El pasado 17 de octubre de 2024, la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, hizo público que a partir de ese día el proyecto minero Mirador se desconectaba del Sistema Nacional Interconectado (SNI), es decir, dejaba de consumir la electricidad generada por el Estado ecuatoriano.
Ante este escenario, Xuesheng tomó la decisión de suspender por 45 días las actividades de molienda y producción de Mirador.
Esta decisión, y las acciones previas que llevaron a ella, son, a criterio de Fernando Benalcazar, exviceministro de Minas y técnico con dilatada experiencia en el sector minero y petrolero, evidencia de malas decisiones gerenciales y un afán de aprovechar, «con mala fe», del suministro de electricidad del Estado ecuatoriano para no cumplir con lo que la empresa china se comprometió en el contrato de explotación.
El contrato de explotación está vigente y no está modificado. El contrato solo se modifica el día en que ante notario público el ministro de Energía y Minas y el presidente ejecutivo de la empresa firmen los documentos de la Adenda número 2. Esto no va a ocurrir en este Gobierno ni en ningún otro con sentido común.
En el Anexo I del contrato de explotación, se incluye una carta firmada por el presidente de Ecuacorriente en ese momento, Dongqing Li, dirigida a Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables (Gobierno de Correa), donde en el numeral a de la sección ‘Suministro y tarifa de Energía Eléctrica’ se establece claramente lo siguiente:
De acuerdo con Benalcázar, la última parte de ese numeral a, es decir «; o, hasta que entre en completa operación el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz», le da un «giro terrible» al tema porque de eso se ha valido la concesionaria china para argumentar que «el Estado ecuatoriano debe darles energía» y les resulta más rentable no construir la hidroeléctrica Santa Cruz.
La concesionaria china de Mirador se comprometió a construir la hidroeléctrica Santa Cruz y autogenerar su propia electricidad
De acuerdo con Benalcázar, existe claramente una una pésima decisión de planificación gerencial a mediano y largo plazo de quienes han fungido como gerentes de Ecuacorriente S.A pues, suponiendo que solo sea una parada de 45 días, se van a perder $190 millones en exportaciones. Eso para el Estado tiene un impacto inmediato porque deja de percibir el 52% de los beneficios.
«Discrepo con las lectura de que, porque el Estado falló en la provisión de electricidad, el impacto económico de la paralización de Mirador es culpa del Estado. La verdad es que el Estado ecuatoriano tenía la obligación de proveer por cinco años la energía, de noviembre de 2019 a noviembre de 2024; pero la empresa tenía la obligación desde marzo del 2012 de construir la central hidroeléctrica y no dedicarse a arrastrar los pies como lo hizo en el 2017, como lo hizo en el 2020 y como lo quiso hacer en el 2023», aseveró Benalcázar.
En 2017, 2020 y 2023, la concesionaria china buscó una modificatoria formal al contrato para que se elimine la obligación de construir la hidroeléctrica Santa Cruz, pero no lo consiguió. Eso quiere decir que ese compromiso está vigente.
«Si llegase a extenderse los 45 días de para, jugando con temas de vacaciones de los trabajadores y mantenimientos, eso puede llevar a pérdidas de empleos directos. En el caso de empleos indirectos, el impacto ya debe estar ocurriendo porque los subcontratistas no tiene el músculo financiero de una mega empresa para parar», concluyó Benalcázar. (JS)
Diario La Hora
