A primera vista parecería ser una buena noticia. Según un informe que acaba de publicar el Banco Mundial, en 2024 el crecimiento económico de América Latina y el Caribe llegará a 1,9 por ciento, ligeramente por encima de los cálculos que se hacían meses atrás.
Un calificativo tan ácido se basa en la evidencia. En comparación con las demás zonas geográficas del planeta, la latinoamericana es la de peor desempeño de todas, algo que ha sido más la norma que la excepción calendario tras calendario, desde mediados de la década pasada.
Diferentes indicadores señalan que esta parte del globo no levanta cabeza, a pesar de contar con recursos naturales únicos y una población relativamente joven y educada. Si bien la realidad es muy heterogénea cuando se examinan los países en forma individual, aquellos que avanzan de manera vigorosa se cuentan en los dedos de una mano.
Lo anterior no desconoce que hay cosas para destacar. Por ejemplo, la inflación que llegó a ser un dolor de cabeza se ubica en niveles manejables gracias a las políticas adoptadas por los respectivos bancos centrales. Igualmente, después de los esfuerzos de gasto que trajo la pandemia vino el intento de estabilizar las cuentas públicas. Tampoco existen crisis financieras, más allá de que la cartera vencida de los bancos haya subido.
Por otro lado, el contexto internacional parecería ser mejor, sin desconocer los peligros latentes en el terreno de la geopolítica. A raíz del comportamiento de los precios en Estados Unidos y Europa, las tasas de interés deberían disminuir, lo cual reduciría el costo del servicio de la deuda.
Pero una menor presión en ese frente no puede interpretarse como una invitación a bajar la guardia. Si América Latina y el Caribe no enmiendan la plana, los resultados tenderán a ser los mismos que la ubican en la retaguardia mundial desde hace una decena de años.
Y ello sin contar desafíos adicionales como los derivados del cambio climático. Se ha dicho hasta el cansancio, pero la región es particularmente vulnerable a los vaivenes extremos de los elementos, como lo prueban fenómenos que incluyen sequías, inundaciones o huracanes más intensos y frecuentes.
Como si esos retos no fueran suficientes, surge la sensación de que las oportunidades nos están pasando de largo. Un caso concreto es el de la ola de relocalización de plantas industriales en respuesta a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos que surgieron desde 2018, durante la presidencia de Donald Trump.
En su momento, la expectativa era que centenares de fábricas se ubicarían de este lado del océano Pacífico para acceder al mercado norteamericano en condiciones preferenciales, dentro de lo que en inglés se conoce como nearshoring. Aunque algo de eso ha sucedido, siendo México el mayor beneficiado, el balance es menos positivo de lo que se creía.
Para comenzar, los flujos de inversión extranjera directa son todavía inferiores en cerca de un 25 por ciento a los registrados en 2011. Además, la proporción del dinero que se va a proyectos totalmente nuevos (greenfield, en inglés) tampoco ha subido mucho. La única excepción es la de Costa Rica y la República Dominicana, por cuenta de áreas como semiconductores y dispositivos médicos.
Otra manera de mirar la situación es establecer qué parte de las exportaciones que China ha dejado de hacer a Estados Unidos salieron de aquí. Los números muestran que cerca de un tercio fue suplido por la región –lo cual es importante–, pero también señalan que el resto del mundo se quedó con la tajada más grande a pesar de consideraciones como la distancia.
¿Por qué nos puede estar dejando el tren? En un documento dado a conocer en abril, el Banco Mundial afirmó que “las ventajas salariales y geográficas de América Latina y el Caribe –en constante evolución– son contrarrestadas por los elevados costos de financiamiento doméstico, el bajo nivel de capacitación de la fuerza laboral y los altos niveles de violencia, todos ellos exacerbados por algunas de las tasas tributarias a las sociedades más altas del mundo”.
A lo anterior se le podría agregar la marcha de la política regional, caracterizada por bandazos ideológicos y la presencia del populismo. Las dudas sobre estabilidad en las reglas de juego llevan a que lugares como Vietnam acaben siendo más atractivos que los que se encuentran en el llamado patio trasero del Tío Sam.
Debido a circunstancias como la mencionada, América Latina y el Caribe permanecen en una especie de círculo vicioso que les dificulta crecer más rápido. Así, los resultados en la lucha contra la pobreza son modestos, situación que estimula la migración de cientos de miles que buscan un futuro mejor en otras latitudes.
Entre las herramientas que han adoptado algunos gobiernos para cerrar las brechas está la de subir los salarios mínimos en forma significativa. Pero esa salida tiende a agotarse cuando se usa en exceso. Para el Banco Mundial, “cualquier aumento subsiguiente representa una carga para empresas de todos los tamaños que puede desalentar la creación de empleo, provocar desempleo, elevar la informalidad e incluso la pobreza”.
Encontrar un camino que conduzca a un mejor futuro obliga a identificar qué posibilidades aparecen. Una de ellas es aprovechar lo que se conoce como la transición verde, consistente en esquemas de producción sostenibles a partir de la generación de energías limpias. Otro más es impulsar reformas que allanen el terreno para la inversión productiva.
A la lista anterior, la entidad multilateral le añade una estrategia distinta en lo que corresponde a la recaudación tributaria. Ello explica el título del documento que apareció la semana pasada: ‘Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento’.
No hay duda de que el planteamiento es polémico. De un lado está la necesidad de recaudar más recursos para que la inversión pública en áreas como infraestructura, educación o productividad sea mayor. Del otro está la discusión sobre si esta es la manera de conseguir más fondos, sin descontar opciones adicionales.
En concreto, el Banco Mundial dice que “diferentes cálculos indican que se podría ahorrar hasta el 12 por ciento del gasto público, equivalente a 4 por ciento del PIB, mejorando el proceso de adquisiciones y la gestión de recursos humanos” en la zona. Una mayor eficiencia en los giros estatales permitiría a los gobiernos hacer más, sin que necesariamente los ciudadanos estén obligados a pagar por ello.
Aceptando esas consideraciones, el organismo destaca algo incuestionable: las tasas impositivas que pagan las sociedades en Latinoamérica están entre las más elevadas del mundo. Tanto la tarifa que se le aplica a la renta es elevada como abundantes son las disposiciones que hacen más difícil la deducción de gastos en favor de la inversión productiva.
Cuando se hacen las comparaciones internacionales. América Latina se ubica por encima de Asia o de las naciones que componen la Ocde. Colombia es el país con mayores cargas, seguida de Brasil, pero los demás no están mucho más lejos. Tan solo Paraguay, Barbados, Belice o Bahamas se ubican por debajo del promedio de Asia.
Recomponer las cargas obliga a examinar fuentes distintas. A este respecto, una propuesta se concentra en los gravámenes a la riqueza, un tema que no es nuevo, pero que ha vuelto a tomar fuerza en épocas recientes, entre otras debido a los planteamientos del francés Thomas Piketty, quien argumenta que el capital paga menos contribuciones fiscales de las que debería.
Responder la pregunta de qué patrimonio gravar no es sencillo. Los expertos aceptan que este no es un asunto fácil, pues demanda una buena capacidad administrativa en las autoridades, aparte de disuadir la inversión o potencialmente conducir a la fuga de capitales.
Carlos Felipe Jaramillo, quien es el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, sostiene que “entre las opciones de reforma fiscal en la región, los impuestos a la riqueza sobre la propiedad pueden ser una por considerar”. El economista nacido en Colombia afirma que “el 80 por ciento de la riqueza en la región está en bienes raíces, incluso entre el 10 por ciento de los que más ganan”.
Sin embargo, agrega que “los países suelen recaudar solo el 2 por ciento de sus ingresos fiscales a partir de impuestos a la propiedad, mientras que en América del Norte, ese nivel es cercano al 12,8 por ciento de los ingresos fiscales”. Aclara que “es fundamental que cualquier reforma se diseñe cuidadosamente para garantizar la progresividad y evitar cargar a los propietarios de bajos ingresos”.
Frente a la observación de que en muchos lugares se trata de tributos municipales, el experto responde que mayores ingresos por este concepto ayudarían a reducir el monto de las transferencias del orden nacional. Hoy en día aparece lo que se conoce como un “desbalance vertical” que se corregiría en parte si lo que se obtiene por el predial sirve para financiar la atención de necesidades locales.
No hay duda de que la idea es audaz y será motivo de muchas polémicas. Pero muchos concuerdan en que al menos se requiere avanzar en sincerar el valor de las propiedades, que usualmente están registradas a una fracción de su valor comercial.
Experiencias como las de Bogotá y Barranquilla con sus procesos de formación y actualización catastral son consideradas por el Banco como un ejemplo que vale la pena observar. A ello se añade que existen herramientas tecnológicas que permiten avanzar en la identificación, delimitación y valoración de predios.
Aparte de la promesa que para la entidad representan los impuestos a la propiedad, esta también aboca otro punto polémico como definir si gravar a los superricos es la solución para los déficits fiscales que aquejan a los países latinoamericanos. La cuestión fue propuesta por el mandatario brasileño, Lula da Silva, cuyo país viene de ejercer la presidencia rotativa del Grupo de los Veinte.
De hecho, a finales de febrero pasado, el profesor de la Universidad de París Gabriel Zucman planteó en una reunión de ministros de Finanzas que tuvo lugar en São Paulo que una tasa del 2 por ciento aplicable a los cerca de 3.000 billonarios que existen en el planeta generaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales. A pesar de la insistencia de los anfitriones, la iniciativa no salió adelante.
Aún si llegara a prosperar, el Banco Mundial opina que la solución no es esa en el caso latinoamericano.
El motivo es que la región alberga menos billonarios que el estado de California en Estados Unidos, lo que equivale a 0,13 por millón de habitantes, en comparación con dos, que es el promedio de Norteamérica.
Aunque esa conclusión les caerá mal a quienes desean que la respuesta a los problemas de falta de recursos públicos sea asumida por un tercero, las matemáticas no mienten. “Más allá de su impopularidad, para poder alcanzar las metas de ingreso y equidad, los sistemas tributarios deberán ampliar la base de individuos gravados”, sostiene el organismo multilateral.
Ante semejante veredicto, el mensaje implícito es que para salir de la “robusta mediocridad”, América Latina y el Caribe necesitan una partitura distinta. El clima político no ayuda y la gente tampoco quiere sacrificios, pero si no hace las cosas de manera distinta, la región seguirá atrapada en sus frustraciones sin ver la luz al final del túnel.
RICARDO ÁVILA
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
