La asambleísta Mónica Palacios Zambrano, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al expresidente de la Asamblea Henry Kronfle y a cuatro miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) por la presunta comisión de una infracción electoral muy grave de violencia política de género.
La acción fue presentada el 7 de octubre, y la sustanciación del caso correspondió al juez electoral Guillermo Ortega Caicedo, quien el pasado 17 de octubre dictó una providencia otorgando dos días término para que la accionante aclare y complete la denuncia.
El pasado 6 de mayo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió por 60 días y sin sueldo a la asambleísta Mónica Palacios Zambrano (RC) por presunto acoso laboral al funcionario legislativo Emilio Flor Zambrano, que prestaba sus servicios en el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN).
La resolución fue aprobada con cinco votos a favor y dos en contra. Precisamente, la denuncia fue planteada en contra de los cinco asambleístas que en mayo pasado votaron por la sanción a Palacios: Henry Kronfle (PSC), Ecknner Recalde (ADN), Diego Matovelle (ADN), Alexandra Castillo (ex-Construye, ahora PSC) y Jorge Acaiturri-Villa (PSC).
Alberto Montenegro, abogado de la asambleísta Mónica Palacios, señaló que la actuación de los cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) no solo fue inadecuada, sino que también refleja un enfoque discriminatorio. En lugar de proteger los derechos de Palacios como mujer y legisladora tras la agresión sufrida por un funcionario legislativo, el CAL optó por sancionarla.
Montenegro argumenta que la decisión del CAL carece de un fundamento fáctico y jurídico sólido, lo que infringe el derecho a una motivación adecuada en las decisiones que afectan a los legisladores. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor protección y respeto hacia las mujeres en el ámbito político.
La accionante pide que se proceda a sancionar al ahora exlegislador y a los cuatro integrantes del CAL, conforme lo determina el numeral 14 del artículo 279 y 280 del Código de la Democracia, por incurrir en actos de violencia política de género; y, por lo tanto, se aplique una multa de hasta 60 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de los derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Alberto Montenegro dijo que llama la atención que se haya mandado aclarar la denuncia cuando todo está claro y completo respecto a las personas accionadas. En todo caso, anotó que el próximo lunes contestará el requerimiento.
En la providencia dictada por el juez electoral Guillermo Ortega se pide que la denunciante especifique el acto, resolución o hecho respecto del cual se interpone el recurso, acción o denuncia, con señalamiento del órgano que emitió el acto o resolución y la identidad de a quienes se atribuye su responsabilidad.
Además, deberá determinar con claridad el acto, resolución o hecho materia de la denuncia interpuesta ante este Tribunal y señalará la identidad de a quién o quiénes atribuye su responsabilidad.
Fundamentos del recurso, acción o denuncia, con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados.
La denunciante deberá fundamentar con claridad los agravios que causa el acto, resolución o hechos denunciados, así como precisar los preceptos legales que con su emisión han sido vulnerados.
Fuente: El Universo
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