a la destrucción de bosques. A través de esta iniciativa, las instituciones buscan reducir el impacto europeo sobre la desaparición de ecosistemas forestales a escala global y conciliar los compromisos medioambientales con las realidades productivas y comerciales de las empresas y países miembros.
El proceso de negociación ha destacado la necesidad de armonizar las metas medioambientales europeas con la viabilidad operativa de los sectores económicos afectados. Según publicó el medio, la inclusión de periodos adicionales, así como la simplificación de algunos requisitos, han surgido como resultado de las demandas de agricultores, silvicultores y representantes empresariales, quienes solicitaron plazos más amplios y procedimientos menos gravosos para asegurar el cumplimiento efectivo del reglamento.
La votación prevista en diciembre y el posterior refrendo por parte del Consejo y su publicación oficial marcarán el inicio de la aplicación diferida de la ley, que según el acuerdo final, busca equilibrar la ambición medioambiental de la Unión Europea con la capacidad de adaptación del tejido económico comunitario.
Fuente: Infobae