Nueve meses han pasado desde que el Gobierno del presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno en el país. Desde entonces, el Ejecutivo ha impulsado acciones para combatir la inseguridad y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
Una de las primeras medidas de Noboa fue enviar a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, con el carácter de urgente, para elevar el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 %; finalmente el texto se aprobó en enero con modificaciones: se subió el IVA al 13 % con la posibilidad de que se pueda subir hasta el 15 %, lo cual se hizo con la expedición del presidencial 198 en marzo pasado, y se crearon otras tasas.
El Gobierno sostuvo en ese momento que la decisión se tomó considerando que es importante “emprender acciones económicas responsables para enfrentar el conflicto armado interno y garantizar los ingresos que coadyuven a la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Esta medida se complementó con la Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. Esta normativa introdujo reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Específicamente se autorizó que los bienes y patrimonios de actividades ilícitas pasen a favor del Estado. De esta forma se evitaría el lavado de activos y el blanqueo de capitales. La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero pasado.
En abril, en cambio, el Gobierno convocó a una consulta popular y referéndum en la que nueve de once preguntas eran sobre temas de seguridad y justicia. El Gobierno obtuvo el apoyo en aquellas relacionadas con la complementariedad del trabajo de Fuerzas Armadas y Policía, aumento de penas para delito relacionados con la delincuencia organizada, la extradición de ecuatorianos, y otras.
Los resultados derivaron en una serie de reformas legales que se enviaron a la Asamblea Nacional en el proyecto de ley para la aplicación de la Consulta y Referéndum.
Todos estos cambios se generaron en medio de recurrentes estados de excepción focalizados en distintas provincias del país. Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos han sido identificadas como las zonas más conflictivas y en donde se ha hecho presente la militarización de sus calles.
La más reciente propuesta del Gobierno es realizar una reforma parcial a la Constitución para permitir la instalación de tener bases militares extranjeras en el país. Noboa envió a la Corte Constitucional el pedido para que analice la vía adecuada para hacerla.
Desde el régimen se dice que todas estas acciones han permitido una reducción de las muertes violentas en un 18 % y un incremento del 26 % en el decomiso de drogas.
Pero legisladores y activistas de Derechos Humanos tienen dudas sobre su eficacia.
El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Asamblea, Blasco Luna (RC), cuestiona las acciones. Desde esa mesa legislativa se tramitó el incremento del IVA del 12 % al 15 %, que está en vigencia desde abril pasado.
Sin embargo, seis meses después, la Asamblea no conoce cuánto se ha recaudado en este tiempo y cuánto se destinó para la lucha contra el crimen.
Según Luna, el Gobierno “nunca destinó el dinero recaudado a un fondo específico para seguridad y, por el contrario, lo recaudado se fue a las arcas del tesoro nacional. Eso significa que se pudo utilizar para la seguridad o para cualquier cosa”.
Por eso, el legislador ha pedido información al Estado para conocer los proyectos que el Gobierno ha impulsado con los fondos. “Hemos pedido informes sobre cuánto costarían las cárceles que anunciaron que iban a construir y nos han dicho que esa información es confidencial. No sabemos cuánto costarán las cárceles. Es por eso que nosotros nos preguntamos dónde se están haciendo las inversiones”.
Desde la sociedad civil también hay cuestionamientos. Renato Rivera es el director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y afirma que no existen proyectos de inversión para la seguridad, las Fuerzas Armadas o la Policía.
Recuerda que los chalecos y armas que fueron entregados a los agentes fueron una gestión del gobierno anterior. Asimismo, dice que los anuncios para construir dos megacárceles tampoco se han concretado del todo. Solo la de Santa Elena está ya en edificación.
Pero Rivera opina que no todo ha sido malo. La aprobación de la Ley de Extinción de dominio fue un paso importante. Con la normativa se buscaba que el Estado se apropie de los bienes y capitales de las bandas criminales, aunque en la práctica eso no está ocurriendo.
“No hay un solo caso que haya puesto en marcha la Fiscalía. La acción a veces va más allá del Ejecutivo. Les ha tomado mucho tiempo ejecutar las acciones y eso es un problema”, afirmó.
Algo similar piensa que sucedió con la consulta popular. Allí, el Ejecutivo planteó la extradición de ecuatorianos y el traspaso de armas de las bandas a la Policía y Fuerzas Armadas. Las dos acciones tampoco se han concretado hasta el momento.
La abogada constitucionalista Verónica Hernández coincide en que las medidas que el Gobierno ha impulsado no son integrales, sino que responden a hechos aislados.
Ella afirma que la política de seguridad no existe. De hecho, recuerda que según la Ley de Seguridad Interna, debe existir un Ministerio de Política Criminal.
“Eso no se ha hecho. Existe una ausencia de política pública en materia criminal. Y eso no es solo de este Gobierno, sino de hace tiempo atrás. Es un problema estructural”, señaló.
Según Hernández, durante la crisis carcelaria de 2021, la Comisión Interamericana puntualizó ocho razones que provocaron las matanzas. Entre las observaciones que se conocieron estaban la existencia de un déficit de guías penitenciarios; tampoco había un plan de carrera para los guías y no tenían armas de dotación.
“Hasta el momento, nada de eso ha cambiado. Se olvidaron de la crisis carcelaria. ¿Cómo quieren construir megacárceles si no tienen guías, no hay el plan de carrera, no hay armas y tampoco tienen dinero para mantener esas estructuras?”, dice Hernández.
Organizaciones de Derechos Humanos también tienen sus reparos sobre las acciones del Gobierno. Billy Navarrete, director del Comité Permanente por los Derechos Humanos de Guayaquil, conoce la situación del sistema penitenciario del país. Hace unas semanas ingresó al complejo carcelario de Guayaquil y dice que pudo constatar que “las bandas continúan teniendo el control de las cárceles. Aún no se ha ejecutado el plan de segmentación de presos. Continúan mezclados los de alta peligrosidad con los contraventores”, dice.
Para Navarrete, a peser de las acciones gubernamentales, la percepción ciudadana sobre la inseguridad no ha cambiado. “La gente tiene más miedo a las extorsiones y a los secuestros. Los asesinatos también generan un impacto social”. Uno de los últimos crímenes que generaron zozobra en la población fue el asesinato de la directora de la Penitenciaría, María Daniela Icaza. La funcionaria fue acribillada el pasado 12 de septiembre.
Otra organización civil que ha observado estas acciones es la Comisión Anticorrupción. Germán Rodas, su coordinador, indica que las medidas que ha tomado el Gobierno no han sido acompañadas con procesos de transparencia. Rodas también tiene la impresión de que los recursos del incremento del IVA han ido más para enfrentar la crisis económica que para proyectos de inversión en seguridad.
Asegura que le llama la atención que el presidente Daniel Noboa utilice todas estas acciones como estrategias políticas. Por ejemplo, Rodas dice que la consulta terminó siendo un referéndum político y que en la práctica aún no se ven los resultados.
Lo mismo opina de los anuncios de reforma para permitir las bases militares extranjeras en el país. “Hay temas que deben ser tratados con seriedad, pero cuando se los pone en el momento electoral no se dan debates, se pierden en medio de la farándula política electoral”, señala.
Fuente: El Universo
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